El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a los partidos políticos del Trabajo, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular.
En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.
La sanción parte de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.
En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.
Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco, esto es, 2013-2015.
En el Sistema Integral de Fiscalización del INE, Morena reconoció, dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez, a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, toda vez que recibieron cheques emitidos por la principal retenedora de recursos, María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.
Por ello, se le sanciona con el 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos.
Además, se da vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.
Consejeros critican ilegales retenciones a los trabajadores
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, señaló que la queja contra Morena lleva varios años en el INE y desde 2017 se hicieron investigaciones exhaustivas. “Se estuvo analizando toda la información con mucho cuidado y, finalmente, traemos hoy el proyecto que se pone a su consideración”.
Destacó que todos los integrantes del Consejo General se pronunciaron por condenar el descuento de ciertas cantidades de dinero a los trabajadores por parte de los gobiernos, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, práctica que desafortunadamente no solamente es de un partido político específico, sino que existen otros que también han incurrido en esa práctica.
“El mensaje que está mandando el INE es que este tipo de prácticas no deben de realizarse, obviamente van en contra de la Constitución, de la ley y que si se denuncia y se demuestra esta situación, nosotros podemos investigar a dónde van esos recursos y si llegan a tener contacto con algún partido político, entonces, nosotros como INE tenemos competencia para poder investigar el tema y, en su caso, sancionarlo”, afirmó.
“Lejos estaremos de una vida pública y política a salvo de corrupción si permitimos que el uso patrimonial de cargos públicos quede impune. Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien lo haga, es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso puede quitarle parte de su salario”, estableció el Consejero Ciro Murayama.
Expuso que difiere del proyecto, porque no se sanciona la totalidad del dinero que fue sustraído ilegalmente de los trabajadores (13 millones 890 mil 047 pesos), pues buena parte del dinero no se rastreó porque lo convirtieron en efectivo, “pero la retención, la emisión de cheques y su cobro son parte de la misma operación”. Sin embargo, la propuesta no prosperó.
El Consejero Jaime Rivera Velázquez ponderó la extensa investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la que queda demostrado que el partido y su candidata a diputada federal en 2015 fueron beneficiados directamente con ingresos no reportados, provenientes de un mecanismo de retención indebida a empleados del Ayuntamiento de Texcoco, se trata de una conducta dolosa “para obtener recursos de manera ilegal”, aseveró.
La investigación “pone de manifiesto una falta que no puede limitarse a la imposición de una sanción, sino que debe conducir a una profunda reflexión en cuanto a las medidas idóneas, que esta autoridad deberá implementar en el futuro para evitar que conductas irregulares se hagan una práctica frecuente en detrimento de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas”, consideró la Consejera Carla Humphrey.
Pidió votar por separado lo referente al cheque emitido a favor de Marco Ramos Pineda, quien se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena por 20 mil pesos, así como otro emitido a la empresa Transporte Escolar y de Personal por 130 mil pesos e incorporar a la sanción por el 200% del monto involucrado, propuesta que fue respaldada por la mayoría.
Para el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona se trata de la sustracción de 13 millones de pesos de salarios que se quitaron ilegalmente a trabajadores al servicio del gobierno y las leyes mexicanas protegen el salario de manera especial, porque de eso depende la sobrevivencia de muchísimas familias.
Sin embargo, expresó que la falta en que incurrió Morena es culposa por faltas en su deber de vigilar y añadió que la sanción debe ser por el 150% de los recursos y no de 200%. Esta última propuesta no prosperó en el pleno.
“Las malas prácticas como las retenciones salariales realizadas por los gobiernos locales son actos que desde la materia electoral no pueden quedar impunes”, por lo que el Consejo General debe ser firme y sancionar conductas que menoscaban derechos de los trabajadores”, dijo la Consejera Norma De la Cruz.
Y anunció su voto en contra ya que, desde su perspectiva, no se cumplió el plazo para la sustanciación establecido en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para admitir la queja.
Para la Consejera Dania Ravel se trata de “la existencia de un hecho premeditado y no aislado”. No obstante, valoró que si bien las retenciones salariales ascendieron a más 13 millones, únicamente se cuenta con elementos para demostrar que el monto de dos millones 314 mil pesos, detecta un vínculo directo con Morena y, por lo tanto, “no podríamos sancionar por la totalidad del monto recaudado mediante el sistema de retenciones, en virtud de que las conclusiones sólo podrían sustentarse en una serie de conjeturas que no tienen un soporte probatorio sólido”.
“Hay indicios documentales que permiten reconstruir una trama de financiamiento ilícito a partir de retenciones de servidores públicos, a través del aparato del municipio para destinarlo a fines político-electorales”, estableció el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Pidió no obviar la integralidad del esquema de desvío de recursos con fines políticos, pues se trata de una trama que se prolongó a lo largo de tres años, aunque los recursos en efectivo impiden evidenciar en qué fueros utilizados.
Autoridad sanciona con imparcialidad
Córdova recordó que cuando la autoridad electoral tiene que sancionar suele ocurrir que el partido que es sancionado siempre apela “intencionalidades políticas” y siempre aplaude cuando se sanciona a quien ha denunciado.
“Malo sería que hubiera tenido solamente esos reclamos de un lado, porque eso hablaría de parcialidad, pero como los reclamos vienen de todos, eso habla de imparcialidad con la que esta autoridad aplica la ley, sin mirar a quien se trata y sin importar quién gobierna”, dijo el Consejero Presidente.
La Consejera Claudia Zavala Pérez coincidió con la forma de valorar como un todo el cúmulo de indicios generados y enlazados y corroborados con todas las pruebas que dan cuenta de una práctica del diezmo milenaria, de descuento de trabajadores, destinados a una asociación irregular, reconocido así, que es el Grupo de Acción Política.
Es inadmisible y altamente condenable hacer descuentos a trabajadores, refirió el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien valoró como un muy mal precedente “que el monto que está plenamente acreditado de alrededor de 13 millones, pero que se pretende sancionar con cuatro millones pues envía un mensaje “de bienvenida a ese tipo de prácticas y que sale muy barato vulnerar la norma”.
Al acompañar el proyecto en los términos presentados, el Consejero Martín Faz subrayó que “está claro que hay un esquema de retención salarial totalmente inadmisible y condenable”, por lo que estimó que la calificación de la falta, así como el monto de la sanción están en los términos correctos.
Esquema de financiamiento paralelo del PT a través de operaciones entre particulares
Posteriormente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo (PT) a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.
La queja presentada en 2017 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.
Entre 2015, 2016 y 2017, María Guadalupe Rodríguez recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.
El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.
Es así que el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos, es decir, 119 millones 870 mil 694.18 pesos.
Además, se da vista a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de su competencia, determinen lo conducente.
Indicios prueban una trama de financiamiento que beneficia al PT
En este punto, el Consejero Presidente destacó que durante tres años se hicieron transferencias a un dirigente de partido político.
“Hay una concatenación de indicios que evidencian un comportamiento sistemático y generan una convicción de que lo que hay detrás no son cuestiones asiladas, sino una trama de financiamiento que está encaminada a beneficiar a un partido político”.
En este sentido, la Consejera Favela precisó que se utilizó también la información que aportó el PT al INE a través de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde se comprobó que Héctor Quiroz García, quien recibió los recursos por parte de María Guadalupe Rodríguez Martínez, “ha ocupado cargos de dirección en el Partido del Trabajo a nivel estatal en Aguascalientes, pero también a nivel nacional, cuando se aperturó la cuenta y se realizaron los depósitos”.
En opinión de la Consejera Norma De la Cruz se debe contar con mayor tiempo para la valoración de los proyectos y anunció su separación ante diversas inconsistencias y falta de exhaustividad “ya que no se tiene acreditado que los recursos hayan llegado al partido denunciado”.
El Consejero Jaime Rivera precisó que el partido presentó sus informes de ingresos y egresos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 sin reflejar ese ingreso extraordinario. “Por qué fondos destinados para los CENDIS se entregan a un dirigente del partido que no tiene ninguna relación con éstos, eso es a lo que toda la investigación responde”, apuntó.
“Se trata de un mecanismo de captación de recursos a través de una estrategia maquinada de manera minuciosa, en la que se establece una red de múltiples sujetos que tienen una participación específica para la comisión de la falta”, enfatizó la Consejera Carla Humphrey, quien lamentó que pese a que el proyecto data de 2017, hay falta de disposición de diversas autoridades para proporcionar información y documentación a la autoridad electoral.
La Consejera Dania Ravel Cuevas dejó claro que no se advierte violencia política contra una mujer por razón de género en este caso, “únicamente por mencionar un vínculo matrimonial que resulta importante para demostrar la relación que tiene con el partido político que fue denunciado”.
No deja de ser llamativo que recursos públicos para educación se depositen en cuentas de personas físicas, no de personas morales como son las instituciones educativas, puntualizó el Consejero Ciro Murayama. Cuestionó igualmente que el dinero que está destinado al CENDI, casi 60 millones de pesos vayan a una persona ajena a los CENDI, “a un líder de un partido político nacional en una entidad federativa, sin haber rastros de un préstamo como se argumenta”.
“Hay un cúmulo de evidencias que apuntan a un proceso de sustracción de dinero público y su triangulación en beneficio de un partido político”, dijo el Consejero Uuc-kib Espadas, quien pidió un voto diferenciado para castigar sólo el monto de 30.2 millones de pesos que salieron de la cuenta de Quiroz a la cuenta de la militante del PT, Elsa Lilia Peinado Pérez, y no los 59.0 millones de pesos, lo que fue desechado por 8 votos en contra y 3 a favor.
A favor de la propuesta, la Consejera Claudia Zavala señaló que “no hay conclusiones falaces” y precisó que los hechos conducen a una investigación sólida por la relación que tienen las personas y por sus responsabilidades.
Para el Consejero José Roberto Ruiz el proyecto requiere mayor exhaustividad, o bien, más indicios como investigaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de los retiros en efectivo, en suma “agotar todas las líneas de investigación”.
El Consejero Martín Faz reconoció el detalle de la investigación que permite ver “cómo se utilizó el dinero, así como la pluralidad de elementos que permiten conocer la verdad sobre las conductas cometidas y su intencionalidad”, además de la vinculación de las personas involucradas en las operaciones, así como su modus operandi en la actuación, cobro del recurso y la certeza de que los más de 59 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León, fueron utilizados para beneficiar al PT.
