Con un llamado a defender la democracia, el voto libre y por unas elecciones transparentes sin intervencionismo desde la cúpula del poder, en esa línea se pronunciaron en una carta dirigida a la opinión pública, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizaciones de la sociedad civil y colectivos de diversos orígenes, causas y trayectorias, que unidos en una sola voz expresaron su rechazo a la Reforma Electoral planteada por el Gobierno Federal y que podría ser votada por simple mayoría en el Congreso en las próximas semanas.
En la misiva este colectivo destaca que su preocupación de aplicarse el Plan B de Reforma Electoral se centra en el daño que los cambios propuestos provocarán en contra de la limpieza de las elecciones y de la autenticidad del sufragio. Ese daño al derecho político fundamental del voto será el resultado irremediable de aprobarse dicha iniciativa.
Entre las inquietudes que expresan estas organizaciones destacan el inminente desmantelamiento de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), que se despida al 85 por ciento de trabajadores especialistas en organización electoral; que se reduzcan instrumentos de fiscalización al dinero de los partidos y las campañas; que se resten atribuciones al arbitraje electoral y que se permita la intromisión de los gobiernos durante las campañas, lo que resultaría en un diseño electoral muy distinto al que está plasmado en nuestra Constitución. En su conjunto, produciría un deterioro inevitable a las elecciones limpias, que México ha podido establecer en una construcción que nos llevó décadas.
En el mismo tenor, este grupo subraya que de avanzar este Plan B significaría un retroceso en un escenario en el cual no existe el más mínimo consenso o acuerdo con los partidos de oposición, lo que nos colocaría en una crisis de credibilidad y desconfianza en las reglas del juego, aún antes de que inicie el proceso electoral. Lo que ese intento generaría es un extendido litigio nacional y un quiebre constitucional de consecuencias no sólo electorales, no sólo en contra de la vida democrática, sino también en contra de la estabilidad política del país.
Asimismo y en un mensaje a los legisladores a manera de reflexión, las organizaciones civiles advierten que estamos en la antesala de una crisis política mayor, que puede ser evitada si el Senado asume su cabal responsabilidad y busca los acuerdos, ciñéndose con rigor, a la letra y espíritu de la Constitución. Llamamos a la sociedad mexicana a estar atenta y a comprender, en toda su gravedad, la inminente coyuntura legislativa de nuestro país.
