Los Ángeles Press
El gobierno de Chiapas anunció la apertura de una investigación formal luego de que circularan a nivel nacional supuestas nóminas atribuidas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en las que aparece el nombre de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, excomisionado estatal de Seguridad en Chihuahua y actual titular de la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una indagatoria exhaustiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con el fin de esclarecer la veracidad de los documentos difundidos.
“De confirmarse la autenticidad de la información, se actuará con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable”, señaló el mandatario en un mensaje público, al subrayar que su administración no permitirá que se ponga en duda el trabajo de las instituciones de seguridad estatales.
Los señalamientos surgieron después de que medios locales de Chihuahua difundieran presuntos documentos localizados en inmuebles cateados durante un operativo federal en el que fue capturado y abatido “El Mencho”. En esos papeles, el nombre de Aparicio Avendaño estaría vinculado al alias “Pakal”, una referencia que coincide con la denominación de la corporación especial que actualmente encabeza en Chiapas.
Ante las acusaciones, el funcionario rechazó cualquier implicación con el crimen organizado y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para que el caso se investigue a fondo. También sostuvo que la dependencia a su cargo está abierta a cualquier revisión y que no se puede desacreditar a una institución sin pruebas concluyentes.
Aparicio Avendaño fue designado comisionado estatal de Seguridad en Chihuahua en diciembre de 2016, durante la administración del entonces gobernador Javier Corral. Permaneció en el cargo hasta mayo de 2020, cuando la corporación fue reestructurada y dio paso a la actual Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La investigación anunciada por el gobierno de Chiapas buscará determinar si los documentos difundidos son auténticos y si existe algún vínculo que pudiera derivar en responsabilidades administrativas o penales.
