*Una crisis que no solo sacude a Baja California, sino que expone las fisuras de un sistema político atrapado entre el poder, el crimen organizado y la presión internacional.
(Los Angeles Press)Por Tashiro Malekium…
En estos turbulentos días de enero de 2026, el rumor corre como pólvora por las calles de Tijuana, Mexicali y todo Baja California: ¿está a punto de renunciar la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda? No es un chisme de café, sino una hipótesis que gana fuerza con cada nueva revelación sobre investigaciones federales, vínculos con cárteles y presiones desde el norte. Como periodista que ha seguido de cerca el descubrimiento de la narco-política en nuestro estado, les digo: esto huele a crisis mayor. Y si cae, las repercusiones serán un terremoto que sacudirá no solo a Morena, sino a toda la sociedad bajacaliforniana.
Recordemos el contexto, porque aquí no hay inocentes casuales. Aunque todo lo reciente explotó cuando Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, soltó el bombazo el 21 de enero: exhortó a Ávila Olmeda a separarse del cargo, ya sea por licencia o renuncia, para garantizar transparencia en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por delitos graves: tráfico de armas, narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. Según denuncias, Torres recibía pagos mensuales de 150 mil dólares de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para permitir que Los Rusos —entonces brazo armado de una facción del Cártel de Sinaloa— operara a sus anchas en el estado. Y no es solo él: su hermano Luis Alfonso Torres Torres y otros cercanos, como el senador Armando Ayala Robles, aparecen en el radar de la FGR por nexos similares con el crimen organizado.
Al momento se desconoce el paradero de Carlos Torres y su hermano Luis. Y aunque los señalamientos formales están en contra de ambos hermanos, que hasta donde se tiene conocimiento se encuentran prófugos, estas investigaciones han puesto en el ojo del huracán a la propia gobernadora, quien no sale limpia de vínculos. Medios estadounidenses, como The New York Times, han reportado desde 2024 investigaciones de agencias de EE.UU. sobre aliados de Andrés Manuel López Obrador —y Ávila Olmeda es una de ellas— por posibles lazos con cárteles. En febrero de ese año revelaron pagos millonarios a políticos mexicanos para facilitar operaciones del narco. Para colmo, en mayo de 2025, el Departamento de Estado revocó las visas de Ávila Olmeda y Torres, citando “provisiones internas” que muchos ligan a lavado de dinero y vínculos con el crimen. Y resurgió esa foto de 2019 con Emmanuel “El Botas” Serrano, operador del Cártel de Sinaloa, que no es casualidad en un estado donde la violencia no da tregua.
¿Posibilidad de renuncia? Alta, amigos. No es un secreto que la presión de Washington es brutal, sobre todo con la administración Trump apretando por la “guerra contra el fentanilo”. Si EE.UU. exige extradiciones de “narco-políticos”, como reportan medios como Pie de Nota y Reuters, Ávila Olmeda podría ser la siguiente en la lista. En redes, el eco es ensordecedor: periodistas y analistas hablamos de una dimisión inminente para evitar un escándalo mayor. Pero ella lo niega rotundamente; dice que no hay nada en su contra y que seguirá gobernando. ¿Confianza o negación? Si hay que apostar, voy por lo segundo. En Baja California hemos visto casos similares: gobernadores bajo fuego que terminan cayendo por el peso de las pruebas.
Si Marina del Pilar no renuncia, muy posiblemente sería detenida. No por fuerzas mexicanas. Si esto pasara, explotaría una bomba. Políticamente, sería un golpe mortal para Morena en un estado fronterizo clave. El Congreso local, dominado por el partido guinda, tendría que nombrar un interino —quizá un aliado de Claudia Sheinbaum o del viejo círculo de Jaime Bonilla—, pero las luchas internas estallarían. Imaginen: facciones leales a AMLO versus la nueva ola, con el PAN oliendo sangre y exigiendo elecciones anticipadas para 2027. La oposición se fortalecería y el gobierno federal perdería credibilidad en su lucha anticorrupción. ¿Y las relaciones con EE.UU.? Peor: se vería como una concesión mexicana, erosionando la soberanía y frenando proyectos binacionales en la frontera.
Socialmente, el impacto sería devastador. Baja California ya es un polvorín: Tijuana entre las ciudades más violentas del mundo, con homicidios, extorsiones y migrantes atrapados en el caos. Si se confirma que el gobierno estatal facilitó al cártel, la confianza en las instituciones se irá al drenaje. Protestas de la sociedad civil, como las del SNA, se multiplicarían, y periodistas como yo enfrentaríamos más riesgos —ya sabemos de censuras bajo esta administración. Comunidades vulnerables sufrirían más: menos inversión, turismo en picada y una economía fronteriza asfixiada por el escrutinio migratorio. ¿Queremos eso? No, pero es lo que pasa cuando la narco-política infecta todo, como una bacteria que dejamos crecer.
En resumen, esta no es solo una crisis personal; es el síntoma de un sistema podrido donde Morena, esa “infección” que permitió llegar al poder a pesar de compromisos oscuros, ahora paga el precio. Estados Unidos lo sabía y dejó que pasara para que los ciudadanos seamos el antibiótico. ¿Renunciará Marina del Pilar? El tiempo lo dirá, pero si no lo hace, el escándalo la arrastrará. Estén pendientes, porque esto apenas empieza. Baja California merece transparencia, no más sombras.
