• Dice el refrán popular que mucho ruido y pocas nueces, eso es lo que está ocurriendo con la iniciativa de Reforma Político Electoral, cada día que pasa se va extendiendo el tiempo de envío al Congreso de la Unión.
• Los amarres con sus supuestos aliados de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo para concretar la mayoría en el Poder Legislativo aún no se concretan, toda vez que afectarían sus intereses que les representa recortes en las asignaciones presupuestales cercanos a los mil millones de pesos, independientemente de los canalizados a los Cendis, controlados por el PT de Alberto Anaya Gutiérrez, y su esposa María Guadalupe Rodríguez Martínez.
• Hay que recordar que Rodríguez Martínez fue acusada de desviar 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y se giró en su momento una orden de captura por parte de la entonces Procuraduría General de la República.
• Esta misma fuerza política cuenta al menos con 24 inmuebles en todo el país, solo en la Ciudad de México tiene cinco, además, que de acuerdo con su inventario, posee, por lo menos, 128 vehículos.
• Todos estos bienes inmuebles los ha obtenido en poco más de 30 años de existencia como fuerza política, los cuales han sido adquiridos con recursos públicos.
• Las compras de esas propiedades se realizaron con el dinero del financiamiento público, situación que se busca controlar mediante la reforma electoral propuesta desde el Ejecutivo.
• Sin embargo, tanto los petistas, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ambos aliados de Morena para conformar la Transformación de cuarta, de momento se resisten a que se concrete la iniciativa, sabiendo que se verían afectados por la disminución de recursos y de plurinominales en el Congreso de la Unión.
• Los bienes como automóviles, entre camionetas, compactos y motocicletas se compraron a lo largo de estas tres décadas de su fundación, el 8 de diciembre de 1990, en la Ciudad de México y fueron asignados a sus dirigentes, dichas unidades, detallan los mismos petistas, se encuentran fuera de circulación.
• Hay que destacar que para el proceso electoral del 2024 el PT recibió un financiamiento público federal para gastos de campaña de 225 millones 814 mil 634 pesos, según datos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
• Y volviendo a la relación de Morena y su coalición con el PT y el Partido Verde se mantiene como la fuerza electoral predominante, aunque podrían sufrir varias derrotas en algunas de las 17 entidades del país ante la oposición.
• La clave no reside en la unión tradicional del PRI y el PAN, sino en una posible coalición entre el PAN y MC, la cual en algunas encuestas se perfila como puntera en al menos cuatro estados, uno de ellos gobernado por Morena.
• Esta alianza, de acuerdo con encuestas, permitiría superar al oficialismo en territorios clave, sin embargo, sus dirigencias buscan caminos separados. ¿Podrían cambiar de opinión ante las preferencias de parte de la ciudadanía?
• Mientras, la represión vive en su máximo esplendor en el estado de Campeche con su mandataria Layda Sansores, una ex priista y defensora del ideario revolucionario, hoy convertida en una recalcitrante autoritaria y represora de izquierda.
• Su formación política se la debe a su progenitor Carlos Sansores Pérez, quien fuera acusado de traicionar a Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo Pintado, quien es considerado el archienemigo de AMLO.
• A su imagen y semejanza, Layda Sansores, acosa a periodistas, rectores, policías y hasta ciudadanos que han usado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval al denunciarlos por la vía legal pues no permite ninguna clase de crítica o cuestionamiento a su administración.
• Bajo su gestión han desaparecido los únicos cinco medios impresos que existían: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades, a los que atacó hasta lograr su extinción. ¡Viva la democracia! Signo de la T4a.
• Hugo Aguilar, ministro de la Corte, explicó en rueda de prensa que se mantendrán los principios de austeridad tras la compra de camionetas de lujo blindadas.
• Los ministros de la Suprema Corte “se echaron para atrás”. En días pasados se dio a conocer que adquirieron camionetas blindadas que se acercarían a un costo de 3 millones de pesos, lo que causó indignación debido a la adopción del discurso de austeridad. Por ello, anunciaron que no las usarán.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se comprometió a no usar e incluso a devolver las camionetas de lujo que fueron adquiridas para ministras y ministros.
• El 22 de enero, el máximo tribunal del país confirmó la compra de una nueva flotilla de nueve camionetas para cada ministro, a unos cinco meses de que entrara en funciones la nueva Corte.
• La compra de estos vehículos de lujo, cada uno valuado en unos 1.7 millones de pesos, estuvo relacionada con motivos de seguridad y protección, según dijo en su momento la SCJN.
• En Presidencia están analizando cómo echar para atrás la reforma constitucional con la que se nacionalizó el litio, impulsada fervientemente por la administración anterior. Y es que los técnicos en Palacio ya se dieron cuenta que extraer y procesar el mineral es mucho más caro de lo que esperaban, por lo que buscarían renegociar la entrada de capital asiático, particularmente chino, en la explotación del recurso estratégico.
