*La desinformación de García Harfuch confirma un patrón de encubrimiento institucional en la investigación del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.
Por Guadalupe Lizárraga
No es la primera vez que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, miente en una investigación criminal de alto perfil. En el caso Iguala lo hizo al afirmar que se encontraba en Michoacán el 26 de septiembre de 2014, día en que se perpetró la desaparición forzada de los 42 estudiantes y de un militar infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa. Sin embargo, el Grupo Pascal Bourne, integrado por investigadores independientes, demostró que, en realidad, García Harfuch no sólo había estado en reuniones de mando en Guerrero ese día, sino que había dado las órdenes para emboscar a los estudiantes.
Ahora, en la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan que enfrentaba la hostilidad del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, García Harfuch vuelve a mentir. En este caso, desde los primeros tres días difundió información falsa sobre uno de los presuntos sicarios: proporcionó una identidad inexistente, confundió a la opinión pública y la promovió en sus redes con su imagen personal, sin llegar nunca a corregir el desatino.
El portavoz del Grupo Pascal Bourne, quien trabaja una línea de investigación paralela en torno al asesinato de Manzo, señaló que no hay duda de que el crimen fue resultado de una operación política coordinada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y funcionarios del gobierno de Michoacán, encabezado por Ramírez Bedolla.
“Un asesinato de alto impacto, como fue el del presidente municipal de Uruapan, quien se movía con un enorme aparato de seguridad —con una veintena de escoltas integrados por agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y su propio equipo— no pudo haber sido perpetrado por tres o cuatro jóvenes burlando todos los cercos”, señala el investigador tal como lo afirmó ayer García Harfuch.
Las afirmaciones, respaldadas en el análisis cronológico del video más extenso disponible del atentado —previo al ataque y sin cortes—, cuestionan de manera directa la versión oficial difundida por la Fiscalía de Michoacán y replicada por el gabinete de seguridad federal. Pero revela también la manipulación del video para respaldar la primera identidad falsa que difundió García Harfuch la tarde del 3 de noviembre como un acto de “eficacia” en la investigación.
La noche del 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan recorría la Feria de las Velas rodeado de familias. Entre saludos y explicaciones del evento ante el camarógrafo que transmitía en vivo, Manzo abrazó a su hijo y continuó el recorrido cargándolo. A unos pasos, a menos de tres metros, el camarógrafo captó fugazmente a un joven con sudadera gris y pelo negro que cruzaba entre la multitud mirando hacia el escenario. Esos instantes —seis segundos— serían después utilizados para convertirlo en el rostro mediático del supuesto “sicario” que terminó con la vida del alcalde.
Pero esa imagen, de 152 frames —un cuadro iluminado por las luces de feria, ampliado con un círculo rojo y difundido con estridencia en redes y noticieros— no provenía de la investigación oficial ni fue extraída del video con rigor forense. Era apenas una silueta, una presencia entre sombras. Y, sobre todo, no era la persona que mató a Manzo. Lo que vino después fueron versiones institucionales contradictorias, construidas a toda prisa.
El error de García Harfuch y del gabinete de seguridad no sólo fue “un dato impreciso”: fue el disparador de una cadena de desinformación que confundió a la opinión pública y desvió la atención de los verdaderos indicios.
El rostro del joven del video —con sudadera gris, una supuesta actitud intimidante y acercándose a Manzo—, al que nadie ha identificado oficialmente pero al que todo el aparato mediático le pegó el nombre de Osvaldo “El Cuate” Gutiérrez Vázquez, es una manipulación digital.
El 4 de noviembre, dos días después del asesinato, Omar García Harfuch afirmó públicamente que el agresor era “Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate”, de 19 años, familiar de un hombre apodado «El Prángana», presunto operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. No presentó evidencia. No mostró expediente. No exhibió detenido ni cadáver. No acreditó el parentesco, domicilio o algún registro digital.
Solamente proporcionó un nombre —y un alias— que fue repetido por los medios sin cuestionar su origen.
La única imagen disponible para ilustrar esa versión era una captura tomada de redes sociales: el joven con sudadera gris y pelo negro que camina cerca del alcalde, marcado con un círculo rojo. Nadie explicó quién la tomó, de qué momento provenía, ni por qué debía aceptarse como prueba de identidad. Tampoco coincidía con ningún fotograma del video oficial. Su origen era tan incierto como el nombre que García Harfuch había pronunciado ante los medios y que sigue promoviendo en su canal México Ataca, alimentado con inteligencia artificial.
El análisis de FotoForensics revela que la imagen fue procesada por un servicio de Google (posiblemente Chrome, Google Photos, Android WebView, o fue descargada/redimensionada por su ecosistema) y que no es original de una cámara. Proviene de un archivo JPEG recomprimido y redimensionado, y los metadatos no contienen información de cámara, lo cual indica que sufrió una pérdida completa de EXIF original, típica de imágenes descargadas en línea, reenviadas o capturadas en pantalla.
- Análisis visual: la imagen de la derecha, es el supuesto “Cuate”, en una imagen borrosa, nocturna, con luces de patrulla y fuerte ruido digital. La diferencia de calidad entre ambas mitades es extrema y revela que no fueron tomadas en el mismo momento ni con el mismo dispositivo. El círculo rojo que encierra al joven es un añadido gráfico, no un elemento propio de cámaras policiales ni de videovigilancia. Es una imagen ensamblada con propósito editorial: contrastar artificialmente a “víctima” y “agresor”.
- Análisis forense: El archivo carece de metadatos propios de una fotografía original. El perfil ICC corresponde a Google Inc. 2016, un valor genérico agregado por software, no por la cámara que tomó la imagen. La indicación “No profile” señala que se eliminó el perfil de captura real, algo típico cuando se recorta, combina o guarda una composición desde un editor o desde Google Fotos. Además, la ausencia de EXIF —modelo de cámara, hora, GPS, software de captura— confirma que la imagen no proviene de un dispositivo fotográfico directo. Es, técnicamente, una imagen editada cuyo origen no puede rastrearse.
- Análisis del sicario: Ésta es la primera fotografía en la que aparece el presunto “Cuate”, y llega ya distorsionada, recortada y sin metadatos, presentada como “prueba” pero sin fuente verificable. El rostro del joven está sobreexpuesto, sin contornos definidos, con artefactos de compresión y distorsión cromática, lo que impide cualquier identificación seria. No coincide con ningún otro registro: no hay perfiles digitales, antecedentes, ni una fotografía oficial emitida por la Fiscalía.
El análisis forense y la verificación documental demuestran que la identidad del supuesto “Cuate” fue una fabricación institucional. La fotografía que se divulgó como su rostro no proviene del video del evento, no coincide con el sujeto captado en la escena, y por supuesto no corresponde al joven que la fiscalía presentó como autor material del crimen.
El verdadero sicario, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue detenido vivo y ejecutado minutos después por un elemento policial, el 6 de noviembre, intentando cerrar abruptamente un caso que, desde su origen, fue manipulado para encubrir la falta de investigación real. También hubo desinformación en el ejecutor del sicario; primero se dijo que había sido un elemento de la Guarda Nacional, y Harfuch dijo que era un elemento de la propia escolta municipal de Manzo. Sus palabras exactas fueron las siguientes:
- «No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, fue uno de sus propios escoltas quien abatió al agresor».
La mentira del “Cuate” sostenida por García Harfuch no sólo desvió la atención pública, sino que encubrió una ejecución extrajudicial y entorpeció la investigación detrás del asesinato del alcalde Manzo.
Después de diez días de silencio de García Harfuch, el 14 de noviembre el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, respondió a los medios que preguntaban si las dos personas asesinadas en una carretera de Uruapan, el lunes 10 de noviembre, estaban relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo. El fiscal dijo: “es lo que estamos cotejando, esperemos tener más datos y compartirles a detalle cualquier situación sobre este tema, en particular de Carlos Manzo”.
El portavoz del Grupo Pascal destaca a Los Ángeles Press que el fiscal no afirmó de manera contundente ni fue categórico al responder “es lo que estamos cotejando”; es decir, la fiscalía seguía todavía en una fase de investigación.
Sin embargo —señala el portavoz—, esta declaración fue posterior a la del gobernador, quien sí afirmó, y así lo replicaron los medios, que esos dos occisos estaban ligados al asesinato de Carlos Manzo. Esto significa que, hasta el viernes pasado (14 de noviembre), el fiscal de Michoacán no había confirmado plenamente esa versión, mientras que el gobernador ya la daba por hecho.
Insistió el portavoz a esta periodista, “el que tiene la investigación es el fiscal del estado, no el gobernador, y hasta esta hora no ha confirmado la FGE, ni tampoco tiene una evidencia que pueda ofrecer en una rueda de prensa. Nada hasta el día de hoy. No hay evidencias, no hay videos, no hay indicios, nada con qué sostener que estos dos asesinados estaban vinculados al sicario de Paracho, y por tanto al asesinato del alcalde”.
El único dato de identidad de uno de los cuerpos fue el nombre de “Josué, de 16 años”, mientras que del otro cadáver no se aportó ningún dato. Pese a ello, el gobernador confirmó que ambos estaban involucrados en el crimen contra Manzo y que los cadáveres habían sido encontrados a un costado de la carretera Uruapan–Paracho.
El silencio de García Harfuch se prolongó varios días más. El 19 de noviembre, en su papel de secretario de Seguridad, volvió a presentarse ante los medios. Esta vez para informar que los dos muertos hallados a un costado de la carretera de Uruapan no sólo estaban involucrados en el crimen, sino que eran los autores intelectuales y colaboraban con otro personaje al que identificó como “Jorge Armando”, alias “El Licenciado”. Según las declaraciones de García Harfuch, era él quien daba instrucciones por mensajes de WhatsApp a los cómplices del sicario y había sido ubicado en la colonia Centro de la ciudad de Morelia.
A esto, García Harfuch añadió dramatismo —no sin tropezar en su lectura sobre los supuestos hechos— aludiendo a las tareas de inteligencia realizadas por su equipo y a un fuerte operativo para detener a los responsables.
Con esta nueva narrativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concluyó que “la detención de El Licenciado es un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque”.
El fiscal Carlos Piña no volvió a aparecer en público.
