Arropados por “el movimiento”, políticos de Morena surfean con éxito acusaciones y juicios reprobatorios: Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Sergio Gutiérrez Luna o Andrés López Beltrán.
No importa el origen del señalamiento ni el ruido mediático que sus cuestionadas conductas alcancen.
Sea una denuncia por tentativa de violación sexual, el abuso de poder al exigirle a un ciudadano una disculpa pública, la posible relación con un presunto grupo criminal liderado por funcionarios, el regalo de un boleto de Fórmula 1 o rehabilitarse con lujos en Tokio por extenuantes jornadas de trabajo.
Lo que cuenta es su pertenencia a la autoproclamada Cuarta Transformación. Y, si bien hay declaraciones presidenciales que algunos interpretan como regaños en los hechos, la defensa del “movimiento” equivale a dar cobijo, perdón, olvido y hasta impunidad a quienes se asumen sus integrantes.
Pareciera tratarse de un componente del nuevo régimen, en el que errores y tropiezos son justificados en nombre de “la unidad del movimiento” y en el que las críticas se desdeñan como “inventos” o “golpeteos” de la oposición.
“Lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación”, afirmó Adán Augusto López en el debate de si debía permanecer o no al frente de la coordinación de Morena en el Senado.
Desde esa pertenencia colectiva se justificaron los acordeones, la extorsión a los Yunes o el incumplimiento de la pregonada austeridad.
Este jueves, al presentar su informe, Fernández Noroña celebró el acompañamiento de “mi hermanito Adán Augusto” y de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, entre otros. Y describió: “estamos en el mejor momento de politización de nuestro pueblo, en el mayor momento de conciencia, pero también en el momento que más riesgo ha vivido nuestro movimiento: el ascenso del fascismo, el ascenso del nazismo, presente en el mundo y en nuestro país, pero si quieren no le llamo fascismo ni nazismo, le llamo supremacismo blanco”.
Es significativo que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, cámara responsable de acompañar la política exterior, no fijara postura sobre el acuerdo que en seguridad y comercio México negocia con Estados Unidos.
Confió Fernández Noroña en que “aquí está nuestro movimiento para mantener la dignidad del pueblo de México avante”. Es un discurso que ilustra cómo ese ente que alude a una colectividad se coloca por encima de instituciones e incluso de la Constitución.
Porque en la práctica, “el movimiento” se adueña de las estructuras del Estado que experimentan una acelerada fusión entre gobierno y partido, como ocurrirá con los ministros, magistrados y jueces que en dos semanas integrarán el nuevo Poder Judicial.
Es un proceso en marcha que ahora ha entrado en acción en el terreno electoral en dos planos: en Morena, donde se va a construir una estructura municipal, y en el gobierno, que ya prepara una futura reforma en la materia.
La encomienda presidencial partidista es involucrar a diputados federales y senadores en una organización distrital en la que operarán como “mentores” de los responsables del partido en los municipios. El diseño incluye una auténtica violación a la Constitución, porque prevé el uso del andamiaje gubernamental de la política social en favor de Morena.
Y es que el plan que se ha puesto en marcha en estos días —aun cuando Andrés López Beltrán, secretario de Organización del partido, sigue sin incorporarse—, prevé que los responsables de darle seguimiento local a los beneficiarios de los programas se coordinen con “los mentores” legislativos y los operadores electorales en territorio.
Se trata de un proyecto que coloca al gobierno al servicio de “el movimiento” y que confirma la alerta que hace medio año prendió la destacada política e historiadora Dulce María Sauri (PRI):
“El restablecimiento del presidencialismo autoritario no es el mayor mal que amenaza al sistema político mexicano. El riesgo estriba en que la restauración del autoritarismo se realice en el nuevo partido político, Morena, ente supraconstitucional del cual dependan la institución presidencial y los demás cargos de representación popular”.
Y como si no fuera suficiente poner al servicio del partido en el poder la maquinaria de la política social del Estado, ahora se anuncia que habrá nuevas reglas para el juego electoral, adelantando que poco importa lo que propongan las minorías que habrán de reducirse aún más.
En sintonía con la advertencia de Dulce María Sauri, otro experimentado político y conocedor de la historia, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, prefigura lo que viene con la reforma electoral:
“Lo que se está haciendo es pasar el centro del poder de los presidentes al partido político y a quien lo controla. Ese es el que decide quiénes van a ser los diputados, el futuro presidente y los ministros de la Corte. Es la construcción de un país sujeto a un partido y a quien mande en él”.
De eso se trata “el movimiento”, de un partido que se adueña de las instituciones del Estado por el bien del pueblo.
