Por Alejandro Villegas…
El rescate de los mineros en Sabinas, Coahuila, al momento se aprecia más como un acto de histrionismo que como una acción con posibilidades amplias de rescatar con vida a los diez trabajadores.
Desafortunadamente, en contra de los mineros no sólo pesan los días transcurridos, ligados a la falta de alimentos y agua, así como el nulo establecimiento de comunicación con ellos.
Ciertamente, la esperanza de localizarlos y rescatarlos con vida se mantiene, pero sin duda familiares y amigos están, bajo las actuales circunstancias preparados para todos los escenarios.
Por desgracia, lo que queda en evidencia en este caso, al igual que hace muchos años en Pasta de Conchos, es la carencia de medidas efectivas de previsión por parte de las empresas, así como una supervisión laxa por parte de las autoridades tanto de la Secretaría del Trabajo como de las diversas instancias de protección civil.
La distancia de las autoridades con la operación de la mina, se palpa al constatar la tardanza en establecer con claridad quién es su propietario y que asuma su responsabilidad.
Al margen de la desgracia, de nueva cuenta, como en casos similares, lo grave es que deja al descubierto las condiciones precarias en las que laboran los mineros y el bajo salario que perciben por un trabajo que además de extenuante, como en este caso, pone en riesgo su vida.
Habrá que ver si la desgracia en esta mina de carbón, al menos sirve para que tanto las autoridades estatales como federales, regulen la actividad en las minas de carbón, sobre todo cuando se percibe que uno de los principales compradores de ese producto sería la Comisión Federal de Electricidad.
Hay mucha tela de donde cortar, detrás de una desgracia, cuyo desenlace se ha prolongado, en principio por definir quien otorgó los permisos para la explotación de esa y cada una de las minas de la región.
Violencia
Tocó el turno a Ciudad Juárez, los integrantes de los grupos criminales al parecer aún no comprenden que en lugar de disparar deben abrazar.
Será que no les ha llegado con claridad el mensaje emitido desde Palacio Nacional, que lejos de ser pacificador se aprecia como claudicador de un deber que en esencia debiera ser irrenunciable.
Velar por la integridad y seguridad patrimonial de las y los ciudadanos hasta donde percibe el grueso de la colectividad es un deber del gobierno en turno, a no ser que el pueblo bueno haya aprobado a mano alzada algo diferente, a petición del ciudadano presidente.
