*El deterioro operativo del CNI coincide con crecientes cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar amenazas externas y criminales.
Por Hazael Sayavedra….
Los servicios de inteligencia en México tienen una historia que se remonta a 1918, cuando Venustiano Carranza creó la Sección Primera dentro de la Secretaría de Gobernación. Nacida con el objetivo principal de espionaje político y control interno durante la etapa posrevolucionaria, esta institución fue el germen de lo que posteriormente se convertiría en el aparato de inteligencia civil del país.
A lo largo de más de un siglo, esta agencia ha tenido múltiples nombres y transformaciones: Departamento Confidencial en 1929, Dirección Federal de Seguridad (DFS) en 1947, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en 1989 y, finalmente, el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que adquiere este nombre en 2018.
Durante las décadas de los 60, 70 y 80, la inteligencia mexicana, particularmente bajo la Dirección Federal de Seguridad, alcanzó uno de sus momentos de mayor control territorial y eficacia operativa. La DFS no solo vigilaba a opositores políticos, sino que mantenía un registro detallado de actividades de extranjeros en el país. Un caso emblemático es el seguimiento que hizo a Lee Harvey Oswald durante su visita a la embajada de Estados Unidos en septiembre de 1963. También espió de cerca a importantes figuras intelectuales, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Ariel Dorfman, documentando incluso una reunión privada que sostuvieron en el Hotel Hacienda de Cocoyoc en agosto de 1980.
En materia de seguridad nacional, la DFS fue particularmente efectiva contra grupos armados. Logró prácticamente desarticular a la Liga Comunista 23 de Septiembre, uno de los grupos guerrilleros más activos de la época, mediante intensos trabajos de inteligencia, seguimientos y operaciones de campo. Llegó incluso a crear unidades especiales, como la Brigada Blanca, para perseguir objetivos considerados de alta amenaza.
Sin embargo, esa eficacia se logró a costa de graves violaciones a los derechos humanos. Documentos oficiales desclasificados revelan que agentes del gobierno cometieron actos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos durante la llamada «guerra sucia». Una de las prácticas más aberrantes fueron los «vuelos de la muerte», donde se arrojaba al mar a personas desde aviones militares, algunas de ellas aún con vida. La DFS no fue, por tanto, una institución impecable, sino un aparato represivo al servicio del régimen.
El CISEN, que vino a sustituir a la desaparecida DFS, representó el mayor esfuerzo de profesionalización de la inteligencia civil en México. Contaba con presencia física en los 32 estados de la República, alrededor de 3,500 empleados y un presupuesto que, en sus mejores años, superó los 3 mil 500 millones de pesos anuales. Entre 2013 y 2018, el CISEN recibió un presupuesto acumulado de 30 mil millones de pesos, con un pico histórico en 2014 de casi 8 mil millones de pesos, destinados a su expansión con centros regionales y equipo especializado. Fue particularmente relevante en la generación de inteligencia contra grupos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la ERPI, además de mantener una amplia red de fuentes humanas («fuentes vivas») en todo el país.
Sin embargo, la figura del CISEN quedó profundamente manchada por casos de corrupción que terminaron por definir su destino. El más emblemático fue el de Genaro García Luna, quien inició su carrera en el CISEN en 1989, fue subdirector operativo durante el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994 y utilizó los secretos de Estado a los que tuvo acceso para ascender en la jerarquía de la institución. Ya como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), García Luna tejió una red de corrupción que lo llevó a colaborar directamente con el Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos, facilitando la entrada de toneladas de cocaína a Estados Unidos. En octubre de 2024 fue condenado en Estados Unidos a 38 años y 8 meses de prisión, en un juicio que evidenció cómo, desde las entrañas del CISEN y después desde la secretaría de Seguridad Pública, se gestó una de las mayores traiciones a México. Este caso, entre muchos otros, fue el argumento perfecto que el gobierno de Morena utilizó para justificar la desaparición del CISEN y su reemplazo por un CNI con facultades más limitadas, pero igualmente de opacas.
Todo este aparato de inteligencia civil comenzó a desmantelarse a partir de 2018, con la llegada de Morena al poder. El CNI fue creado con un enfoque más reducido en facultades y presupuesto. Según la ley, sus dos funciones principales son la inteligencia estratégica y la contrainteligencia. No obstante, la segunda de ellas —la contrainteligencia— no parece estar cumpliéndose de manera efectiva, ya que no existe evidencia pública de que haya logrado identificar o neutralizar a alguno de los agentes de inteligencia extranjera que han sido mencionados en medios internacionales. El analista Erubiel Tirado, de la Universidad Iberoamericana, ha señalado que el aparato de inteligencia en México presenta «graves fallas», especialmente ante operaciones de agencias extranjeras, y pone en duda las versiones oficiales sobre el desconocimiento de estas actividades.
En materia presupuestal, los datos son elocuentes. En 2024, el CNI ejerció 2 mil 984 millones de pesos, pero para 2025 sufrió un recorte de más de 224 millones, quedando en 2 mil 759 millones de pesos. Esta reducción de recursos, sumada a la eliminación de cientos de plazas de personal experimentado y la desaparición de su presencia operativa en los estados, ha convertido al CNI en una institución básicamente de escritorio, con poca capacidad para generar inteligencia propia en campo. Cabe reconocer que, a diferencia de sus antecesores, el CNI redujo drásticamente -aunque no la eliminó- las práctica de espionaje político a periodistas y opositores que tanto dañaron a la DFS y al CISEN. Pero esa ganancia en gestión pública, no debería venir acompañada de una pérdida total de capacidad para detectar amenazas externas reales.
La percepción popular es clara: a pesar de manejar uno de los presupuestos más altos de la región, el CNI parece estar en franco retroceso. Actualmente, pareciera que cualquiera puede entrar al país, realizar actos de terrorismo selectivo contra objetivos criminales y nadie se entera. De no ser por una fuente como CNN, que evidenció la presencia de grupos de inteligencia extranjera operando en México, el CNI ni se enteraría de estas actividades. Es justo señalar la controversia: el gobierno mexicano calificó esa investigación de CNN como «absolutamente falsa», pero las contradicciones entre las declaraciones oficiales y los hechos reportados por la prensa internacional persisten. Expertos en seguridad han señalado que la inteligencia militar mexicana debería tener sistemas de contrainteligencia para saber exactamente quién participa en cada operativo, lo que hace más grave la aparente ignorancia oficial.
Un claro ejemplo ocurrió el 28 de marzo de 2026, cuando una explosión acabó con la vida de «El Payín» Beltrán, operador del grupo de Los Mayos Zambada. Mientras los cuerpos de seguridad mexicanos atribuyeron la explosión a una granada mal manipulada por un operador criminal, de acuerdo con fuentes de inteligencia extranjera citadas por medios como CNN, la evidencia apuntaba a una carga profesional, posiblemente de C4, lo que sugeriría un asesinato selectivo. La Fiscalía del Estado de México mantiene abierta la investigación sin esclarecer el origen del explosivo.
Pero el problema no termina en el debilitamiento del CNI. En paralelo, se ha gestado una peligrosa concentración del poder de inteligencia en la figura de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Su influencia en el aparato gubernamental crece mes a mes, con el respaldo absoluto de la presidente Claudia Sheinbaum. Desde su llegada, no solo ha impulsado la creación de una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, sino que ha colocado a hombres de su confianza en puestos clave de la inteligencia nacional. Su antiguo colaborador, Francisco Almazán Barocio, es actualmente el titular del Centro Nacional de Inteligencia, mientras que otro de sus colegas, Omar Reyes, fue designado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A través de la recién creada Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), desde diciembre de 2025, Harfuch ha centralizado las operaciones de inteligencia e investigación policial, planeando y ejecutando acciones que antes estaban más distribuidas entre distintas corporaciones. De esta manera, lo que Morena desmanteló por un lado —el CISEN— ahora amenaza con ser reconstruido de manera paralela y sin contrapesos desde la Secretaría de Seguridad, concentrando en una sola persona el poder de inteligencia y la fuerza policial.
En solo ocho años, los gobiernos de Morena han debilitado de facto cien años de construcción de inteligencia en el país. No solamente han recortado de manera importante sectores como educación, salud y seguridad pública, sino que el efecto neto de sus políticas ha sido el desmantelamiento de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, independientemente de si ésa fue una intención explícita o una consecuencia de la austeridad mal aplicada. Sin embargo, llama la atención de que esto suceda en un momento de crisis de seguridad.
Al final, los únicos que parecen ganar con un CNI tan debilitado son los grupos criminales que operan con total libertad dentro del territorio nacional y servicios de inteligencia extranjeros que pueden moverse dentro del país con impunidad. Esto último es particularmente grave porque no se trata de una especulación.
El gobierno de EEUU ha señalado la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, y el Departamento de Justicia de EEUU instruyó esta semana a fiscales federales a utilizar leyes contra el terrorismo para perseguir a funcionarios mexicanos “cómplices en el narcotráfico”. El gobierno de Estados Unidos de nuevo crea una «zona gris» que podría justificar una mayor intervención de sus agencias en México.
Ante un CNI sin capacidad de contrainteligencia, México se vuelve un imán para estas operaciones extranjeras en nuestro territorio.
