Por Mauricio Farah…
Hace 11 años 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron asesinados en el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Cuatro años antes de aquel 23 de agosto de 2010 habíamos detectado desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la recurrencia del secuestro de migrantes y, un año antes, lo habíamos documentado en el Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México.
La noticia de la masacre no sólo fue brutal y dolorosa, sino también frustrante porque todas las alertas habían sido en vano y estábamos ya ante hechos que habrían podido evitarse.https://d-24316651174158544648.ampproject.net/2108052321001/frame.html
Unos meses después se localizaron en San Fernando 47 fosas clandestinas con restos de 193 personas. Era el absurdo e injusto resultado de la batalla entre criminales por controlar el corredor de tráfico de drogas y armas en que han convertido esa zona.
Por entonces era frecuente que pasajeros de autobuses en la carretera hacia San Fernando fueran bajados y llevados a la fuerza por hombres armados. Muchos eran migrantes mexicanos y centroamericanos. Se los llevaban por sospecha de ser integrantes del grupo rival, o bien porque pretendían reclutarlos como espías o pistoleros.
Ser o parecer sicario enemigo o no aceptar ser reclutado eran culpas que se pagaban con la muerte. Se encontraron en las fosas clandestinas cadáveres decapitados, evidencias de tortura y de asesinatos causados por golpes con objetos contundentes. Se trataba de violencia extrema, tal vez escarmiento, quizá diversión.
Cientos de personas de Centroamérica y de México comenzaron entonces a buscar a sus familiares desaparecidos en aquella carretera a la que bandas delincuenciales dieron cruenta fama y donde empezaron investigaciones que aún no terminan, largos peregrinajes, sobre todo de madres en busca de sus hijos, pues la mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 30 años.
La masacre de San Fernando no fue, a pesar de su enorme difusión y generalizada condena, un punto final. Frenar desde entonces la violencia en esa zona habría sido la forma más digna de honrar a las víctimas.
Pero la violencia no sólo no terminó, sino que pareció enraizarse: los cárteles en pugna, especialmente los Zetas, siguieron asesinando, aunque evitaron los reflectores que lanzaron sobre ellos los hechos de San Fernando.
Entonces crearon los que recientemente autoridades y colectivos de búsqueda han llamado campos de exterminio: amplias zonas donde criminales llevaban a víctimas, las asesinaban y luego las trituraban o deshacían con ácido.
De estos campos de exterminio, que se dice existen en al menos cuatro estados, entre ellos Tamaulipas, hay mucho por descubrir. Lo que sí sabemos ahora es que no hemos sido capaces de aprender de lo que sucede en el mundo del crimen para ponerle un alto enfático y definitivo.
MAURICIO FARAH
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO Y ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
@MFARAHG
