Por Alejandro Villegas…
Ante el panorama adverso, el ciudadano presidente recurre a todas las instancias a su alcance para tratar de evidenciar la necesidad y beneficios del retorno a las clases presenciales.
Trata de justificar una acción que a todas luces se aprecia arriesgada, al colocar en riesgo a alumnas y alumnos de preescolar, primaria, secundaria y parte de educación media superior que, al ser menores de 18 años, aún no están vacunados contra COVID-19.
Colocar sobre la mesa las afectaciones al estado de ánimo, la socialización y la violencia familiar, así como los beneficios de la convivencia social y la educación presencial, parece algo lógico.
Sin embargo, frente al enorme riesgo que representa el retorno de un amplísimo sector social que aún no cuenta con vacunación, los argumentos palidecen, sobretodo si se considera el alto grado de contagio que caracteriza a la tercera ola de COVID-19.
A fin de cuentas, el diferendo terminará por superarse en el seno de cada familia, con el concurso de sus integrantes, pero hasta donde se aprecia, serán pocos los educandos que retornen a las aulas.
El ciudadano presidente puede tratar de echar toda la carne al asador, pero el retorno a las aulas de manera presencial, no lo puede establecer por decreto.
Extraordinario
La aprobación de un periodo extraordinario para sacar adelante la Ley de Revocación de Mandato proyecta de manera clara el escenario que prevalecerá en el Legislativo, en los próximos tres años.
La capacidad de maniobra y cabildeo de Ricardo Monreal están a prueba.
Un fracaso en este momento, sin duda enviará el tema hasta el 1 de septiembre, pero a fin de cuentas en algún momento el Legislativo, por mandato legal, tendrá que sacar adelante la Ley que norme la revocación de mandato, primordialmente para no caer en desacato y cumplir con sus obligaciones.
Tenían plazo para la emisión de esa Ley y deberán cumplirlo, y de nueva cuenta tendrán que hacer uso del afamado reloj legislativo.
