Comienza hoy el periodo extraordinario en el Congreso para aprobar los parches a la reforma electoral.
Los remiendos, que tienen apariencia de ser instrumentos necesarios para evitar la infiltración de narcocandidatos y de agentes extranjeros, son en realidad reformas pensadas para garantizar la permanencia del partido del gobierno en el poder.
Bueno, cómo estará el asunto que hasta la propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei, salió ayer a deslindar al organismo de las intenciones gubernamentales de convertirlo en una especie de autoridad judicial meta constitucional.
Taddei dijo que el INE es un órgano administrativo, no ministerial ni judicial y por lo tanto no podría extender el certificado de buena conducta que propone la iniciativa presidencial, a partir de la creación de una Comisión de Verificación de los Candidatos a puestos de elección popular.
La funcionaria tiene razón, desde luego, sobre todo al argumentar que si la iniciativa se aprueba en sus términos el INE será juez y parte en los procesos electorales.
Si ya de por sí el INE carga con una imagen pro partidista, imagínese lo que sería que una reforma constitucional lo obligará a investigar si “existe riesgo razonable’’ para impedir una candidatura.
La otra parte es la iniciativa de Ricardo Monreal que pretende prevenir la injerencia extranjera en los procesos electorales.
Es tan ambigua la propuesta y tan riesgosa, porque deja al colonizado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la responsabilidad de anular las elecciones con solo “la presunción’’ de injerencia extranjera.
La iniciativa monrealista propone que si una votación se gana por menos de 5 puntos, el TEPJF deberá inferir que hubo injerencia extranjera e investigar.
¡Qué peligro para la vapuleada democracia a la mexicana!
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Sorpresiva fue la renuncia de Andy López Beltrán a la Comisión de Elecciones de Morena, sobre todo en la víspera de un proceso electoral del que él es el responsable.
Al orgullo del nepotismo de AMLO le fue encargada la elección del Congreso local en Coahuila, que se realizará el 7 de junio próximo.
Dos teorías hay sobre su renuncia: que no quiere quedarse a ver el fracaso de su “operación política’’ y la otra que lo hizo para ajustarse al tiempo de residencia exigido en la ley electoral para competir por una diputación federal.
La regla establece que el aspirante deberá haber tenido una residencia efectiva de 6 meses en la circunscripción por la que desea competir, antes de la elección.
Y aunque ya hasta Monreal y Adán Augusto López lo tratan de diputado, faltaría ver que se inscriba en la encuesta que dice Morena se aplicará a todos los procesos.
O qué, ¿solo porque es el nene consentido de ya saben quién pasará a la candidatura sin la prueba?
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La presidenta Claudia Sheinbaum cruzó una delgada línea que ni el propio López Obrador se atrevió a hacer: pedir públicamente que la gente no vea TV Azteca.
La mandataria puede estar o no de acuerdo con lo que se informa en la televisora, es su prerrogativa, pero no puede, desde el espacio de comunicación más importante del Poder Ejecutivo, llamar a un boicot a un medio de comunicación.
El que sea.
La Presidenta tiene un equipo dedicado a desmentir lo que ella considera infodemia.
¿Por qué entonces no recurrir a ese departamento para refutar la información de la televisora del Ajusco?
Desde el lado que lo quiera ver, es un intento de censura de un gobierno que se precia de ser defensor de la libertad de expresión y de la transparencia.
¡Vaya contradicción!
