Ante el “éxito” y riqueza inexplicable de los notarios como el senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien presume, reloj en mano Patek Philppe -con valor de hasta más de un millón de pesos-, haber sido el mejor notario en México, el diputado de la bancada guinda Alfonso Ramírez Cuéllar urge a reformar las reglas de operación del notariado mexicano.
El vicecoordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados advierte que se han detectado diversas prácticas irregulares que ponen en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos y la integridad de las instituciones, al dar fe a empresas ‘fantasma’ o ‘espejo’ en perjuicio de las arcas públicas y de los ciudadanos al acreditar despojos de sus viviendas.
“Se ha dado fe de la creación de más de 1,100 empresas fantasma o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), utilizadas para defraudar a la Hacienda pública, cuando el notariado debe ser un pilar de confianza, no un punto débil del Estado de derecho. Reconozco que muchos notarios han mostrado los más altos niveles de profesionalismo y honestidad en todo el país. Pero también es momento de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas de los fedatarios públicos”, dijo el diputado morenista.
“Es necesario cerrar aún más los huecos legales que permiten la existencia de factureras. El papel de los notarios es fundamental en nuestro sistema jurídico, y debemos darles herramientas para que contribuyan con el Estado a combatir esa problemática”, enfatizó
Alfonso Ramírez Cuéllar señaló también que ha identificado casos de ‘cárteles inmobiliarios’ en los que notarios facilitaron fraudes de despojo, permitiendo la venta irregular de terrenos y viviendas mediante la falsificación de documentos y la simulación de operaciones.
Explicó que, en materia económica, el sistema notarial también ha sido señalado por representar barreras a la competencia y a la inversión. La autoridad de competencia ya ha advertido las restricciones excesivas en el acceso a la función notarial constituyen obstáculos estructurales para el libre mercado.
“La inseguridad jurídica desincentiva la inversión y frena la actividad económica, porque aumenta los riesgos para las empresas, los inversionistas y los ciudadanos”, subrayó.
