Por Jesús Ortega Martínez…
En los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha recurrido constantemente al tema de la “soberanía nacional” para tratar de explicar su negativa a investigar o tomar acciones contra miembros de su partido e integrantes de su gobierno que, según diversos medios de comunicación y un amplio clamor público, mantienen claros nexos e intereses comunes con los cárteles del narcotráfico. Este comportamiento de la presidenta, lejos de abonar a la transparencia y al fortalecimiento institucional, se convierte, ciertamente, en una estrategia política para dar impunidad a relevantes políticos del régimen. En nombre de la patria, el gobierno protege a poderosos delincuentes y con ello alienta la inseguridad pública y contribuye a recrudecer la violencia.
La contradicción en el discurso oficial.
La soberanía nacional debe ser, sin duda, un pilar jurídico y ético para cualquier Estado y debe defenderse en lo sustantivo, es decir, asumiendo de verdad, que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana de este y se instituye para su beneficio”. Si la presidenta asume en sus discursos esta concepción de la soberanía nacional, entonces resulta criminal que en los hechos la utilice para proteger a delincuentes.
Resulta difícil de entender que, por un lado, el gobierno pretende defender la independencia del país, negándose a iniciar el procedimiento legal para atender la solicitud de autoridades estadounidenses para extraditar a funcionarios públicos mexicanos que, presumiblemente, son cómplices de los cárteles del narcotráfico, mientras que por el otro, ha enviado a grandes ciudadanos mexicanos al extranjero sin que medie un proceso de extradición transparente y sin esgrimir, en ninguno de estos casos, el argumento de la soberanía. Este doble rasero evidencia que el concepto de la soberanía se utiliza más como herramienta retórica que como principio constitucional.
Esta retórica patriotera ¿A quién beneficia?
Es claro que la presidenta busca proteger a sus cercanos, pues cuando se trata de señalamientos contra políticos poderosos, participantes en su círculo de poder y con evidentes vínculos con el crimen organizado, la defensa de la soberanía, se convierte en el principal argumento para evitar su extradición, así sean ejemplos incontestables de la mayor corrupción y criminalidad.
¿A quién beneficia realmente este uso selectivo del concepto de soberanía? Sin duda, a quienes abusan del poder político; a quienes influyen de manera profunda en las decisiones de los gobiernos locales y federales en beneficio personal o de un grupo político y económico; a quienes permiten, como es el caso de Rocha Moya, que sea el narcotráfico quien sustituyeya a la soberanía popular.
Rocha Moya no fue electo gobernador por el pueblo de Sinaloa, sino que fue el cártel de “los chapitos” el que, finalmente, decidió que Rocha “ganara las elecciones”. Es suficientemente conocido que los sicarios de los “chapitos” intimidaron, extorsionaron, amenazaron, secuestraron y hasta asesinaron a candidatos, ediles, diputados, representantes de partidos opositores, representantes en casillas, funcionarios electorales, etcétera, etcétera. ¡Si! ¡Los “chapitos” entregaron la gubernatura del estado a Rubén Rocha! ¿Quién, entonces, representa a la soberanía popular en Sinaloa? ¿Qué ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum para recuperar el monopolio de la violencia para el Estado Nacional?
Pero esta tragedia política no se presenta solo en Sinaloa, en donde la soberanía del Estado no reside en el pueblo ni se instituye para su beneficio. La tragedia política se repite en Tamaulipas, en Baja California Norte, en Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Colima, Michoacán, y otras entidades, al grado de que hay organismos nacionales e internacionales que afirman que cerca del 30 por ciento del territorio nacional lo controlan las bandas de la delincuencia organizada.
La presidenta Sheinbaum habla de la soberanía nacional cuando gran parte del territorio de nuestro país está controlada política y económicamente por los cárteles, y en esta parte del territorio nacional no existe el monopolio de la violencia legítima del Estado. En muchas regiones lo ha perdido completamente y en otras lo comparte de manera vergonzosa con los grupos delincuenciales.
El discurso sobre la defensa de la soberanía nacional que enarbola la presidenta de México, solo está siendo útil para proteger a los poderosos cárteles y a sus cómplices, especialmente aquellos que actúan en las estructuras de los gobiernos locales y aquellos que dominan espacios de poder en el gobierno federal.
