La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ejecutará la detención provisional ni el proceso de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras una solicitud emitida por autoridades de Estados Unidos.
Durante una conferencia, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que la petición provino de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pero no cumplía con los requisitos legales en México.
El funcionario detalló que se trataba de una medida cautelar con fines de extradición, no de una orden formal, y que este tipo de solicitudes solo puede proceder si existen pruebas sólidas que justifiquen la detención.
“No existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un delito que haga impostergable la medida”, señaló.
La FGR subrayó que una detención provisional implica restricciones a derechos humanos, por lo que debe estar plenamente sustentada.
Además, indicó que Estados Unidos tampoco demostró la urgencia de ejecutar la medida, lo que debilitó aún más la solicitud.
Caso involucra a otros funcionarios
La petición también incluía a otros actores políticos, entre ellos:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Juan de Dios Gámez
Sin embargo, la decisión de la FGR aplica de forma general ante la falta de elementos probatorios.
México pedirá información formal
Aunque rechazó la solicitud inicial, la Fiscalía informó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a Estados Unidos la documentación completa del caso por canales oficiales y confidenciales.
También advirtió que la difusión pública del expediente podría afectar el desarrollo de las investigaciones.
Un caso que escala a nivel internacional
Este episodio refleja tensiones en materia de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, donde los procedimientos legales y estándares probatorios pueden marcar diferencias clave.
Por ahora, no habrá detenciones ni avances en extradición, al menos hasta que existan pruebas formales que cumplan con el marco jurídico mexicano.
