• Indispensable garantizar la atención integral del pequeño de 11 años hijo de la víctima, diagnosticado con autismo severo
La Diputada Gabriela Sodi Miranda, Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco para que aplique los protocolos de investigación de feminicidio y el de Perspectiva de Discapacidad, en el caso del asesinato de Luz Raquel Padilla Gutiérrez.
Asimismo, Sodi demanda al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, investigar si hubo actos de segregación por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia contra Padilla Gutiérrez, puesto que, desde mayo pasado denunció ante las autoridades correspondientes el ataque con cloro industrial del que fue víctima, y las amenazas de un vecino; pero se negaron a brindarle la protección que pidió.
Igualmente, la joven madre de 35 años de edad, intentó ser incorporada al programa “Pulso de Vida”, que consiste en portar un dispositivo de geolocalización que brinda comunicación directa con el Centro de Comando policial, que manda una patrulla en auxilio; pero igual se le argumentó que las amenazas de terceros no eran causa suficiente para que fuera admitida.
En su proposición, la diputada federal pide además al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Jalisco, y al Sistema Nacional DIF, garantizar la atención integral del pequeño de 11 años hijo de la víctima, diagnosticado con Trastorno de Espectro Autista y por el cual su madre fue atacada, ya que los vecinos mostraban intolerancia por los ruidos que hacía en sus momentos de crisis.
“Hacemos un llamado urgente para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno puedan implementar acciones que permitan la inclusión efectiva de las personas con discapacidad, evitando actos de discriminación que pudieran derivar en acciones violentas, como en el caso que hoy nos ocupa”, indicó.
En este sentido, la diputada Gabriela Sodi consideró indispensable que, tratándose de una muerte violenta, se aplique el protocolo de investigación correspondiente al feminicidio pero que también se investigue con perspectiva de discapacidad, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Sodi Miranda enfatizó que poco se conoce del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas con discapacidad, y que fue publicado en 2014, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicho Protocolo tiene como finalidad –destacó la legisladora capitalina- brindar un conjunto de criterios orientadores para proteger los derechos de las personas con discapacidad, reconocidos en la Constitución Federal y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008.
“Existe la obligación estatal de tomar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole, que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en su hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. De tales preceptos las personas juzgadoras -en el ámbito de su competencia- están obligadas a dictar medidas de protección, en caso de que se lo soliciten, o bien, de oficio si advierte alguna situación de riesgo, durante la sustanciación del procedimiento”, concretó la diputada perredista.
