Cuando se escriba la historia del sexenio de López Obrador habrá que recurrir al Diario de los Debates para documentar cómo se fue enterrando la estrategia de abrazos, no balazos.
Serán fuentes de obligada consulta los posicionamientos que, en el sexenio anterior, Morena, PT y PVEM hicieron para justificar la inacción, alegando que, en seguridad, debían atenderse las causas de la violencia.
Esa memoria parlamentaria permitirá documentar la transición que, con la presidenta Claudia Sheinbaum, experimentan ahora los legisladores del oficialismo, al convertirse en portavoces de la innegable realidad.
Nos referimos al señalamiento del poder que las organizaciones delictivas ejercen en México mediante la extorsión, al grado que los diputados la calificaron este martes como “el impuesto del crimen”.
Y es que la sesión del 9 de septiembre no dejó lugar a dudas sobre la gravedad que entraña el cobro de derecho de piso y el reconocimiento que de su alza en los últimos siete años tienen el gobierno y sus diputados.
Aquí algunos ejemplos:
Leonel Godoy Rangel (Morena): “En 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 2025 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58% en tan sólo seis años”.
Viridiana Cornejo Gómez (Morena): “En lo que dura esta intervención ocurrirán tres extorsiones más, los números son devastadores, 4.9 millones al año, según el Inegi, 30 familias cada hora viven el terror de una amenaza”.
Carlos Hernández Mirón (Morena): “Es el Estado de México, Guanajuato es el segundo lugar con más extorsión, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero, ésas son las entidades federativas (con más casos)”.
Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM). “En muchas regiones del país la extorsión ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sistemática que desafía la autoridad del Estado”.
Ruth Silva Andraca (PVEM): “En los recientes años, la extorsión se ha convertido en una verdadera pesadilla para comerciantes, transportistas, campesinos, adultos mayores, a las mujeres que sostienen sus hogares con trabajo honesto”.
Mary Carmen Bernal (PT): “Se trata de un sistema delictivo que se ha convertido en un verdadero impuesto criminal, que paraliza la economía, debilita el tejido social y golpea, sobre todo, a quien menos tiene”.
Lilia Aguilar Gil (PT): “El delito de la extorsión desgraciadamente representa la evolución del crimen en este país. La gente piensa que la maldita herencia neoliberal de que el que la hace no la paga se sigue repitiendo, porque la gente piensa que denunciar es una pérdida de tiempo, o hay desconfianza en las autoridades”.
Ricardo Mejía Berdeja (PT): “A los grupos delictivos que han hecho de la extorsión su negocio, les decimos: su modelo se les acabó, vamos por sus rutas, sus cobradores, sus jefes de plaza y su dinero con la ley, con inteligencia y con Estado presente”.
Diputados afines al gobierno y del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en las cifras y en que 96% de las extorsiones no se denuncian; y que sigue pendiente la intervención en los penales, donde el delito se opera telefónicamente.
Y si bien PAN, en voz de Fernando Torres Graciano habló de la extorsión de funcionarios a gasolineros e Israel Damián Retes de la complicidad por corrupción o ineptitud de Morena de 2018 a la fecha, las acusaciones contra los grupos criminales provinieron de la mayoría gobernante.
La morenista Xóchitl Zagal se refirió al cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Sindicato Libertad, la Organización Sindical Unión 30, Sindical Los Mayas y ACME.
El petista Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad, acusó a la Familia Michoacana de cobrar cuotas por carne, huevo, pollo, refrescos y de someter y matar a los alcaldes en estado de México, Guerrero y Michoacán; y a la Unión Tepito por extorsionar a comerciantes, locatarios y choferes en la CDMX y Cártel del Noreste, herederos de los Zetas, por asaltar tráileres en la frontera.
Podría resultar trivial y rutinario que en un parlamento se dé testimonio del peso que el crimen organizado tiene en una sociedad, condicionando las libertades ciudadanas, el comercio y la paz comunitaria. Pero en México, después de más de seis años de falacias y consignas que ignoraron el avance de ese poder paralelo, es una gran noticia que se hable en voz alta de cómo la extorsión socava la seguridad y la salud mental.
Y eso es lo que sucedió en San Lázaro, donde por unanimidad, las seis bancadas aprobaron la reforma que faculta al Congreso a generar un marco jurídico que persiga y castigue este delito. Con 474 votos se expresó el consenso para que el Estado afrontar a ese poder de facto que ahora, por fin, se considera nocivo y contrario a la sociedad,
Y aunque faltan el aval del Senado y de los congresos estatales, y la ley correspondiente, lo acontecido este martes es el prólogo de un nuevo pacto que respalda, obliga y compromete a la presidenta Sheinbaum a romper con los acuerdos inconfesables que se le atribuyen a su antecesor.
