Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
En el vodevil político nacional, pocas funciones resultan tan predecibles como el enredo interno del PAN, la solemnidad inflamable del PRI y la perseverancia del gobierno federal por administrar la seguridad con la mezcla exacta de presión internacional y cálculos de oportunidad. Esta semana ofreció un capítulo que, de no ser real, sonaría a ficción escrita con prisas: la oposición fragmentada, la Fiscalía estrenando titular y Washington recordándole a México —otra vez— que la cooperación binacional no es una cortesía, sino una exigencia.
De Movimiento Ciudadano ya nada sorprende; sabemos que son los aliados útiles del régimen. Sin embargo, el episodio panista merece mención especial. No porque sorprenda, sino porque confirma que la coordinación interna es una aspiración más que una práctica. La elección de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República no sólo dejó al descubierto que sus senadores no logran caminar en bloque, sino que exhibió la distancia entre dos jefaturas: la institucional, de Jorge Romero; y la simbólica de Ricardo Anaya. Tres votos azules a favor de Godoy y once papeletas arruinadas con creatividad adolescente bastaron para que el coordinador saliera a explicar lo inexplicable. En política, cuando un partido tiene que aclarar públicamente cómo sí votó, algo salió mal.
La escena se volvió más incómoda cuando la burla externa se volvió parte del espectáculo. Adán Augusto y Alejandro Moreno encontraron en el tropiezo panista una oportunidad para exhibir a quien aspira a dirigir la oposición en 2027. La risa de los adversarios siempre duele, pero duele más cuando quienes se ríen tienen amplia experiencia en desorden propio.
Mientras la oposición juega a armar rompecabezas con piezas que no corresponden, la seguridad nacional vive tiempos de diplomacia acelerada. La relación entre la nueva fiscal Ernestina Godoy y Omar García Harfuch revive una mancuerna probada en la Ciudad de México, pero ahora con un tablero más amplio y un público menos paciente: la Casa Blanca. Washington pide golpes certeros al crimen organizado, México pide tiempo para evitar incendios como los que siguieron al “Culiacanazo”, y ambos negocian con la vista puesta en el Mundial de 2026. El deporte une a los pueblos, dicen. También acelera extradiciones.
Los datos de cooperación, interoperabilidad y seguimiento de armas presentados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia suenan bien en el papel. La duda es si sobrevivirán el aterrizaje presupuestal, la coordinación real entre fiscalías estatales y, sobre todo, la tentación de usar la justicia como herramienta política. En un país donde cada institución enfrenta presiones cruzadas, la interoperabilidad funciona siempre y cuando nadie decida desconectar el cable por conveniencia.
Entre tanto, el PRI hizo lo que mejor sabe hacer: declararse listo. Para 2027, para 2030, para lo que se ofrezca. En la instalación del Consejo Político Nacional, Alejandro Moreno presentó al partido como la oposición más consistente, como si el pasado reciente no incluyera disputas internas, abandonos y votaciones inciertas. Pero en algo tiene razón: la oposición requiere definiciones y no simulaciones. Lo difícil es que las definiciones lleguen sin que cada fuerza política exija ser la protagonista exclusiva.
Alito denunció la persecución política del gobierno y reivindicó el papel del PRI como contrapeso. Su narrativa, no obstante, tropieza con la memoria de un electorado que ya no compra discursos sin cifras. Para ser oposición efectiva no basta con decir “no”; hace falta demostrar que existe un “cómo sí”. El riesgo de no hacerlo es que la ciudadanía termine viendo a toda la clase política —de un color y de otro— como parte del mismo espectáculo repetido: el de las acusaciones estruendosas sin resultados concretos.
Al final, esta semana sirvió para recordarnos que el país enfrenta retos que no caben en comunicados partidistas ni en deslindes de último minuto. La violencia no espera a que la oposición se ordene, ni a que el gobierno afine su relación con Washington, ni a que el PRI decida cuál será su estrategia definitiva. La seguridad, la justicia y la democracia requieren algo que parece escasear: seriedad. No esa que se declama en los micrófonos, sino la que se ejerce en los hechos.
Y en eso, todos —sin excepción— siguen debiendo.
APUNTES CLAVE:
AGUAS: La bancada priista denunció que Morena aprobó una ley de aguas sin consultar a pueblos originarios y sin debatir su contenido, pese a tratarse de un dictamen de más de 500 páginas. Rubén Moreira advirtió que la reforma afecta a campesinos y pequeños productores al restringir la transmisión de concesiones, exigir nuevos costos y permitir prácticas que benefician a grandes acaparadores. También acusó que la legislación busca usar el control del agua como herramienta política y que fue votada con improvisación y sin análisis en ambas cámaras. //TRANSFORMACIÓN: La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo la celebración por los siete años de la Cuarta Transformación, ante unas 600 mil personas, donde destacó avances en soberanía energética, economía, empleo y reducción de la pobreza. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reafirmó su respaldo al movimiento y señaló que en el estado se aplica un modelo basado en bioética social y humanismo mexicano para fortalecer seguridad y bienestar. Sheinbaum subrayó que la Transformación implica una nueva ética pública centrada en el servicio al pueblo, la honestidad y valores como paz, libertad y democracia. //SEGALMEX: La diputada Noemí Luna pidió a Sader y Segalmex abrir de inmediato los 52 centros federales de acopio de frijol en Zacatecas, ante retrasos que han pospuesto la recepción de la cosecha 2025 desde octubre. Solicitó garantizar un precio justo y mecanismos transparentes para el pago a productores, además de liberar el inventario 2024 que mantiene llenas las bodegas. La legisladora advirtió que la producción estatal podría alcanzar hasta 400 mil toneladas, por lo que urge resolver el problema de acopio. //ASAMBLEAS: El Instituto Electoral de la Ciudad de México recordó que el 15 de diciembre vence el plazo para que las organizaciones ciudadanas que buscan constituirse en partidos políticos locales concluyan sus asambleas. De acuerdo con la convocatoria, deben realizar 22 asambleas distritales o 11 por demarcación, con verificación y certificación del IECM. Las organizaciones también deberán celebrar una asamblea constitutiva y podrán continuar el proceso de afiliación hasta el 15 de enero de 2026.
