Por: Fernando Moctezuma Ojeda ….
La escena no ocurre en una oficina diplomática ni en los salones de la Organización de las Naciones Unidas. Ocurre en la tierra removida, en la pala que golpea piedras y huesos, en la lista que crece con nombres que alguien sigue pronunciando en voz alta. Desde ahí, desde abajo, es donde se mide la distancia entre los informes oficiales y la realidad que ahora ha sido elevada, con carácter urgente, a la Asamblea General de la ONU.
La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada no es un gesto retórico. Es la activación de un mecanismo excepcional —el Artículo 34 de la Convención— que, por primera vez desde 2006, se utiliza para un país específico. México. La razón es técnica, pero su implicación es política: existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones no son hechos aislados, sino prácticas generalizadas o sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La precisión importa. El Comité no afirma la existencia de una política federal deliberada para desaparecer personas. Ese matiz ha sido utilizado por el gobierno como eje de defensa. Sin embargo, el derecho internacional no exige una orden centralizada ni una cadena de mando vertical para configurar ese tipo de crimen. Basta con la repetición de patrones, la magnitud de los hechos y, sobre todo, la aquiescencia: saber que ocurre y no impedirlo.
Ahí se instala la tensión de fondo. El Estado mexicano responde con un andamiaje institucional que, en el papel, ha crecido: comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas, registros forenses, incrementos presupuestales que superan los mil millones de pesos en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda. La narrativa oficial es clara: el problema existe, pero está siendo atendido con herramientas inéditas.
El problema es que la evidencia empírica no acompaña ese relato. Más de 132 mil personas desaparecidas, cerca de 72 mil restos humanos sin identificar, más de 4 mil 500 fosas clandestinas documentadas. Y un dato que resulta difícil de diluir en el discurso: el incremento cercano al 74 por ciento en desapariciones entre 2024 y 2025, con epicentro en zonas urbanas que, hasta hace poco, no figuraban en el mapa crítico.
El contraste es aún más elocuente cuando se observa la proporción de resultados. En el último periodo, se reportan 5 mil 730 acciones de búsqueda que derivaron en 438 localizaciones, no todas con vida. La cifra, aislada, podría sugerir esfuerzo; en contexto, revela una brecha estructural entre la capacidad institucional y la dimensión del fenómeno.
El gobierno ha optado por una estrategia dual: cuestionar la metodología y el sesgo del informe internacional, mientras presenta avances administrativos. No es una táctica nueva en la historia reciente de México. Ante señalamientos externos —de organismos multilaterales o de tribunales internacionales— la reacción suele oscilar entre la cooperación formal y la descalificación política. El resultado es un diálogo de sordos donde la disputa se centra en la narrativa, no en los resultados.
El contrapunto es previsible: México enfrenta un fenómeno complejo, alimentado por la delincuencia organizada, con raíces en ciclos de violencia anteriores. Es cierto. La expansión de grupos criminales, particularmente entre 2009 y 2017, dejó territorios fragmentados y estructuras de poder local profundamente vulneradas. Pero ese argumento pierde fuerza cuando se constata que los patrones persisten, que las cifras no disminuyen y que la impunidad sigue siendo la constante. Aún ocho años después.
El propio Estado reconoce que muchas desapariciones son cometidas por particulares. La diferencia jurídica con la desaparición forzada radica en la participación estatal. Sin embargo, el umbral del asentimiento —ese espacio donde la omisión se convierte en responsabilidad— es el punto ciego del sistema. No se trata solo de quién ejecuta, sino de quién permite que ocurra de manera reiterada sin consecuencias.
La decisión de la ONU introduce un elemento adicional: la posibilidad de una cooperación internacional más intrusiva en términos técnicos y financieros. No es una sanción, pero sí un mecanismo de presión. Implica reconocer que las capacidades nacionales están rebasadas en áreas críticas como la identificación forense, la investigación de redes criminales y la protección de colectivos de búsqueda.
Y es ahí donde la discusión adquiere su dimensión más incómoda. Porque mientras el debate se libra en términos de soberanía, interpretación jurídica o sesgo metodológico, las familias buscadoras operan en un vacío institucional que ellas mismas han tenido que llenar. Son quienes localizan fosas, documentan hallazgos y sostienen la memoria de quienes no están. No disputan diagnósticos; buscan respuestas.
El riesgo de la postura defensiva del Estado no es diplomático, es interno. Cada vez que se privilegia la descalificación sobre el diagnóstico, se posterga la posibilidad de corregir. Cada vez que se mide el avance en presupuestos y no en resultados, se amplía la distancia con la realidad.
México no enfrenta solo una crisis de desapariciones. Enfrenta una crisis de confianza en la capacidad del Estado para garantizar lo más elemental: la existencia misma de sus ciudadanos y ciudadanas dentro del registro de lo vivo o lo muerto. Lo demás —informes, comparecencias, comunicados— ocurre en otra dimensión.
La desaparición, en México, ha dejado de ser un delito excepcional. Se ha convertido en un sistema que funciona, precisamente, porque no se interrumpe.
APUNTES CLAVE:
COMBUSTIBLES: Desde la Cámara de Diputados, legisladores del PAN advirtieron que el aumento en el precio del diésel y los fertilizantes, derivado del conflicto en Medio Oriente, pone en riesgo la producción agrícola y podría impactar el costo de los alimentos en México. Señalaron que los fertilizantes han subido más de 55 por ciento y urgieron al Gobierno federal a implementar apoyos emergentes y reducir el precio de los combustibles a 20 pesos por litro, ante el riesgo de un alza en la canasta básica que afecte a miles de familias. //ESTABILIDAD: El diputado Rubén Moreira presentó una iniciativa para reformar la ley educativa y fortalecer la figura de los Asesores Técnicos Pedagógicos, con el fin de darles estabilidad laboral, reconocimiento profesional y continuidad en su trabajo. La propuesta plantea otorgar nombramientos definitivos, tras evaluaciones, e incluir incentivos y criterios como experiencia y desempeño, con el objetivo de mejorar la calidad educativa mediante acompañamiento especializado. //SEGURIDAD: El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la supervisión de un operativo de seguridad durante Semana Santa, con más de 4 mil elementos federales, estatales y municipales, así como vigilancia terrestre y aérea. Las autoridades reportaron un ambiente de tranquilidad durante las celebraciones y destacaron una reducción en delitos como el robo al transporte, con caídas de hasta 86.69 por ciento en 2026. //PAZ: En su primer mensaje de Pascua, el papa León XIV llamó a “elegir la paz” y criticó la indiferencia frente a las guerras, especialmente en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Desde el Vaticano, advirtió sobre el impacto de la violencia en la sociedad y la economía, durante una celebración religiosa marcada por tensiones internacionales.
