• El titular de la Auditoría Superior de la Federación indica que el propósito es revisar «todo y a todos» en los tres órdenes de gobierno
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30-06-2026.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, aseguró que el organismo inició una reingeniería de su modelo de fiscalización para realizar auditorías integrales, presentar denuncias penales desde que detecte posibles irregularidades y fortalecer el seguimiento de los casos de corrupción, con el propósito de revisar «todo y a todos» en los tres órdenes de gobierno.
En conferencia de prensa, al término de la primera entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, explicó que el nuevo esquema permitirá revisar de manera más amplia el ejercicio de los recursos públicos.
«Vamos a auditarle todo y a todos, y ese todo y a todos implica eso precisamente, vamos a hacer las revisiones de manera integral, vamos a revisar no nada más el destino de los recursos públicos, sino también que se estén cumpliendo los objetivos para los cuales fueron etiquetados cada uno de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación».
Respecto al combate a la corrupción, Palacios Cardel sostuvo que la ASF actuará sin distinción de niveles de gobierno o filiaciones políticas y que las nuevas facultades le permiten presentar denuncias penales en cuanto detecte posibles actos ilícitos.
«En el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos contra la entidad en la cual nos dimos cuenta que existe el posible ilícito y contra los servidores públicos posibles responsables».
Sobre la posibilidad de detectar vínculos entre recursos públicos y la delincuencia organizada, Palacios Cardel señaló que la ASF trabaja de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR y otras instituciones para identificar irregularidades.
«Sobre todo hacemos auditorías prácticamente con un carácter integral, donde revisamos todo el origen de los recursos y hacia dónde van los recursos públicos.
“Que no quede ni una parte del presupuesto que no tengamos identificado hasta el beneficiario final de ese recurso y si hay crimen organizado, si hay empresas coludidas o si regresa algún funcionario público, estamos listos para hacer las promociones, para sancionar el mal uso de los recursos».
Destacó que la ASF fortalecerá los mecanismos de denuncia ciudadana y de seguimiento para evitar decisiones discrecionales.
«Esto lo que produce es ponernos una camisa de fuerza para no poder tomar decisiones discrecionales, porque si el ciudadano nos va a estar exigiendo y le va a dar seguimiento a cada una de estas denuncias, lo que va a propiciar es que nosotros nos autovigilemos también mucho más», señaló.
El funcionario aseguró que la nueva etapa de la ASF estará basada en la transparencia y la rendición de cuentas.
Palacios Cardel explicó que las 100 nuevas auditorías de la Cuenta Pública 2025 tendrán un carácter integral, como parte de una nueva reingeniería del Programa Anual de Auditorías, mediante la cual se sustituirá el esquema de revisiones sectoriales por auditorías integrales que abarquen el cumplimiento legal, financiero, el desempeño y la gestión de los recursos públicos.
“Ahora se realizará una cobertura universal de manera integral y no proyecto por proyecto. Lo que dijimos es: ‘vamos a transformar el programa anual de auditorías, vamos a dar de baja prácticamente las auditorías sectoriales y lo que vamos a hacer ahora es abrir unas nuevas'».
Respecto a las 31 investigaciones y las 21 denuncias penales presentadas por un posible daño al erario, Palacios Cardel detalló que fueron posibles gracias a las recientes reformas legales, que permiten iniciar investigaciones sin esperar la conclusión de una auditoría formal.
«Lo que hicimos con esta modificación es empezar estas auditorías, pues son investigaciones directas, sin tener que pasar todo el proceso de auditoría, y esto lo que permite es que ante cualquier indicio que tengamos, no necesariamente quiere decir que se vaya a transformar en una sanción, podemos hacer una investigación directa».
Precisó que se trata de casos de los tres órdenes de gobierno, varios de ellos de alto impacto mediático, y subrayó que las indagatorias no implican automáticamente una sanción, sino que buscan esclarecer posibles irregularidades. Además, señaló que las denuncias penales responden a «un posible desvío de recursos de 600 millones de pesos».
Con relación a las denuncias penales presentadas durante administraciones anteriores, aseguró que todas continúan vigentes y bajo seguimiento permanente ante la FGR.
Explicó que la ASF acompaña los procedimientos cuando la autoridad ministerial lo requiere. «Sí efectivamente, todas las denuncias que han presentadas por parte de la ASF siempre les damos seguimiento, tenemos mesas de trabajo y todos los actos legales a los que somos convocados, donde seguimos atestiguando como autoridad garante».
Asimismo, enfatizó que «no están anuladas y siguen todas presentes», información que, dijo, también puede consultarse en el micrositio de la institución.
Añadió que la prioridad ha sido «optimizar todos los recursos para poder desempeñar nuestro trabajo de una mejor manera».
Agregó que las transformaciones obedecen a las nuevas atribuciones otorgadas por el Congreso y a la adopción de mejores prácticas internacionales.
El auditor explicó que la disminución en el número de auditorías presentadas en la primera entrega se debió al proceso de reorganización institucional y a la necesidad de contar con información clave para ampliar las revisiones en las siguientes etapas, y añadió que la segunda y tercera entregas incluirán un mayor número de auditorías.
Asimismo, aseveró que en los resultados obtenidos únicamente quedó un monto reducido por aclarar respecto de los recursos distribuidos a municipios.
Finalmente, detalló que el nuevo esquema contempla auditorías integrales para cada dependencia federal, los principales proyectos de infraestructura, los municipios y las entidades federativas.
Explicó que la revisión de los estados implicará analizar miles de entes públicos que ejercen recursos.
«Cuando llegamos a auditar una entidad federativa se desprende en 6 mil 400 entes que gastan los recursos públicos pueden ser poderes judiciales, congreso estatal, descentralizados como el DIF, bomberos», por lo que aseguró que el nuevo modelo permitirá una revisión mucho más amplia y detallada del uso del dinero público.
