Todos los años cada tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre en México, a pesar de ser una fecha especial en la que se festeja a los padres responsables, amorosos y que cumplen con todo lo que una figura paterna debe brindarle a sus hijos, existe una gran parte de la población también utiliza la fecha para recordar aquellos padres que son todo lo contrario.
A pesar de que no existe un registro oficial de la personas que se encuentran en esa situación en el país, se estima que hay un total de 35 millones de deudores alimentarios morosos, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones civiles como la Red Nacional de Deudores Alimentarios.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 13.4 millones de mujeres mexicanas, es decir casi el 35% de este sector, sufre violencia económica. De acuerdo con la institución, al menos 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión, lo que se traduce al 75% de los casos que se encuentran en el territorio mexicano.
Asimismo, más del 67% de las más de 4 millones de madres solteras se enfrentan a la evasión de sus exparejas respecto a las obligaciones alimentarias. Por tal motivo, mujeres integrantes del Frente Nacional contra Deudores Alimentarios emprendieron acciones con el fin de exhibir a padres de familia que no pagan la pensión de sus hijos o que no los reconocen.
Actualmente son tan reconocidos dichos casos que durante los últimos días de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la llamada Ley 3 de 3 contra agresores de mujeres y deudores del pago de pensiones alimentarias, la cual impide a personas que se encuentren en dicha situación ocupar cargos públicos y de elección popular.
Es decir, que en esos casos la persona interesada no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, no podrá ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, de acuerdo con la información compartida por la Cámara de Diputados.
Dicha ley entró en vigor desde los primeros días de junio del presente año y estableció la suspensión de derechos a los violentadores de mujeres y deudores alimentarios. La legislación aplicará a cualquier persona que cuente con una sentencia firme por la comisión intencional de “delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, la violencia familiar, la violencia familiar equiparada o doméstica, la violación a la intimidad sexual, o la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades”.
Ante ello, en el Senado de la República a finales de marzo de 2023 se aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, mismo que será de carácter público y que abarcará múltiples limitantes para las personas que sean registradas.
