Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
El ataque armado en el DBar de Villahermosa, Tabasco, que dejó seis muertos y al menos diez heridos, se suma a la interminable lista de tragedias que definen el panorama de violencia en México. Este hecho, ocurrido en un espacio destinado al entretenimiento y la convivencia, vuelve a evidenciar la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población y el debilitamiento del tejido social frente a un fenómeno que ha desbordado las capacidades institucionales.
México enfrenta una crisis de violencia que no solo se mide en cifras, aunque estas son alarmantes: en 2024, el promedio de homicidios diarios asciende a 74, acumulando más de 13,000 asesinatos en apenas seis meses. Más allá de los números, esta situación refleja un escenario donde el miedo, la impunidad y la resignación parecen haberse normalizado. En el caso del ataque en Tabasco, las autoridades han señalado que pudo tratarse de un acto dirigido a un cliente específico, lo que sugiere un trasfondo distinto al del crimen organizado. Sin embargo, este detalle no mitiga el impacto del hecho ni disminuye la percepción de inseguridad que afecta a millones de mexicanos. La violencia, cualquiera que sea su origen, ha permeado todos los espacios, incluso aquellos que deberían ser refugios de paz y recreación.
En México, las reuniones sociales y los espacios de entretenimiento han sido históricamente elementos centrales de la cultura. Transformarlos en escenarios de muerte es, en muchos sentidos, un ataque directo a la identidad colectiva. Este tipo de sucesos no solo cobra vidas, sino que destruye la confianza en la posibilidad de disfrutar una vida cotidiana libre de miedo.
La percepción de inseguridad alcanza niveles alarmantes. Según datos recientes, más del 58% de los mexicanos se sienten inseguros en su entorno. Esta preocupación no se limita a quienes viven en zonas particularmente violentas; se extiende a toda la población y se manifiesta de diversas maneras: desde el cambio en los hábitos diarios hasta la constante sensación de vulnerabilidad. Además, la violencia de género sigue siendo una de las caras más terribles de esta crisis. En 2020, el 44% de las mujeres reportó haber sufrido violencia por parte de una pareja. Este fenómeno no solo refleja un fallo en las políticas de seguridad, sino también una crisis profunda de valores y un sistema que no protege a las mujeres de manera efectiva.
La respuesta de la sociedad civil a esta creciente inseguridad ha sido significativa. Marchas, protestas y exigencias públicas de justicia se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, estas expresiones de indignación pocas veces se traducen en cambios estructurales, debido a la falta de voluntad política y la debilidad institucional. Las autoridades suelen recurrir a paliativos, como el despliegue de la Guardia Nacional o el aumento de patrullajes, medidas que, aunque necesarias, no han demostrado ser suficientes para detener la ola de violencia.
Es fundamental replantear el modelo de seguridad en el país. Durante años, la estrategia ha estado basada en la militarización, un enfoque que ha mostrado sus limitaciones y que, en algunos casos, ha contribuido a agravar el problema. Se requiere una visión más integral que aborde las causas subyacentes de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y el limitado acceso a la educación. Invertir en estos sectores no solo es una medida preventiva, sino una estrategia de largo plazo para construir una sociedad más justa y segura.
De igual manera, las fuerzas de seguridad deben transformarse en cuerpos confiables, con formación en derechos humanos y un compromiso real con la población. La corrupción y la impunidad dentro de estas instituciones deben ser erradicadas, ya que son factores que perpetúan la desconfianza y limitan su efectividad. Paralelamente, el sistema de justicia debe fortalecerse para garantizar que los crímenes no queden sin castigo. La impunidad, que en México supera el 90% en casos de homicidio, envía un mensaje peligroso: en este país, el crimen puede quedar sin consecuencias.
El ataque en el DBar de Villahermosa es solo una manifestación más del ciclo interminable de violencia que enfrenta México. Pero detrás de cada cifra, de cada caso, hay familias destruidas, comunidades marcadas por el dolor y una sociedad que poco a poco pierde la esperanza. Este ciclo no se romperá con medidas aisladas ni con discursos que prometen más de lo que pueden cumplir. Requiere voluntad política, un enfoque humano y una ciudadanía que no cese en su exigencia de cambios.
México no puede aceptar la violencia como una condición inherente. Debemos aspirar a un futuro donde los espacios de convivencia sean, de nuevo, lugares de alegría y seguridad, y donde los mexicanos puedan vivir sin el temor constante de ser víctimas de una violencia que parece no tener fin. El cambio es posible, pero debe empezar hoy, antes de que el miedo y la resignación se conviertan en nuestra única certeza.
APUNTES CLAVE:
EDUCACIÒN: Alejandro Armenta obtuvo el grado de Doctor en Administración Pública en el INAP, consolidándose como un ejemplo de superación y defensor de la educación pública. Su tesis, enfocada en bioética y seguridad, fue reconocida por su carácter innovador, destacando su compromiso con el diseño de políticas públicas en beneficio de la sociedad y un liderazgo basado en el conocimiento y la justicia social. //PRESUPUESTO: El diputado Rubén Moreira advirtió que la reducción del 39.4 % en el presupuesto destinado al medio ambiente para 2025 impactará proyectos de potabilización y saneamiento de agua, afectando a las comunidades más vulnerables. El ambientalista Ignacio Loera señaló que el gasto en este sector será apenas del 0.1 % del PIB, muy lejos de las recomendaciones de la Cepal, y enfatizó que este recorte compromete la labor de instituciones clave como Conagua, Profepa y Conafor. //DISCUSIÓN: La coordinadora panista Noemí Luna calificó como engañoso el primer presupuesto presentado por Claudia Sheinbaum, señalando que aumenta el gasto en proyectos políticos y reduce recursos para servicios prioritarios como salud, seguridad y educación. Luna destacó que el Paquete Económico 2025 contempla un egreso mayor al ingreso, financiado con endeudamiento, y advirtió que el gasto federalizado para estados y municipios decrecerá 1.2 %, afectando áreas esenciales. Además, criticó la reducción de 42.5 % al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y señaló el incremento de la deuda pública como un riesgo para las finanzas nacionales.
