*La acción también coloca bajo escrutinio las relaciones empresariales y políticas del gobernador Alfonso Durazo Montaño en Sonora.
Los Ángeles Press
El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tras una investigación de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) relacionada con actividades de contrabando de combustible y lavado de dinero.
De acuerdo con información obtenida por El Congresista, Durazo Chávez figura como socio en una red de empresas vinculadas a operaciones ilícitas, junto al exmarino Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia y señalado por encabezar una estructura dedicada al robo y tráfico de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.
La revocación de la visa forma parte de una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para negar el acceso migratorio a individuos bajo investigación por delitos financieros o vínculos con el crimen organizado. Fuentes federales confirmaron que la medida se ejecutó en octubre de 2025, tras el cruce de información entre agencias estadounidenses y mexicanas.
Documentos de la investigación señalan que Durazo Chávez y Farías Laguna compartían participación en compañías registradas en Sonora y Baja California, utilizadas para simular operaciones de importación de combustible y transferencias transfronterizas de capital.
Hasta el momento, ni el gobernador ni su hijo han emitido declaración pública, pero la medida ha generado repercusiones en el entorno político sonorense y pone bajo escrutinio las relaciones empresariales de la familia Durazo en la región fronteriza.
Patrón de sanciones a políticos y empresarios mexicanos
La revocación de visas a figuras públicas mexicanas por parte del gobierno estadounidense se ha intensificado en los últimos meses como parte de una política más amplia de control fronterizo y combate a las finanzas ilícitas. En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a Jesús González Lomelí, empresario vinculado al Cártel de Sinaloa y a la exalcalde de Rosarito Hilda Araceli Brown por los mismos vínculos. En Baja California, la cancelación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres Torres, así como al esposo de la alcadesa de Mexicali Norma Bustamante, todos ellos personas de interés para las autoridades estadounidenses.
Otra revocación de la visa estadounidense fue para Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario del ramo de la seguridad privada y los blindajes, por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras y lavado de dinero, muy cercano al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso penal por narcotráfico en EEUU. El socio de Margolis en el mismo sector empresarial, Eduardo Mizrahi es otro empresario con contratos con dependencias federales mexicanas, quien fue incluido en la medida restrictiva.
Estas acciones reflejan una tendencia creciente de Washington a aplicar sanciones migratorias y financieras a empresarios y funcionarios mexicanos, particularmente en casos donde existen nexos entre política, negocios y estructuras criminales. La revisión de antecedentes financieros y corporativos forma ya parte del nuevo protocolo de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos, orientado a contener el flujo de capital ilícito y la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.
