Por Alejandro Villegas…
La determinación del máximo tribunal de admitir la controversia relativa a la consulta de revocación de mandato y establecer que el INE debe dar continuidad a los trabajos de organización, no puede darse como un cierre al tema, por más que el ciudadano presidente y su séquito se apresten a celebrar con bombo y platillo.
La resolución inicial adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia, apenas representa el inicio de un proceso que debe concluir ante el pleno, y así debe interpretarse. No se trata de un caso juzgado y por tanto invariable, pero si implica que los consejeros electorales deben atenerse a lo establecido.
Por otro lado, hay que considerar que los trabajos de organización de la Consulta de Revocación de Mandato por parte del INE, avanzan conforme al calendario establecido y en este momento aún no se puede establecer si se realizará o no la consulta porque ello, en estricto sentido, depende de la validación de las firmas de apoyo.
Pueden haberse entregado más de seis millones de papeletas, pero muchas de ellas pueden ser desechadas por la autoridad electoral, lo que aún deja en indefinición el tema, al menos durante enero de 2022.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la determinación de la Comisión de Receso en el sentido de que el INE debe ajustar la realización de la Consulta al Presupuesto asignado, puede parecer sensata, pero está alejada del parámetro que establecía que ese ejercicio de participación ciudadana debe ser igual al de una elección federal, lo que implicaría el establecimiento de un número igual de casillas al que operó en la elección presidencial.
Por donde se vea el tema aún da para más.
Información
La determinación del TEPJF de ordenar a la Fiscalía General de la República la entrega de información al INE, relacionada con casos que involucran a personajes políticos ligados a Morena y al ciudadano presidente, sin duda debe tener irritado al inquilino de Palacio Nacional, o al menos inquieto.
Ahora falta ver la forma en la que la Fiscalía le saca la vuelta a la determinación del máximo tribunal electoral.
