La controvertida reforma al Poder Judicial, uno de los pilares de la actual administración, enfrenta un momento de definición en el Congreso. Durante esta semana, se intensificará el debate sobre la propuesta de elección directa de jueces y magistrados, con voces dentro del propio partido oficial, Morena, que plantean posponer parcialmente la elección. Propuestas como la del senador Luis Donaldo Colosio de aplazar la elección de 2027 a 2028 o 2029, y la de la magistrada Ana María Ibarra de introducir ajustes técnicos como exámenes de oposición, ganan terreno como alternativas a una elección popular que genera dudas sobre su viabilidad y riesgos de politización.
El debate refleja la creciente preocupación por las consecuencias de una reforma implementada de manera apresurada. A cinco meses de su implementación, la nueva Suprema Corte de Justicia es calificada por el sector empresarial como “errática y parcial”, lo que subraya la necesidad de un diseño institucional cuidadoso. La discusión legislativa de esta semana será clave para determinar si se impone la visión de una elección directa y universal, o si se abre paso un modelo híbrido que combine la legitimidad democrática con la capacidad técnica. La decisión final tendrá un impacto profundo en la independencia judicial, el estado de derecho y la confianza de los inversionistas en el país.
¿Cómo prepararnos?
- Analizar las diferentes propuestas de reforma judicial para evaluar su impacto potencial en la certeza jurídica y el ambiente de negocios.
- Establecer canales de diálogo con legisladores y actores clave para expresar la perspectiva del sector privado sobre la importancia de la independencia y capacidad técnica del Poder Judicial.
- Monitorear el proceso legislativo y prepararse para posibles cambios en el marco legal que puedan afectar contratos, inversiones y la resolución de disputas.
