México es en América Latina el país con más desigualdad, donde el 10 por ciento de la población concentra casi el 60 por ciento de los ingresos, se incrementa la pobreza y la pobreza extrema y la mitad de los mexicanos no tiene acceso a los esquemas de salud. Sin duda la pandemia agravó los efectos negativos de nuestra economía con un decrecimiento continuo, desempleo y el colapso del sistema sanitario.
Desde antes de la crisis por el coronavirus, se observó un retroceso económico con cero crecimiento, cuyas consecuencias provocaron que se incrementara el índice de pobreza del 42 por ciento de la población en 2018 al 51 en el 2020 y en cuatro meses de este año llevamos un 54 por ciento.
La pobreza extrema se duplicó del 7, en 2018, al 15 por ciento en el 2021. La carencia por acceso a la seguridad social pasó del 57 por ciento en 2018 al 58 por ciento en marzo de este año y la carencia de acceso a la alimentación pasó del 20 al 37 por ciento del 2018 al primer trimestre del 2021.
El mal desempeño de la economía provocó la creación de 10 millones de nuevos pobres. La industria de la construcción, motor e indicador del crecimiento económico se desplomó en el último trienio. Se retrajo la inversión extranjera directa y hay desconfianza de los americanos por la reticencia de México al empleo de las energías limpias y la negativa a que participen sus industriales en ese sector.
El gobierno confía en que el segundo semestre será mejor y se reactive la economía, que haya más empleo gracias a las exportaciones y al intercambio comercial con la Unión Americana. Mal hará la administración federal si mantiene su creencia de que la remesas son un indicador de crecimiento y que va por buen camino, ya que ese dinero no pasa por la hacienda pública y aunque incide en el bienestar de millones de familias, es una vergüenza que los paisanos tengan que migrar para mantener a los suyos.
El humor social resiente los vaivenes de nuestra economía y los tumbos de las políticas públicas que no han cristalizado en un eficiente programa de gobierno. El desempleo, la falta de oportunidades para ascender en la escala social, el esquema de salud que dista de ser como el de Dinamarca, la medicina particular cara y el desabasto de fármacos, la necesidad de recurrir al sistema educativo oficial porque no hay dinero para la particular y la inseguridad son temas que afectan a una rebelde clase media que pone en peligro la gobernanza y obliga al régimen a recurrir a los pobres para mantener su base de legitimación.
Por ello pretende fomentar la movilidad social y anuncia, casi por decreto, la creación de una nueva clase media “más humana, fraterna y solidaria…que resista las campañas de manipulación”, este nuevo estrato social seguramente saldrá de entre los pobres que son mantenidos por el gobierno a través de los programas asistenciales que convierten a millones de viejitos, “ninis” y madres solteras en sus dependientes económicos, a los que no puede incorporar a un empleo formal o a procesos productivos donde desarrollen habilidades.
No coloca a esa fuerza laboral porque no han una planta que los absorba ni se preocupó por darles herramientas de aprendizaje ni capacitación para obtener un trabajo bien remunerado y con posibilidades de ascenso. Es mejor recibir un dinero seguro sin trabajar y solo ser requerido cada tres años en las urnas.
Lejos de incentivar la creación de fuentes de empleo y alentar el consumo interno, el gobierno suma a los programas sociales la venta barata de mercancía decomisada, con lo cual se legitima dos actividades ilícitas que golpean la economía nacional: el contrabando y la piratería.
Acabemos con la pobreza, pero no a ese costo.
