Por Jesús Ortega Martínez…
La educación suele presentarse como el elemento “igualador por excelencia” y ello es, contundentemente, cierto. El fundamento para sostener lo anterior es el siguiente: se puede nacer en la pobreza, pero la escuela puede darte condiciones y posibilidades para superarla y aunque tu familia tenga pocos recursos, el Estado puede aportar educación de calidad para superar esa situación. Ese es el propósito de una política educativa inscrita en un pacto social. El escándalo en México es que ese objetivo — el de una educación pública que aporte a la igualdad social— no se está cumpliendo, y cuando un gobierno presume bienestar sin resolver el rezago educativo, el bienestar se vuelve un engaño, una coartada. Hay que decir que los subsidios directos apenas ayudan a aumentar el ingreso de una parte de la población y ello solo en el corto plazo, mientras se mantiene —e incluso se profundiza— la desigualdad de origen. Los aprendizajes muestran el problema con cifras. En PISA 2018, México obtuvo 420 puntos en lectura, 419 en matemáticas y 409 en ciencias, es decir, un desempeño bajo frente al promedio de la OCDE. Y esto no es solo una medición puntual: la OCDE reporta para México una tendencia. En el periodo de 2012–2022 los cambios fueron negativos, incluyendo -16.9 en lectura y -8.5 en matemáticas. Cuando la educación pública no mejora, la superación de la pobreza y el bienestar son ilusiones. El crecimiento de la economía con permanencia, sustentabilidad y bienestar social requiere de una educación pública de calidad que aporte habilidades a las y los jóvenes; la movilidad social depende de ellas, y sin estas bases el país se limita a repartir dinero que no alcanza a transformarse en progreso económico y social. Sabemos que el rezago educativo tiende a concentrarse donde ya existe desventaja, es decir, en territorios con menos recursos, en estudiantes que enfrentan menos apoyo y en escuelas con condiciones más difíciles. Ahí la escuela deja de compensar y empieza a arrastrar. En vez de nivelar, filtra: quienes parten abajo se quedan más abajo porque el sistema no corrige estructuralmente y a tiempo. Esto sucede en todo el país, pero es particularmente notable en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos, Zacatecas, Michoacán y otros estados. Y cuando, además, se rompe la continuidad escolar, la igualdad se vuelve imposible. En educación media superior, cerca de 30% de los jóvenes de 15 a 17 años no están escolarizados, y ello opera como un “cuello de botella”. Esto no es un detalle técnico: es exclusión. Se pueden ampliar apoyos a jóvenes, pero si una parte enorme de la juventud sale del sistema educativo antes de completar su trayectoria, los subsidios no compensan lo que la educación dejó de garantizar. México necesita políticas de igualación social que se conecten con la evidencia. Presumir ayudas sin enfrentar el rezago educativo —en aprendizajes y en permanencia— es solo otra forma de administrar la desigualdad utilizando las mismas y anacrónicas herramientas. Si la educación es el igualador por excelencia, entonces el rezago educativo no puede tratarse como un tema secundario. Es la medida más precisa para saber si un gobierno está construyendo igualdad o solo administra la pobreza con propósitos electorales.
