*Los documentos muestran cómo ICE operó como una estructura de inteligencia y control interno, al margen del escrutinio público.
Por Guadalupe Lizárraga
San Diego, CA— Durante meses, miles de personas fueron detenidas en operativos federales sin que nadie —ni comunidades locales, ni autoridades estatales, ni el propio Congreso— supiera con claridad qué estaba ocurriendo. Hoy, una serie de documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), filtrados al periodista Ken Klippenstein por un funcionario de la Patrulla Fronteriza, permite reconstruir ese periodo de operaciones silenciosas que reconfiguraron el alcance del poder migratorio en Estados Unidos.
Los documentos revelan que, entre finales de 2024 y la primavera de 2025, ICE ejecutó al menos 21 operativos de gran escala dentro del territorio estadounidense. En ese periodo se registraron errores graves de deportación, como el del centroamericano Kilmar Ábrego. Pero no se trató únicamente de redadas migratorias. Lo que se desplegó fue una expansión del aparato de control, con tácticas de inteligencia, agentes encubiertos y coordinación entre agencias, ejecutada bajo un nivel de secrecía que dejó fuera incluso a los mecanismos formales de supervisión pública.
Este documento demuestra que existe una estrategia coordinada, planificada y evaluada a nivel federal; además de que las detenciones fueron contabilizadas, centralizadas y reportadas internamente, aun cuando no se informó públicamente al Congreso. Revela el alcance nacional de las operaciones y fija las cifras oficiales:
- Total de operativos apoyados por USBP: 21
- Total de detenciones registradas: 6,852
Además, introduce el apartado de “Major USBP-Supported Operations”, donde se listan los operativos de mayor escala con sus resultados, entre ellos:
- Operation At Large (nacional)
- Operation Los Angeles
- Operation Tidal Wave (Miami)
- Operation Fleur de Lis (Nueva Orleans)
- Operation Abracadabra (nacional)
Los operativos de ICE
Este documento prueba operativamente cómo se ejecutaron los despliegues de ICE con apoyo de la Patrulla Fronteriza. Detalla operativos concretos, con fechas, ciudades, objetivos y número de detenciones, incluyendo:
- Operation Safeguard (El Paso): aplicación intensiva del Título 8.
- Operation Dust Off (Spokane): operativos de “barrido”.
- Operation Steadfast (San Diego): identificación de casas de seguridad.
- ERO Operation Charlotte (Charlotte): detenciones “at large”.
- Operation Benchwarmer (nacional): despliegue de más de 2,000 activos de inteligencia, generación de pistas judiciales y localización de inmuebles.
En conjunto, estas acciones derivaron en 6,852 detenciones. Para quienes las vivieron, no hubo comunicados oficiales ni advertencias previas. Hubo paradas de tráfico, revisiones “de rutina”, solicitudes de auxilio en carretera y encuentros cotidianos que terminaron en arrestos. En otros casos, los operativos escalaron a agresiones físicas, uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y, en varias ciudades, disparos fatales, como la reciente muerte de Renée Good en Minneapolis. En muchos de estos episodios, el contacto inicial no correspondía a una redada migratoria convencional.
Los informes internos describen una estrategia que prioriza la presencia masiva de agentes dentro del país, la colaboración constante con policías locales y el uso de personas detenidas como fuentes de información. La Patrulla Fronteriza —tradicionalmente asociada a la línea que divide Estados Unidos y México— aparece en los documentos como fuerza de apoyo interior, activa en al menos 19 ciudades, muchas de ellas alejadas de la frontera.
Operativos como Benchwarmer y Abracadabra marcan un punto de inflexión. ICE ya no solo detiene: recolecta inteligencia, identifica redes, genera pistas judiciales y amplía su radio de acción más allá del mandato migratorio. En la práctica, los documentos filtrados a Klippenstein dibujan una estructura policial paralela, caracterizada por la opacidad pública y la ausencia de rendición de cuentas.
Este documento enumera los operativos de mayor escala ejecutados por ICE con apoyo directo de la Patrulla Fronteriza, detallando ciudades, fechas, personal desplegado, tácticas y número de detenciones. Es el documento que muestra la expansión territorial concreta de ICE dentro del país, no sólo en la frontera.
Operation At Large (nacional)
- 210 agentes del USBP desplegados en 19 ciudades.
- Objetivo: ejecutar órdenes finales de deportación.
- 1,953 detenciones.
Operation Los Angeles (California)
- Despliegue el 6 de junio de 2025.
- Apoyo a ICE ERO en control migratorio y gestión de disturbios y protestas.
- Hasta 367 agentes desplegados.
- 474 detenciones.
Operation Tidal Wave (Miami)
- En curso desde abril de 2025.
- Detenciones mediante paradas de tráfico y asistencia vial.
- Aporte diario de 50 agentes del USBP.
- 2,873 detenciones.
Operation Fleur de Lis (Nueva Orleans)
- Vigente de octubre de 2024 a septiembre de 2025.
- Objetivo: desarticulación de organizaciones criminales.
- 692 detenciones.
Operation Abracadabra (nacional)
- Uso de inteligencia obtenida de personas bajo custodia.
- Vinculación directa con Benchwarmer.
- 466 detenciones y 199 eventos operativos.
Operation Patriot y SOG Operation Red Card (Boston)
- Operativos intensivos con despliegue 24/7 y fuerzas tácticas especiales.
- 201 detenciones combinadas.
Detenciones como fuente de información
Uno de los operativos más amplios, Operation Tidal Wave, se concentró en el área de Miami y se ejecutó en dos fases durante 2025. Participaron las divisiones HSI y ERO de ICE, junto con fuerzas locales. El resultado: 2,873 personas detenidas mediante interacciones cotidianas que, en apariencia, no parecían operativos federales.
Otro programa, Operation Abracadabra, explicita una lógica más profunda: utilizar a personas detenidas como insumos de inteligencia. El objetivo, según el documento, es conectar la información obtenida en detenciones con nuevas acciones operativas. Este esquema ha producido 466 eventos, muchos derivados de casas de resguardo de evidencia y de referencias cruzadas entre bases de datos.
Benchwarmer, por su parte, desplegó más de 2,000 activos de inteligencia en todo el país. De estas operaciones surgieron 492 pistas procesables para fiscales y la localización de 135 inmuebles vinculados a actividades delictivas. La información se obtuvo, en buena medida, fuera de entrevistas formales: agentes encubiertos infiltrados en traslados, zonas restringidas y celdas de detención.
Un poder autoritario que crece en silencio
Los documentos muestran que ICE actuó en coordinación estrecha con otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo el Servicio Federal de Protección y el Servicio Secreto. Operativos menos visibles —como Dust Off en Spokane o United Forces en Grand Forks— siguieron el mismo patrón: identificar, localizar y detener personas bajo el argumento de supuestos antecedentes criminales.
Sin embargo, investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos han demostrado que solo alrededor del 7% de las personas detenidas tenía antecedentes penales, lo que contradice el discurso oficial que justifica estos despliegues como acciones focalizadas contra el crimen.
La expansión operativa de ICE ocurrió mientras el DHS se consolidaba como la mayor fuerza federal de aplicación de la ley, incluso por encima del FBI en número de agentes y presupuesto, y mientras los recursos de ICE se orientaban casi por completo a operaciones policiales.
Klippestein contrastó los documentos filtrados con un funcionario que confirmó que el objetivo no era exclusivamente migratorio. “Esto forma parte de una estrategia más amplia de recopilación de inteligencia, que incluye cárteles, movimientos sociales considerados radicales y otros objetivos definidos como amenazas internas”, explicó bajo condición de anonimato.
Comunidades bajo vigilancia
En ciudades como Miami, Nueva Orleans y Los Ángeles, organizaciones comunitarias documentan un clima persistente de miedo, tensión e indignación. Los hechos recientes en Minneapolis han intensificado las protestas y las exigencias de rendición de cuentas frente a los agentes federales, impulsadas en su mayoría por ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, en las comunidades migrantes el impacto es silencioso: personas que evitan salir de sus hogares, familias que se retraen del uso de servicios públicos y barrios enteros que interpretan cualquier contacto con la autoridad como un riesgo elevado.
Con el Congreso ausente y la ciudadanía privada de información básica y de garantías efectivas de respeto a los derechos humanos, estos operativos avanzan sin freno, normalizando la violencia institucional y el autoritarismo. En la práctica, redefinen quién es considerado sospechoso, quién puede ser expulsado del país y quién queda excluido incluso de la protección mínima del escrutinio público.
