Por Victor Hugo Celaya Celaya…
México está en medio de una transición demográfica que avanza más rápido de lo que reconocemos: nacen menos niños, vive más gente por más tiempo y, en pocas décadas, dejaremos de ser la nación joven que hemos sido históricamente para convertirnos en una sociedad con una proporción creciente de adultos mayores, con necesidades complejas de sustento, salud y desarrollo.
La caída sostenida en la tasa de natalidad, documentada por el INEGI, genera una presión acumulada sobre el sistema de pensiones, los servicios de salud pública y las finanzas nacionales, que ya enfrentan el doble peso de la deuda y de ingresos fiscales insuficientes. México aún no está preparado para este cambio. Diseñar políticas públicas que no solo atiendan a los adultos mayores, sino que fortalezcan la productividad, el empleo, los salarios y las prestaciones del conjunto de los trabajadores, tanto formales como informales, es una tarea que no puede postergarse más.
El envejecimiento de la población no es únicamente un tema social: es un desafío económico y un reto financiero de primera magnitud. Si no se toman decisiones a tiempo, el sistema de pensiones enfrentará presiones crecientes que comprometerán la estabilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones. Lo que está en juego es la garantía de condiciones básicas de vida digna para los adultos mayores: alimentación, vestido, salud, vivienda y oportunidades de desarrollo personal, sin que su bienestar dependa exclusivamente del apoyo familiar.
La dimensión del reto
Las cifras son contundentes. Hoy viven en México alrededor de 18 millones de personas mayores de 60 años. Para 2030 esa cifra superará los 23 millones, y para 2045 podría acercarse a los 33 millones, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En menos de una generación, el número de adultos mayores prácticamente se duplicará, mientras la proporción de trabajadores activos por pensionado seguirá reduciéndose. Esta dinámica, que ya presiona los sistemas de salud y vivienda, pesará con mayor fuerza sobre el sistema de pensiones en los años por venir.
Por ello, resulta indispensable comenzar desde ahora una estrategia nacional de largo plazo que fortalezca el sistema de pensiones y garantice su viabilidad para las próximas décadas.
Tres líneas de acción
A mi parecer, esta estrategia debe articularse en torno a tres grandes líneas:
Primera: ampliar la base de trabajadores que contribuyen al sistema. Más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal (INEGI, 2024) y no cotiza en ningún esquema de seguridad social. Incorporar gradualmente a estos trabajadores a mecanismos de ahorro y protección es una condición indispensable para ampliar la base financiera de las pensiones y asegurar su solvencia, sin que la factura recaiga cada vez más sobre el presupuesto público.
Segunda: impulsar una política económica que genere más crecimiento y más empleo formal. Un país que no crece difícilmente puede sostener sistemas amplios de protección social. La ecuación es directa: más inversión, más productividad y mejores salarios producen también un sistema de pensiones más robusto.
Tercera: explorar nuevas fórmulas de financiamiento que complementen los esquemas actuales, sin sustituir la responsabilidad del Estado.
Una propuesta concreta
Es en esta tercera línea donde propongo algo específico: la creación de un Fondo de Reserva y Complemento para la Pensión Universal, de naturaleza pública, con manejo profesional autónomo y participación privada únicamente en calidad de coinversión o administración especializada.
La operación sería clara: el presupuesto público seguiría cubriendo la pensión base, mientras que el fondo financiaría exclusivamente mejoras graduales, incrementos o apoyos complementarios. Sus fuentes podrían combinar aportaciones públicas, inversiones institucionales, rendimientos financieros de largo plazo y una porción de ingresos estratégicos del Estado.
La experiencia internacional respalda este tipo de instrumentos. Chile opera desde 2006 el Fondo de Reserva de Pensiones, diseñado específicamente para cubrir compromisos futuros del sistema previsional. Alaska gestiona desde 1976 el Alaska Permanent Fund, que distribuye dividendos anuales a su población a partir del rendimiento de los recursos naturales del estado. En ambos casos, los fondos actúan como respaldo financiero del Estado, no como sustituto de su responsabilidad social.
En el caso mexicano, este mecanismo podría no solo incrementar los recursos disponibles para los adultos mayores, sino también dar origen a programas etiquetados específicamente para los rubros básicos ya mencionados: alimentación, vestido, vivienda, salud y desarrollo personal. Para que funcione, será igualmente necesario mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos existentes, garantizando que lleguen a quienes más los necesitan y que formen parte de una estrategia integral, no de un subsidio básico que generalmente resulta insuficiente.
El momento de actuar
México todavía tiene margen para prepararse. El envejecimiento demográfico no debe leerse únicamente como una amenaza: también es una oportunidad para construir instituciones más sólidas, una economía más productiva y un sistema de protección social más justo y sostenible.
La pregunta de fondo no es cómo pagar las pensiones de hoy. Es cómo construir un país capaz de garantizar dignidad, seguridad y bienestar para las generaciones presentes y futuras. Esa es la conversación que México necesita tener, con urgencia y sin más demora.
