Por Victor Hugo Celaya Celaya…
El riesgo de un retroceso democrático siempre acecha en cualquier reforma electoral. Por eso, hoy más que nunca, debemos defender los avances y logros que como ciudadanía hemos conquistado a lo largo del tiempo. No son concesiones arbitrarias del poder en turno, sino conquistas históricas y legítimas que nos pertenecen a todos. La voz y la participación activa en la vida de nuestro país no solo son necesarias, son la base sobre la que se sostiene nuestro futuro.
En esta ocasión, quiero centrarme en un pilar de nuestro sistema político: la pluralidad. Garantizar la participación y el reconocimiento de todas las expresiones sociales, en especial las de las minorías y las oposiciones, es fundamental. Mecanismos como la representación proporcional son la herramienta que permite que la diversidad de México se vea reflejada en sus instituciones y gobiernos. Como bien señalaba el politólogo Giovanni Sartori, los sistemas de representación proporcional son los más adecuados para sociedades heterogéneas como la nuestra, pues permiten que el espectro ideológico y las aspiraciones de la gente se manifiesten fielmente en el poder.
A lo largo de más de cuatro décadas, las reformas electorales en México han sido la respuesta a crisis, polarización y demandas ciudadanas de mayor y mejor representación. Como funcionario federal y más tarde como legislador, tuve el privilegio de participar en el análisis y la elaboración de propuestas para fortalecer nuestra democracia. Estudié sistemas electorales de todo el mundo y colaboré con juristas y especialistas para robustecer la participación plural. Por esa experiencia, sé que cualquier intento de disfrazar una concentración de poder como una «reforma» no solo sería una regresión inadmisible, sino un ataque directo a la esencia de nuestra democracia representativa.
La construcción histórica de la pluralidad
Para entender lo que está en juego, es vital mirar hacia atrás. Durante décadas, México ha evolucionado para dar cabida a todas sus expresiones políticas. El punto de inflexión fue la reforma de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles. En un contexto de un partido hegemónico y tras las crisis sociales de 1968 y 1976, esta reforma fue un parteaguas. Por primera vez, se introdujo en la Constitución la figura de los «diputados de partido» y un sistema mixto, sumando 100 diputados plurinominales a los 300 de mayoría. El objetivo era claro: dar un cauce institucional a las minorías y a la oposición que habían estado marginadas.
Ese fue solo el comienzo. Las décadas siguientes vieron una serie de reformas cruciales que construyeron, paso a paso, el andamiaje de nuestra democracia actual:
- La reforma de 1986 profundizó la apertura al aumentar la Cámara de Diputados a 500 legisladores, elevando a 200 el número de diputados de representación proporcional. Al mismo tiempo, introdujo una «cláusula de gobernabilidad» que buscaba garantizar una mayoría estable al partido más votado, un primer intento por balancear pluralidad con funcionalidad.
- La reforma de 1990 representó un salto cualitativo con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). Este fue un paso fundamental para arrebatarle el control de las elecciones al gobierno (que hasta entonces las organizaba a través de la Secretaría de Gobernación) y depositarlo en un organismo ciudadano, sentando las bases de la autonomía electoral.
- Las reformas de 1993 y, sobre todo, la de 1996, consolidaron el sistema. La de 1996 es considerada por muchos la más importante de la era moderna: otorgó plena autonomía constitucional al IFE, ciudadanizó por completo su Consejo General, creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como máxima autoridad en la materia, e introdujo un modelo de financiamiento público equitativo. Crucialmente, esta reforma estableció el tope del 8% a la sobrerrepresentación, una regla explícita para impedir que la primera fuerza política obtuviera una mayoría artificial desproporcionada a su votación real.
Este camino no es una anomalía mexicana. Al contrario, la tendencia global en las democracias consolidadas es fortalecer los mecanismos de representación proporcional. La mayoría de las democracias parlamentarias, sobre todo en Europa, emplean estos sistemas para garantizar la inclusión. Sería un retroceso histórico que México, con su acreditada cultura democrática, fuera en dirección opuesta. Pretender desaparecer o minimizar la representación proporcional hoy es una provocación y un ataque directo a la pluralidad que tanto ha costado construir; irónicamente, muchos de los que hoy gobiernan llegaron a sus puestos gracias a la existencia de estos espacios para las oposiciones.
Dos rutas para el futuro: la propuesta oficial y la visión demócrata
Hoy, sobre la mesa, hay una propuesta de reforma electoral impulsada desde el gobierno que presenta varios claroscuros. Por un lado, plantea avances necesarios como la digitalización de procesos, lo cual modernizaría el sufragio. Sin embargo, en otros aspectos, sugiere un peligroso regreso al control gubernamental de las elecciones.
La propuesta oficial, presentada en febrero de 2024, busca cambios drásticos:
- Eliminación total de la representación proporcional: Se propone desaparecer los 200 diputados y 64 senadores plurinominales, dejando un Congreso integrado únicamente por legisladores electos por mayoría. Esto se extendería a los congresos locales, eliminando 459 diputaciones plurinominales en todo el país.
- Centralización del sistema electoral: Se plantea sustituir al INE y a los 32 Organismos Públicos Locales (OPLES) por un único Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
- Elección popular de consejeros y magistrados: Los árbitros electorales ya no serían seleccionados por su perfil técnico en el Congreso, sino elegidos por voto directo de la ciudadanía.
- Reducción del financiamiento: Se busca recortar drásticamente los recursos públicos a los partidos, limitándolos principalmente al periodo de campañas.
El argumento central es un supuesto ahorro y una mayor «legitimidad». Sin embargo, el riesgo es enorme: se facilitaría la sobrerrepresentación, donde un partido con un porcentaje de votos puede obtener una mayoría artificial y aplastante en el Congreso, dejando sin voz a millones de ciudadanos. Esto ya es una tendencia preocupante. En elecciones recientes, hemos visto cómo las coaliciones del partido en el poder, aun con un porcentaje de votación cercano al 50%, han logrado una sobrerrepresentación que supera el límite constitucional del 8% (establecido en la reforma de 1996), acaparando una mayoría calificada artificial.
Frente a esta ruta, especialistas, académicos y exconsejeros electorales proponen un camino distinto, basado en fortalecer lo que ya tenemos. Su visión se centra en:
- Corregir las distorsiones, no eliminar la pluralidad. Fortalecer los mecanismos para impedir la sobrerrepresentación artificial.
- Asegurar la autonomía e independencia de los órganos electorales federales y locales.
- Garantizar la capacidad técnica de los árbitros electorales, seleccionándolos por su imparcialidad y conocimiento, no por campañas políticas.
- Mantener el control del padrón electoral en una autoridad autónoma y supervisada por todos los partidos.
- Crear un sistema de rendición de cuentas que sancione el desvío de recursos y la coacción del voto, garantizando equidad real.
El costo de retroceder
El sistema democrático que tiene México ha costado mucho. No es perfecto, pero su modificación facciosa podría desestabilizar nuestra vida institucional. Pretender eliminar el financiamiento ordinario a los partidos es asfixiar a la oposición y a las nuevas expresiones políticas, dejándolas sin recursos para sus actividades permanentes de promoción y organización fuera de los periodos electorales.
La representación proporcional no es un mero cálculo técnico; es una garantía de gobernabilidad democrática. Es la fórmula que equilibra la competencia política con la inclusión de todas las voces, convirtiendo la pluralidad social en pluralidad política real. Seguir el camino de la eliminación de contrapesos es dar el tiro de gracia a la democracia mexicana para dar paso al regreso de un autoritarismo con una visión hegemónica del poder.
México merece consolidar su democracia, no fracturarla. La ruta correcta es fortalecer la independencia de las autoridades electorales y perfeccionar el sistema de representación, no demolerlo. Debemos corregir las distorsiones, garantizar que la justicia electoral sea imparcial y asegurar que todas las voces, sin importar su tamaño, sean escuchadas en la construcción del futuro.
No retrocedamos. No permitamos que se regrese el reloj de la historia al centralismo y al control gubernamental de las elecciones. Consolidemos los avances que, con tanto orgullo y esfuerzo, generaciones de demócratas hemos construido.
