Miles de israelíes se tomaron las calles este domingo para protestar tras el cese del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien se convirtió en el primer miembro del gobierno en oponerse públicamente al avance de la polémica reforma judicial impulsada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Según medios locales, las manifestaciones concentraron a varias decenas de miles de personas y tuvieron lugar en diferentes puntos del país, siendo los principales focos Tel Aviv y Jerusalén. Paralelamente, manifestantes se concentraron en las ciudades de Haifa y Beer Sheva.
Las manifestaciones del domingo, a diferencia de las protestas contra la reforma judicial que tiene lugar hace dos semanas y que habitualmente son planificadas con antelación y en coordinación con las fuerzas de seguridad, fueron espontáneas.
La negativa al despido del ministro de defensa por parte de Netanyahu se expandió por múltiples esferas de la sociedad israelí, la cual incluyó los sindicatos, que según información de medios locales podrían anunciar hoy una importante huelga.
Por su parte, el cónsul israelí en Nueva York, Asaf Zamir, anunció su renuncia al cargo poco después del cese del ministro. “Tras los acontecimientos de hoy, ha llegado la hora de sumarme a la lucha por el futuro de Israel para asegurar que continúe siendo un faro de la democracia y la libertad en el mundo”, señaló mediante su cuenta de Twitter.
La decisión de Netanyahu de cesar a Gallant ocurrió menos de 24 horas después de que el ministro llamara públicamente a interrumpir la reforma. “Lo digo en voz alta y públicamente, por el bien del Estado de Israel y de nuestros hijos, debemos frenar este proceso legislativo”, señaló Gallant durante una intervención televisada.
“Necesitamos detener las manifestaciones y protestas, y buscar el diálogo. Cualquier cosa que dañe la fortaleza del Ejército y el sistema de seguridad debe detenerse de inmediato”, agregó en alusión al masivo movimiento popular en rechazo a la reforma.
El proceso legislativo impulsado por Netanyahu y sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos de coalición, busca entregar mayor poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería socavada.
