La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó ante senadores de la Comisión de Justicia su Plan Estratégico de Procuración de Justicia, en un mensaje con fuerte carga política en el que contrastó el nuevo modelo con prácticas del pasado y enfatizó que la institución actuará sin distinción de “colores partidistas”.
A su llegada al Senado fue recibida por Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, así como por Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, en un encuentro que reunió a legisladores de distintas fuerzas políticas.
Desde el Salón Ifigenia Martínez, Godoy enmarcó su intervención en un momento que calificó como “histórico”, respaldado —dijo— por un nuevo andamiaje legal impulsado por el Congreso.
Sin embargo, el énfasis político llegó al contrastar el modelo actual con el de administraciones anteriores.
“Durante años, los gobiernos neoliberales utilizaron la procuración de justicia con fines políticos, criminalizando la protesta social y a los opositores”, afirmó, en una crítica directa a etapas previas dominadas por partidos tradicionales como el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.
Frente a ello, defendió que la actual visión —alineada con el proyecto político impulsado por Morena— es “progresista y humanista”, centrada en atender las causas del delito y en garantizar los derechos humanos, más allá de un enfoque meramente punitivo.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la relación entre la Fiscalía y los distintos niveles de gobierno, donde subrayó que la colaboración institucional no estará condicionada por filiaciones políticas.
“Reitero mi plena convicción de colaborar con los tres órganos de gobierno, sin importar los colores partidistas ni interés político alguno. La autonomía se fortalece con coordinación, con autonomía, pero sobre todo con visión de Estado”, sostuvo.
El mensaje ocurre en un contexto de polarización política, donde la actuación de las fiscalías ha sido cuestionada tanto por la oposición como por el oficialismo, lo que llevó a Godoy a insistir en que la autonomía se fortalece con coordinación y visión de Estado, no con confrontación partidista.
El plan presentado contempla una transformación estructural de la Fiscalía General de la República (FGR), con diez ejes de acción. Entre los principales destacan:
- Reestructura institucional para eliminar duplicidades, clarificar funciones y fortalecer áreas de investigación.
- Redirección del presupuesto hacia tareas sustantivas, reduciendo el gasto administrativo.
- Fin de privilegios y rechazo a la “burocracia dorada”.
- Fortalecimiento del servicio profesional de carrera, con reglas claras de ingreso, permanencia y ascenso.
- Uso intensivo de inteligencia y tecnología, incluyendo un sistema nacional interoperable de información.
Godoy planteó un cambio de paradigma: pasar de un modelo reactivo y fragmentado a uno estratégico, basado en la priorización de fenómenos criminales y en investigaciones sólidas que permitan sentencias condenatorias.
La fiscal destacó la coordinación con el Gabinete de Seguridad y con instituciones como la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, así como con fiscalías estatales, para enfrentar delitos de alto impacto.
En ese sentido, puso énfasis en:
- El combate a estructuras criminales y flujos financieros ilícitos.
- La investigación integral de delitos, más allá de casos aislados.
- El fortalecimiento de la presencia territorial de la FGR en las 32 entidades.
El plan también coloca como ejes prioritarios la atención a sectores vulnerables, particularmente:
- Violencia de género y feminicidio, con perspectiva obligatoria en las investigaciones.
- Desaparición de personas, considerada una “deuda histórica” del Estado.
- Extorsión, que escalará a prioridad máxima en casos de alta vulnerabilidad.
Godoy subrayó que el modelo busca colocar a las víctimas en el centro, no solo para sancionar delitos, sino para garantizar reparación del daño, verdad y no repetición.
Puso énfasis central en el combate a los feminicidios y la violencia de género, al advertir que estos delitos serán atendidos con perspectiva obligatoria y como una de las prioridades más sensibles del Estado.
Delineó un cambio de enfoque en la Fiscalía General de la República (FGR), donde las investigaciones relacionadas con feminicidio dejarán de ser tratadas de forma aislada para convertirse en parte de una estrategia integral que garantice justicia efectiva para las víctimas.
Godoy subrayó que la violencia feminicida no solo representa un delito de alto impacto, sino una deuda estructural del sistema de justicia, por lo que su plan contempla fortalecer las capacidades de investigación con perspectiva de género, evitar la revictimización y asegurar que los casos se judicialicen con solidez.
“Las mujeres estarán en el centro de la política de procuración de justicia”, sostuvo, al insistir en que no se trata únicamente de sancionar, sino de garantizar verdad, reparación del daño y no repetición.
En ese contexto, la fiscal planteó que el nuevo modelo buscará corregir fallas históricas en la integración de carpetas de investigación por feminicidio, uno de los principales obstáculos para lograr sentencias condenatorias, así como homologar criterios en todo el país.
Además, el plan incluye la coordinación con fiscalías estatales y el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos de género, en un intento por cerrar brechas en la atención a víctimas y reducir la impunidad en estos casos.
En la parte final de su intervención, la fiscal retomó el tono político al señalar que “nunca como ahora” existen condiciones institucionales y legales para transformar la procuración de justicia, en alusión al actual equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo dominado por Morena y sus aliados.
