Los coordinadores del PAN y del PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, respectivamente, anunciaron su rechazo a la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso, al considerar que no incluye mecanismos para sancionar con la pérdida del registro a los partidos que reciban recursos del crimen organizado, lo que —afirmaron— era el punto central que debía atender la propuesta.
La oposición acusó que la reforma no incorpora sanciones severas contra el financiamiento del crimen organizado en campañas y la califica como un intento de concentración de poder y debilitamiento institucional, mientras el bloque oficialista mantiene posturas diferenciadas y la discusión política se intensifica rumbo a la votación.
En entrevista, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, afirmó que la iniciativa no contiene medidas claras contra el financiamiento ilícito y criticó que ni siquiera mencione explícitamente al “crimen organizado”.
Sostuvo que la exigencia de su bancada era establecer como sanción la pérdida del registro del partido que recibiera recursos del crimen organizado.
Al no incluirse ese punto, dijo, el PAN votará en contra.
“El problema central de la democracia mexicana es que el narco financia campañas y coloca candidatos. La reforma debía resolver eso, pero no lo hace”, señaló.
Anaya también cuestionó la posibilidad de que el gobierno impulse un eventual “Plan B”, al advertir que podría tratarse de modificaciones a leyes secundarias que —desde su perspectiva— podrían contravenir la Constitución.
Además, acusó que el actual proyecto forma parte de una estrategia más amplia de concentración de poder y señaló que su partido considera que no existe disposición al diálogo por parte del oficialismo.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó la iniciativa como la “ley Maduro”, al sostener que representa un intento de control institucional similar a modelos autoritarios en América Latina.
Añorve aseguró que la propuesta busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) mediante recortes presupuestales y modificaciones al sistema de representación proporcional.
Comparó los recursos asignados al INE con el presupuesto de proyectos federales, al afirmar que el órgano electoral enfrenta limitaciones financieras frente a otras prioridades del gobierno.
“El PRI votará en contra. Es un atentado contra la democracia”, afirmó.
El senador también advirtió que la reforma podría afectar la libertad de expresión si se otorgan facultades para supervisar contenidos en procesos electorales.
Tanto PAN como PRI señalaron que otro de los problemas no resueltos es la llamada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, al cuestionar que un partido con determinado porcentaje de votos obtenga una proporción mayor de curules.
En contraste, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, reconoció la actitud de apertura y pluralidad de la presidenta respecto al debate de la reforma electoral.
Destacó que la mandataria ha mostrado disposición para escuchar distintas posturas, aunque mantiene una posición clara sobre su propuesta.
Velasco adelantó que su bancada avalará la reforma constitucional en materia de pensiones para servidores públicos, al considerar que se trata de una medida positiva que será aprobada en el Senado.
