PorVictor Hugo Celaya Celaya..
La discusión sobre la reforma electoral que impulsa el actual gobierno rebasa con mucho lo técnico y lo administrativo. Se trata de una cuestión estructural con una orientación regresiva evidente. Para quien ha observado la vida política de México desde adentro, el debate de hoy trae consigo ecos inquietantes de un pasado que creíamos haber superado.
México arrastra una historia marcada por el presidencialismo exacerbado. En los últimos años, la cooptación de los poderes judicial y legislativo, sumada a una sobrerrepresentación legislativa artificialmente construida, concentró el poder en el Ejecutivo de una manera que el país no vivía desde los tiempos del partido hegemónico. Bajo ese contexto, cualquier modificación a las reglas del juego democrático exige análisis riguroso: histórico, jurídico y político.
Cuando una reforma pretende tocar la integración de las autoridades electorales, la representación proporcional, el financiamiento de los partidos o los mecanismos de competencia, el efecto rebasa el ajuste de un procedimiento administrativo. Lo que se redefine es el equilibrio entre gobierno y oposición. El reloj de la historia retrocede.
La reforma política de 1977
Para entender la gravedad del momento, es indispensable recordar la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles en 1977. Aquella transformación abrió la puerta a la representación proporcional, permitió la incorporación de fuerzas políticas hasta entonces excluidas y sentó las bases para desmantelar el sistema de partido hegemónico que dominó México durante décadas.
Aquella apertura respondió a una necesidad institucional precisa: evitar que el conflicto político derivara en ruptura social. Reyes Heroles entendió algo que hoy parece olvidado: un sistema político que cierra los cauces institucionales a la pluralidad termina viéndolos reventar por otro lado.
Desde esa reforma, México construyó, con avances y retrocesos, un entramado institucional orientado a separar al gobierno de la organización de las elecciones. La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los tribunales electorales especializados respondió a una larga lucha por garantizar imparcialidad, equidad en la competencia y certeza jurídica. La autonomía electoral surgió precisamente porque el país vivió las consecuencias de que el Ejecutivo fuera juez y parte en sus propias elecciones.
Lo que está en juego
Si esta reforma debilita la representación proporcional, centraliza la designación de consejeros bajo mayor influencia del poder político, o reduce la capacidad operativa de las autoridades autónomas, las consecuencias van mucho más allá de lo administrativo. El riesgo es sistémico.
La representación proporcional funciona como un mecanismo de inclusión plural que evita mayorías artificiales y obliga al diálogo legislativo. Su alcance va mucho más allá de favorecer a partidos pequeños: protege la diversidad política en el Congreso y obliga a los grandes actores a negociar. Reducirla o eliminarla fortalece a quien ya concentra el poder y debilita los contrapesos que toda democracia necesita. Según datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), los sistemas electorales con componentes proporcionales producen congresos más representativos y reducen significativamente la concentración de escaños en un solo partido o coalición.
La historia mexicana anterior a la apertura política ofrece una advertencia precisa. La concentración del poder produce simulación democrática, no estabilidad duradera. Durante la hegemonía partidista del siglo XX, México vivió elecciones sin competencia real, congresos subordinados al Ejecutivo y oposiciones marginales, prácticamente decorativas. La pluralidad actual, imperfecta, ruidosa, a veces incómoda, es el resultado de reformas sucesivas que hicieron posibles alternancias pacíficas: la primera en el año 2000, seguidas de cambios de gobierno sin ruptura institucional en 2006, 2012, 2018 y 2024.
La confianza pública y el árbitro electoral
La imparcialidad electoral no depende únicamente de la buena fe de quienes gobiernan. Depende de reglas claras y de órganos con autonomía financiera y técnica real. Debilitar esas bases bajo el argumento de austeridad o simplificación administrativa erosiona la confianza ciudadana, un activo que, una vez perdido, tarda décadas en reconstruirse.
En democracia, la percepción de imparcialidad importa tanto como la imparcialidad misma. Cuando la ciudadanía pierde confianza en el árbitro, los resultados electorales dejan de aceptarse con normalidad. Y cuando los resultados dejan de aceptarse, la estabilidad política se convierte en una apuesta diaria. Según el informe Latinobarómetro 2023, el apoyo ciudadano a la democracia en México se ubica alrededor del 47%, uno de los niveles más bajos de la región. Las reformas que concentran poder en lugar de distribuirlo agravan ese dato.
Una responsabilidad republicana
México enfrenta desafíos económicos, sociales y de seguridad que requieren instituciones fuertes y legítimas. Reformar el sistema electoral es válido, incluso necesario, cuando el objetivo es perfeccionarlo. Cuando la intención o el efecto práctico sea concentrar poder, desplazar a la oposición o diluir la autonomía institucional, la reforma adopta otro carácter: el de una regresión histórica.
La democracia mexicana nació del pluralismo y de la capacidad de reconocer que, en una sociedad diversa, la representación auténtica requiere reglas que ningún actor pueda modificar a su conveniencia. Preservar ese principio no es un acto partidista. Es una responsabilidad republicana que todos los actores políticos, sin excepción, deben asumir.
Quienes hoy tienen mayoría no siempre la tendrán. Las reglas que protegen al opositor de hoy protegen al gobernante de mañana. Eso distingue a una democracia de un sistema de poder circunstancial.
