Por Alejandro Villegas…
La Liberación de presos en penales federales que fueron víctimas de tortura o que no han sido sentenciados tras 10 años o más de proceso, decretada por el ciudadano presidente parace más un placebo social que un acto de justicia.
Ciertamente hay muchos presos que fueron víctimas de tortura y sus victimarios deben ser procesados, además de que la demora prolongada en la culminación de un juicio pone en entredicho la rapidez con la que, al menos en teoria debe impartirse la justicia.
Sin embargo, por más que se aplauda la decisión del ciudadano presidente debe considerarse que vulnera la independencia del Poder Judicial, al tiempo que exhibe la necesidad de reformarlo y actualizar sus procedimientos.
Y en paralelo, permite apreciar que muchos de los procesados sin sentencia iniciaron su proceso bajo el viejo esquema de procuración de justicia.
Pero lo más importante, es que el ciudadano presidente omite dimensionar la problemática a resolver antes del 15 de septiembre.
Evidentemete cada caso debe revisarse de manera individual, sin la prisa que lleva al error para asegurarse de que sean liberados los inocentes y evitar la filtración de los verdaderos criminales.
Abrir las puertas de la libertad a quienes están presos en penales federales puede resolver la problemática presupuestal y de sobrepoblación pero tiene sus complicaciones.
El aplauso que hoy gana el ciudadano presidente en el mediano plazo puede resultar costoso.
Constancias
En el ánimo social, tras el anuncio de que en Mazatlán se exigirá la constancia de vacunación para el ingreso a determinados establecimientos, comienza a cobrar fuerza la necesidad no solo de vacunarse contra la COVID -19 sino de contar con la constancia respectiva, ante el temor de que en el corto plazo se vuelva, en el plano nacional, un documento indispensable incluso para trabajar.
