Por Luis Muñoz…
Ningún esfuerzo parece ser suficiente, al menos no en la medida de la urgencia, para evitar que los pueblos indígenas de todo el mundo sigan sufriendo, como resultado de las altas tasas de pobreza, problemas de salud, delincuencia y violaciones de los derechos humanos.
Una de las amenazas más graves que encaran los pueblos indígenas es el desplazamiento de sus tierras, territorios y recursos.
Peor aún. Dice la ONU que los integrantes de estos pueblos tienen 62% más de probabilidades de cometer suicidio que la población en general.
Dramática situación que no es nueva ni desconocida.
Lo saben los gobiernos, lo saben los organismos mundiales; se emprenden acciones, se destinan recursos, pero el presente es igual al pasado o peor.
En Malasia, Indonesia, Tailandia, Hawai, Rwanda, Burundi, Uganda, la República Democrática del Congo y Colombia, por ejemplo, “cuando los pueblos indígenas han reaccionado e intentado afirmar sus derechos, han sufrido maltratos, encarcelamiento, tortura e incluso la muerte”.
De acuerdo con un documento de las Naciones Unidas, los integrantes de los pueblos indígenas, cuya población asciende a unos 370 millones (aproximadamente el 5% de la población mundial), constituyen, sin embargo, una tercera parte de los 900 millones de personas extremadamente pobres de las zonas rurales.
Cada día, las comunidades indígenas de todo el mundo deben hacer frente a los problemas de violencia y brutalidad, las políticas de asimilación continua, la expropiación de tierras, la marginación, el traslado o el desplazamiento forzoso, la denegación de derechos a la tierra, los efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares y muchos otros abusos.
Tanto en Latinoamérica como en el Caribe los pueblos originarios constituyen más del 8.5% de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen a la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema, revela un informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
FUTURO INCIERTO DE PUEBLOS INDÍGENAS
En este contexto, a México le urge trabajar a favor de los derechos de pueblos originarios.
El abogado José Antonio Lara Duque, aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), destaca tres aspectos:
Consolidar los derechos de los pueblos indígenas del país, diseñar un mecanismo preventivo para evitar conflictos sociales y una visión multicultural e intercultural en el ejercicio público.
Desde luego, apunta, es necesario impulsar y fortalecer el ejercicio al derecho de los pueblos originarios, grupos históricamente vulnerados que no tienen acceso suficiente a servicios de salud básica y padecen altos índices de marginación socioeconómica y discriminación.
Para ser claros: Se encuentran en el umbral más amplio de vulnerabilidad.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Lara Duque expuso ante los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, que en el escenario de la pandemia por Covid-19, se han evidenciado muchas desigualdades.
El abogado Duque, egresado de la UNAM, dijo que de llegar a la Codhem, su plan de trabajo estaría basado en el conocimiento práctico, de campo, sobre las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, con el convencimiento pleno de que se deben adoptar medidas de atención ciudadana culturalmente adecuadas, derivadas de criterios orientadores, que serían el equivalente estatal a las Observaciones Generales de los Comités especializados de la ONU.
Actores que permitan coadyuvar a la construcción de una cultura de derechos humanos, especialmente en los casos de atención a violaciones cometidas contra la población indígena mexiquense”.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2020 del INEGI, se identificó que 415 mil 450 personas son hablantes de alguna lengua original. Tan sólo en el estado de México existen cinco pueblos indígenas originarios: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlazinca.
Asimismo, puntualizó, los municipios mexiquenses con mayor proporción de hablantes de lengua indígena son: San Felipe del Progreso, Temoaya, Donato Guerra, Temascalcingo, Morelos, Ixtlahuaca, El Oro y San José del Rincón.
La falta de servicios esenciales –como el agua–, de instalaciones médicas sin suficiente personal y equipamiento, son condiciones que limitan el acceso y la atención inmediata ante cualquier condición de salud, lo cual se agrava si, además, prevalece un prejuicio negativo respecto a la lengua, el color de la piel, la etnia o la forma de vestir y expresarse de las personas indígenas, destacó Lara Duque.
