Mientras los reflectores del debate legislativo se distraen en los intentos de Morena por cumplir con el propósito presidencial de terminar con la autonomía del INE, avanza sigilosamente otra iniciativa del Ejecutivo: apropiarse del árbitro que resuelve los litigios entre los ciudadanos y la administración pública.
Se trata de una reforma secundaria, viable con los votos de la mayoría simple de las bancadas 4T y diseñada para cambiar las reglas del juego en la definición de la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Enviada a finales de octubre a la Cámara de Diputados, la iniciativa que confeccionó la Consejería Jurídica de la Presidencia es una más en la lista de los esfuerzos del actual gobierno por acotar, cooptar o aplastar los organismos autónomos, independientes a la agenda del Ejecutivo y que representan un contrapeso para éste, como se requiere en un Estado democrático donde la justicia se imparte al margen de los intereses del poder en turno.
Lo relevante de la reforma es que permite que los magistrados de la Tercera Sección del Tribunal puedan postularse como candidatos a presidir este órgano de justicia frente a los excesos del gobierno.
Es una propuesta que, además, suaviza los requisitos de elegibilidad, con el deliberado propósito de que cualquier magistrado pueda ocupar la titularidad del TFJA.
Es una modificación que abiertamente levanta los candados por la falta de experiencia en las materias fiscal o de responsabilidades administrativas y que resulta consistente con el ya clásico 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de conocimiento.
Y es que, como sucedió con aquella bola rápida que, en 2021, desde el Senado buscó ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más, a fin de que Arturo Zaldívar concluyera su gestión junto con el sexenio de López Obrador, esta vez entre las modificaciones para el TFJA también se coló un artículo transitorio con dedicatoria.
Entonces, en el fracasado décimo tercero transitorio de la reforma al Poder Judicial, se buscaba un traje a la medida para evitar que el presidente López Obrador tuviera que tratar con un ministro diferente, como le terminará sucediendo a partir de 2023, cuando el pleno de la SCJN elija al sucesor del ministro Zaldívar, el único en el que confían en Palacio.
Y ahora, la perla contra la autonomía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se halla en el sexto transitorio, otro traje a la medida, susurran en los pasillos de esa institución, para abrirle el camino a la magistrada Natalia Téllez hacia la presidencia, que deberá renovarse el primero de enero próximo, a quien se le identifica con la autoproclamada Cuarta Transformación y cercana a la experta en ampliar las arcas tributarias, Raquel Buenrostro, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y actual secretaria de Economía.
Dicho transitorio es como un retrato hablado al señalar que, si un integrante de la Tercera Sección del Tribunal se postula para presidente o presidenta, se le dará preferencia al de mayor antigüedad y se privilegiará la equidad de género.
La reforma pretende modificar la Ley Orgánica del TFJA sin una consulta formal y previa a éste y, de acuerdo con los especialistas en el tema, sin incluir cambios de fondo que respondan a los problemas de una institución que opera en 27 estados de la República con una Sala Superior, 51 Salas Regionales y 12 Salas Especializadas.
Este año un sólo caso representó 7 mil millones de pesos para el fisco.
Heredero del Tribunal Fiscal de la Federación que se fundó hace 86 años, el TFJA ahora en la mira protege a los ciudadanos de los excesos del gobierno y es parte del diluido y desdeñado sistema nacional anticorrupción, porque sus litigios involucran recursos millonarios por embargos fiscales, disputas patrimoniales entre instancias de gobierno y particulares.
Varios puntos del Producto Interno Bruto se encuentran en pugna entre los expedientes de un Tribunal que, como lo reclaman los Estados modernos, democráticos, que aspiran a la transparencia y a impartir justicia en apego al derecho, necesita y debe ser autónomo.
Porque de la autonomía del TFJS depende la defensa de los derechos administrativos frente al poder.
Denuncias de corrupción contra servidores públicos van a parar a las salas del Tribunal, cuyos integrantes están obligados a atajar aquellas acusaciones azuzadas por intereses políticos y vendettas desde el poder, pero también el agandalle de éste contra las empresas.
Tocará a los diputados de las comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción deliberar la pertinencia de una reforma que levanta sospechas sobre la colusión que un futuro control gubernamental podría tener con despachos de abogados afines a cobrar jugosas comisiones.
Perder la autonomía de un Tribunal sería dejar en la indefensión a quienes afrontan los excesos del SAT y ampliar las mangas, de suyo anchas, en favor de grupos empresariales consentidos de los gobiernos en turno.
Por supuesto que importa y es deseable que el Tribunal sea presidido por una mujer. Y aunque ahí es una candidata natural a la presidencia es la magistrada Zulema Mosri, al frente de la Segunda Sección del Tribunal, tiene el enorme “pero” de ser esposa del general Rafael Macedo de la Concha, procurador de Vicente Fox en tiempos del desafuero, que el presidente López Obrador nunca olvida.
