Por Victor Hugo Celaya Celaya..
A casi 12 años del derrame tóxico en el Río Sonora y el Río Bacanuchi, más de 22,000 personas en ocho municipios siguen sin una solución definitiva.
Se anuncia un plan de remediación de 2,222 millones de pesos derivado de un convenio con Grupo México. Los Comités de Cuenca del Río Sonora, que representan directamente a los afectados, denuncian que no conocen el contenido de ese convenio. Enviaron carta a Presidencia el 24 de abril solicitando reunión. No han recibido respuesta.
Sonora enfrenta una crisis hídrica que condiciona todo lo demás. De los 62 acuíferos del estado, 32 presentan déficit hídrico (CONAGUA, 2026). La CNDH documentó violaciones a derechos humanos por la atención inadecuada a los afectados. A más de una década, no existe un monitoreo independiente de la calidad del agua en la cuenca.
La SCJN anuló la disolución del Fideicomiso Río Sonora porque se hizo sin participación comunitaria. Ese precedente es directo.
Tres cosas que deben resolverse:
1. Transparencia total del convenio. Las comunidades tienen derecho a conocer alcance, compromisos, plazos y penalidades.
2. Atención médica inmediata. Las enfermedades renales y casos de cáncer documentados no pueden seguir siendo promesa a futuro.
3. Cronograma público con supervisión ciudadana, indicadores verificables y rendición de cuentas con consecuencias.
Defender nuestros recursos naturales y nuestras comunidades no admite simulación. Las familias del Río Sonora llevan casi 12 años esperando.
El agua es vida. En Sonora, el agua es dignidad.
