La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), subrayó que la justicia es el reclamo unánime de la ciudadanía afectada por la delincuencia organizada: homicidios, extorsión, trata de persona, desplazamiento forzado, desapariciones, delitos de género y agresiones contra menores de edad.
En la inauguración del foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades Hacia la LXV Legislatura”, señaló que los datos comprueban y confirman la tendencia creciente de las necesidades relacionadas con estas funciones del Estado, y que México está lastimado por la elevada impunidad que ronda el 98 por ciento, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad.
“A pesar de esfuerzos considerables para mejorar el marco normativo de la justicia en México, aún quedan muchas tareas pendientes para garantizarla de manera efectiva”, comentó.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que es importante escuchar a especialistas que estarán en las mesas del foro, porque “México necesita recuperar la credibilidad y la confianza de sus instituciones”.
Además, reconoció el trabajo realizado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, manifestó la necesidad de generar una legislación que garantice los derechos de todas las personas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. El foro, dijo, sienta las bases para que la siguiente Legislatura pueda considerar las opiniones y atienda el tema.
Señaló que el foro se realiza cuando la Cámara está a punto de instalar un periodo extraordinario para ejercer una de las principales facultades jurisdiccionales que tiene el Congreso de la Unión. “Estoy convencida de que los procedimientos de declaración de procedencia deben ser reformados de tal manera que se garanticen los derechos a las víctimas y a las personas que serán sometidas a proceso”.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) comentó que en la siguiente legislatura se deben revisar reformas aprobadas para que se dé marcha atrás a apartados, como lo relativo al catálogo de la prisión preventiva oficiosa, que es contrario a lo recomendado por expertos, así como a la Ley General de la Fiscalía General de la República, a fin de que se garantice la lucha y derechos de las víctimas de desaparición y sus familias.
De igual forma, revisar el tema de la extinción de fondos y fideicomisos, especialmente los destinados a la reparación integral de las víctimas, y el que garantizaba el mecanismo para cuidar la integridad de los periodistas y defensores de los derechos humanos. “No se tiene claro con qué recurso se hará frente a las obligaciones derivadas. No siempre se puede hacer más con menos”.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres, de la Comisión de Justicia, indicó que la gran tarea de la próxima Legislatura es conformar un Estado de derecho garantista, donde la reparación del daño sea uno de sus pilares. “Aumentar el poder punitivo del Estado no disminuye la violencia ni la incidencia delictiva”.
Consideró que los consejos de la Judicatura no han cumplido con su labor. De qué sirve hacer mejores leyes y construir un sistema garantista si el Poder que tiene la responsabilidad de hacerlo prevalecer no cumple con la función. “Es un gran pendiente ese análisis profundo, no podemos dejar de lado que si la impunidad crece puede acabar con la viabilidad del Estado Mexicano”.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) dijo que la LXIV Legislatura destaca por la gran productividad de la Comisión de Justicia y la actividad realizada en aras de fortalecer el Estado democrático y constitucional de derecho.
“Creo que ahora la gran tarea es que la próxima sexagésima quinta Legislatura le dé continuidad al trabajo realizado en estos temas, ya que urgen y porque México clama y anhela justicia”.
Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, señaló que existe un clamor popular por la justicia, por lo que es tiempo de invertir en ella. Cuestionó cuánto dinero de cada entidad se utiliza especialmente en el sistema de justicia, que debe ser para todos los mexicanos sin importar su situación económica.
Explicó que la oficina a su cargo se ha enfocado en la reinserción social, pues es una segunda oportunidad para que no se vuelva a delinquir. Pidió poner atención a defensores públicos y tribunales estatales, así como a los centros penitenciarios “diseñados para alojar 400 personas y que tienen hasta 4 mil”.
