*Investigaciones sobre huachicol fiscal derivan en detenciones, mientras persisten antecedentes de violencia contra actores relacionados con la red.
Por Hazael Sayavedra
La llamada ruta de la sangre del huachicol fiscal es una cadena de homicidios y muertes sospechosas que rodea una de las redes de corrupción más grandes en las aduanas marítimas de México. Aunque el esquema operó principalmente entre 2023 y 2025, tiene antecedentes previos.
Cómo funcionaba el negocio
La red compraba gasolina y diésel en Estados Unidos, sobre todo en Houston. Al importar el combustible a México por puertos como Tampico, Altamira y Manzanillo, lo declaraba falsamente como “aditivos para aceites lubricantes” o productos similares que no pagan el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). De esta forma, evadían entre 5 y 7 pesos por litro. Funcionarios corruptos de aduanas —muchos de ellos, personal de la Marina— omitían las revisiones o falsificaban documentos.
La organización, conocida internamente como Los Primos, estaba liderada por los hermanos Fernando Farías Laguna (contralmirante) y Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante). Ellos colocaban gente de confianza en puestos estratégicos de aduanas, cobraban sobornos y protegían la operación. Se estima que movieron cientos de millones de litros, con ganancias millonarias por evasión fiscal. El daño al erario se calcula en decenas de miles de millones de pesos anuales.
El lavado de dinero
Utilizaban seguros de vida para blanquear capitales: ingresaban grandes sumas de dinero ilícito a pólizas y luego las cancelaban para retirar el dinero ya “limpio”. También compraban propiedades, vehículos de lujo y terrenos, ya sea con pagos en efectivo o mediante créditos bancarios que liquidaban con dinero sucio. Además, mantenían una red de empresas fantasma que emitían facturas apócrifas para justificar los movimientos.
La ruta de la sangre: los asesinatos y muertes sospechosas
Cuando alguien denunciaba o investigaba demasiado, aparecían los sicarios. El modus operandi más repetido era el de dos hombres en moto: se emparejaban con la víctima; el pasajero disparaba varias veces con un arma calibre 9 mm en la cabeza y el tórax, y luego huían rápidamente.
- Sergio Carmona Angulo, conocido como el Rey del Huachicol, fue ejecutado en noviembre de 2021 dentro de una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León, por dos sicarios en moto.
- Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar: denunció directamente la red en una carta y en una reunión grabada con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, señalando a los hermanos Farías Laguna. Fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, con el mismo patrón de ataque: dos sicarios en moto.
- Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR en Colima, fue asesinada semanas antes del homicidio de Guerrero Alcántar, también en Manzanillo y con el mismo método de motociclistas.
Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas: el 4 de agosto de 2025, en plena hora pico sobre el bulevar Hidalgo de Reynosa, le lanzaron una granada a su camioneta Cadillac, que explotó e incendió el vehículo. Vázquez Reyna bajó herido, se arrastró junto a la unidad en llamas y allí fue rematado a balazos desde otra camioneta. Existen videos del ataque que circularon en redes sociales.
Además, se reportan al menos otras siete a diez muertes sospechosas entre 2024 y 2025: capitanes aparecidos sin vida en sus oficinas (reportados como suicidios), “accidentes” durante prácticas de tiro y varios funcionarios de aduanas y marinos.
Las detenciones
En septiembre de 2025 fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con más de una decena de marinos, empresarios y exfuncionarios. Su hermano, Fernando Farías Laguna, permaneció prófugo e intentó evadir la captura pagando una fianza, pero finalmente fue detenido en abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, con un pasaporte falso. Actualmente se encuentra en proceso de extradición.
El rol de Rafael Ojeda Durán
Los hermanos Farías son sobrinos políticos de Ojeda Durán (hijos de una hermana de su esposa). Existe un audio donde el contralmirante Guerrero Alcántar denuncia la red directamente ante Ojeda. Oficialmente, el gobierno lo deslinda y afirma que no hay investigaciones en su contra, pero el caso deja abiertas muchas dudas sobre qué tanto sabía y qué acciones tomó.
Esta investigación sigue abierta. Quedan muchas preguntas sin responder sobre la posible protección desde altos niveles del poder y por qué ocurrieron tantas muertes justo alrededor de las denuncias. El caso mezcla corrupción institucional, crimen organizado y un patrón muy claro de silenciamiento mediante la violencia.
