La violencia política contra las mujeres es una problemática que atenta contra la calidad de la democracia, porque desincentiva e inhibe la participación, ingreso y permanencia en la toma de decisiones de este grupo de la población en la esfera político-electoral, impidiendo el cabal ejercicio de la igualdad sustantiva, sostuvo la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma De la Cruz Magaña.
En la inauguración del Primer Foro Regional sobre resultados, buenas prácticas y prospectiva de las acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el Proceso Electoral 2020-2021, señaló que éste es uno de los principales obstáculos para garantizar una democracia paritaria en el ejercicio del poder público en el país.
Ante la Directora General de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, María de los Ángeles Lozano Mc Donald y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León y presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, subrayó la importancia de las reformas legales en materia de violencia política.
“Se aplicaron por primera vez diversas medidas para buscar asegurar no sólo que las mujeres pudieran participar en el terreno político-electoral en condiciones de igualdad, sino que lo hicieran con la garantía de que su participación debería ser libre de cualquier hecho de violencia y que, en caso de sufrir alguna agresión u ofensa, contarían con vías directas y expeditas para denunciarlo”, agregó.
En suma, concluyó la Consejera De la Cruz, “el proceso electoral reciente nos deja con la certeza de que la discusión, las ideas compartidas y conclusiones de los trabajos del día de hoy abonarán a la hoja de ruta que nos permita fortalecer las capacidades institucionales en la atención de todas aquellas conductas que atentan contra el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y que, por ende, violentan el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia”.
No a la impunidad
Al declarar inaugurado el foro, María de los Ángeles Lozano Mc Donald estableció que la reforma de ley en materia de violencia política de abril de 2020 “representa una victoria por el reconocimiento al derecho de las mujeres para poder ejercer de manera libre y sin violencia sus derechos político-electorales”.
Reconoció que ello no significa que la conducta dejará de producirse por el hecho de incluirla en el catálogo de delitos, “pero sí implica que aquellos o aquellas que comentan violencia política contra una mujer, paguen por ello”.
Subrayó la importancia del foro para compartir áreas de oportunidad y generar mecanismos de coordinación para que se permee la responsabilidad y compromiso de las instituciones para usar las herramientas legales “y cualquier forma de violencia política cometida por el hecho de ser mujer, no quede impune”.
En su intervención, el Fiscal Pablo de Hoyos precisó que el delito es nuevo; sin embargo, la práctica ilícita tiene muchos años y ha demeritado la participación de la mujer en el ámbito político-electoral.
Por ello dijo que los fiscales están comprometidos en investigar, perseguir y prevenir este delito “que no sólo demerita a la mujer en sí, sino es un cáncer para el desarrollo de la sociedad”.
Resaltó la importancia de este evento, ya que la mejor forma de combatir y erradicar este delito es a través de un trabajo en conjunto, por lo que sugirió que todas las fiscalías electorales formen parte del Observatorio para la Participación Política de la mujer de cada entidad y puedan trabajar de manera coordinada con los tribunales y con los institutos electorales.
Destacan retos en fomentar cultura de la denuncia
Posteriormente, al participar en la primera Mesa “Experiencias en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género adquiridas en el proceso electoral 2020-2021 a nivel federal y local”, la Consejera De la Cruz lamentó el aumento de denuncias y quejas en materia de violencia política.
Mientras en las elecciones de 2017-2018 se recibieron 47 denuncias, en los pasados comicios aumentó a 147, donde las candidatas a diputaciones federales y a las presidencias municipales fueron las principales víctimas.
En tanto que las personas denunciadas fueron ciudadanos, candidatos a diputaciones federales y otros.
Destacó como retos fortalecer la cultura de la denuncia; repensar la aplicación de la medida 3 de 3 contra la violencia con carácter obligatorio; articular el quehacer del Registro Nacional de personas sancionadas por ejercer violencia política con otras medidas y que los partidos políticos adecúen sus documentos básicos para prevenir atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra la mujer.
En suma, dijo De la Cruz, en este proceso electoral hubo muchos aciertos y áreas de oportunidad para que de manera coordinada, efectiva se combata y erradique la violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la mesa, también participaron, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez; el Fiscal Especializado de Delitos Electorales del estado de Hidalgo, Sergio Zúñiga Hernández; la Consejera Electoral de Veracruz, María de Lourdes Fernández Martínez y fue moderada por Eusebio Sánchez, Director de Información y Blindaje Electoral.
