La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, advirtió que la organización de comicios concurrentes que incluyan elecciones legislativas y del Poder Judicial, implicaría un costo que podría ascender hasta 15 mil millones de pesos, debido a la complejidad operativa y logística.
Durante su participación, foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, la consejera planteó una postura técnica clara: la elección judicial concurrente con los comicios de 2027 representa un reto operativo sin precedentes y, por ello, reiteró la necesidad de considerar su aplazamiento
Explicó que el Instituto enfrenta uno de los mayores retos en su historia al contemplar la renovación de 500 diputaciones federales, así como 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de procesos locales en 17 entidades.
Subrayó que, contrario a la expectativa de reducir costos, la concurrencia de elecciones duplica o incluso triplica los recursos necesarios, particularmente en rubros como impresión de boletas, capacitación de personal, instalación de casillas y logística territorial.
“La operación implica más boletas, más documentación, más personal y más infraestructura. Esto no abarata la elección, al contrario, la hace mucho más costosa”, señaló.
López Vences detalló que uno de los principales desafíos radica en la impresión de boletas electorales, ya que el número requerido sería histórico y existe un número limitado de empresas con capacidad para producirlas bajo estándares de seguridad, lo que podría generar cuellos de botella.
Asimismo, indicó que la coexistencia de dos modelos de votación —uno para el Poder Legislativo y otro para el Judicial— obliga a instalar casillas diferenciadas, con flujos de votación distintos, lo que incrementa la necesidad de personal capacitado y espacios físicos adecuados, como bodegas con estrictos protocolos de seguridad.
Añadió que estas condiciones también generan complicaciones para el electorado, como mayores distancias entre casillas y posibles desincentivos para participar en ambas elecciones.
Ante este panorama, recordó que las consejerías del INE han planteado la posibilidad de separar los procesos electorales para reducir la carga operativa y mejorar su organización, aunque el Instituto se prepara para implementar el modelo que finalmente se determine.
“Una de las cosas en la que las 11 consejerías coincidíamos era pues la necesidad de aplazar esta elección y que solamente fuera en esta ocasión para el 2026 y 2027, solamente fuera la elección del Poder Legislativo. (…) Entonces, esto se duplicaría en su caso, en el presupuesto para la elección del Poder Ejecutivo, se pidieron más de ocho mil millones de pesos, en el caso del Poder Judicial fueron seis mil millones de pesos, la proyección que podríamos estar pensando justo porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos que les comento son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, declaró.
La consejera enfatizó que el INE se encuentra trabajando en distintos escenarios para cumplir con cualquier determinación legal; sin embargo, insistió en que separar los procesos permitiría garantizar mejores condiciones de organización, certeza y participación.
“Estamos preparados para lo que se decida, pero es importante señalar las ventajas de realizar estos procesos en momentos distintos”, sostuvo.
Las preocupaciones expuestas por la consejera fueron respaldadas por diversas organizaciones presentes en el foro.
Desde México Evalúa, Susana Camacho advirtió que la elección judicial de 2025 fue apresurada y evidenció la necesidad de rediseñar reglas, mejorar procesos de evaluación de candidaturas y contar con más tiempo para organizar futuros comicios.
Por su parte, Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, señaló que la falta de pedagogía electoral y la complejidad de las boletas generaron confusión entre los votantes, lo que derivó en baja participación.
En tanto, representantes de la Barra Mexicana de Abogados y Coparmex coincidieron en que mezclar elecciones políticas y judiciales distorsiona la lógica de ambos procesos, al introducir dinámicas partidistas en la selección de perfiles judiciales.
El foro se desarrolló en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la posibilidad de reconsiderar la fecha de la elección judicial, incluso después de haber planteado previamente su realización en 2027.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, reconoció que el proceso inicial dejó “lecciones claras” y advirtió que, sin evaluaciones sólidas, el nuevo sistema puede perder capacidad para cumplir su objetivo de transformar la justicia en beneficio de la población.
Recordó que el diagnóstico es compartido incluso desde el gobierno.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha planteado la necesidad de ajustes de fondo, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a posponer la elección de personas juzgadoras de 2027 a 2028 para corregir fallas del diseño.
A la presión interna se suma la advertencia internacional.
La OCDE alertó que la elección de todos los jueces por voto popular —un caso único en el mundo— podría poner en riesgo la imparcialidad judicial y afectar la inversión, al generar incertidumbre en sectores clave.
Corral señaló que en el primer proceso hubo criterios dispares, falta de parámetros claros y, en algunos casos, influencia de grupos de poder en la definición de candidaturas, especialmente a nivel local.
Ante ello, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de endurecer filtros.
Entre las propuestas destacan una certificación técnica obligatoria para aspirantes, evaluaciones estandarizadas y reglas más estrictas para evitar la captura política del Poder Judicial.
Desde Morena, la senadora Susana Harp respaldó la creación de un sistema de evaluación con énfasis en conocimientos reales y capacidades jurídicas, mientras que la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que ya se observan problemas como improvisación y falta de experiencia entre algunos juzgadores.
