Por Norberto López Zuñiga…
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, marca un punto de inflexión en el estado de Michoacán y de su gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, un morenista al que sus adversarios acusan de encabezar un “Estado fallido”.
En los cuatro años que lleva en el poder, Bedolla ha visto una violencia desbordante ocurrir bajo su gestión: extorsiones, cobro de piso, pugnas territoriales entre cárteles del narcotráfico, el asesinato de personajes como el líder limonero Bernardo Bravo; pero el magnicidio de Carlos Manzo es, además de indignante, un golpe político devastador para el morenista.
Michoacán, un estado gobernado por Morena, está en el epicentro de la crisis de violencia nacional. Su asesinato no es un hecho aislado, sino el punto más álgido de un patrón de agresiones ocurridas durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
El crimen sacudió al país y representa un golpe político devastador para el gobernador, pues cuando el partido guinda asumió el poder en 2021, la narrativa oficialista prometía estabilidad y paz, generando grandes expectativas en un estado históricamente azotado por cárteles y las crisis de los gobiernos anteriores.
Veamos el contexto, Michoacán fue el epicentro del inicio de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, y que fue reprochada por Manzo en la máxima tribuna del país, en el Congreso de la Unión.
Sin embargo, a cuatro años de la llegada de Morena al estado, la violencia se ha exacerbado. La lista de funcionarios caídos bajo el gobierno de Bedolla es alarmante, el asesinato de Manzo es el séptimo de un alcalde en funciones, sin importar su filiación partidista.
Este panorama se refleja en las cifras: desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2025, Michoacán ha registrado 7 mil 448 homicidios dolosos; más de 3 mil personas desaparecidas, y muchas víctimas de reclutamiento forzado.
Además de los ataques directos a la autoridad, el crimen organizado ha sofisticado su operación a través de la extorsión en actividades económicas esenciales de Michoacán, como a los productores de limón y aguacate, quienes sufren un cobro de piso sistemático a través de cuotas.
El reciente asesinato de Bernardo Bravo, un líder limonero que se atrevió a denunciar las presiones, subraya la impunidad y la falta de una estrategia efectiva para proteger a los productores, quienes han sido desplazados y afectados gravemente.
Mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y otros grupos se disputan puntos estratégicos como Uruapan y Apatzingán, miles de michoacanos continúan lidiando con una violencia que, lejos de ser controlada, ha devorado la promesa de paz del gobierno “fallido” de Ramírez Bedolla.
Y por otra parte, el cuerpo del atacante permanece sin ser reclamado, lo que abre hipótesis sobre el objetivo final: no sólo eliminar a la autoridad municipal, sino enviar un mensaje de control territorial.
Bajo este contexto, el homicidio del alcalde exhibe la fragilidad de los mecanismos de prevención y reacción en un municipio clave por su peso económico y logístico en Michoacán.
Este hecho obliga a revisar protocolos de seguridad para alcaldes y cabildos en zonas de riesgo, así como la coordinación operativa entre estado y federación.
Por otra parte, el PAN ve a Michoacán rebasado por la violencia. Los legisladores blanquiazules que el gobierno michoacano de Ramírez Bedoya ya perdió el control, que los alcaldes pagan “cuota” y que los grupos delictivos son los que deciden quién gobierna y quién no.
“Ya ni los abrazos alcanzan”, murmuran entre pasillos del Congreso. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, destapó la olla, lo habían amenazado, denunció la colusión de policías y aun así lo mataron en plena plaza.
En el PAN aseguran que no fue un caso aislado, sino prueba de un Estado rebasado. Pero en Morelia, el gobierno presume que bajaron los homicidios un 60%, como si los muertos fueran problema de estadística.
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