*El debilitamiento de instituciones y su normalización social en México consolidan un modelo político con menos controles efectivos sobre el poder ejecutivo.
Por Jesús Ortega Martínez
No hubo tanques en las calles ni toque de queda. No fue un golpe de Estado clásico. Fue algo más silencioso y, por eso mismo, más perverso: la democracia mexicana fue asesinada en cámara lenta, frente a nuestros ojos, y la mayoría lo celebró o lo ignoró.
Construimos durante décadas un sistema de contrapesos, un instituto autónomo capaz de organizar elecciones creíbles y de hacer respetar sus resultados, un equilibrio entre poderes y un federalismo que respetaba a las entidades. Fue un proceso largo, imperfecto, pero real. Y lo matamos.
Lo matamos normalizando cada paso: cuando se subordinó al árbitro electoral, cuando se concentró el poder en una sola persona, cuando el Congreso y el Poder Judicial dejaron de ser contrapesos para convertirse en apéndices. Lo matamos aplaudiendo, justificando o simplemente mirando hacia otro lado.
Hemos normalizado la violencia más atroz en este país, y ahora estamos normalizando también el crimen de lesa democracia. La sociedad que se indigna — y con razón — ante cada feminicidio, ve cómo se desmantela la República y lo trata como un simple “cambio de modelo” o como una anécdota política más.
Eso es la banalidad del totalitarismo: no el mal grandioso y dramático, sino el mal cotidiano, el que se acepta porque “el presidente es popular”, porque “al fin se hace justicia”, porque “ellos lo hicieron primero”. El mal que se vuelve rutina.
Si el asesinato de una mujer tiene nombre propio — feminicidio — , el asesinato de una democracia también lo tiene: autocratización. Pasamos de una democracia imperfecta a una autocracia electoral sin siquiera darnos cuenta de que estábamos de luto.
Y lo más triste es que ni siquiera estamos de duelo. Estamos viendo el cadáver y seguimos como si nada.
