*Un juez en México exige responsabilidad a la diócesis de Ciudad Juárez, mientras un tribunal argentino ofrece esperanza a sobrevivientes de abuso allá.
El abuso mancha el legado de Pedro Arrupe, antiguo superior jesuita, gracias a juicios en curso en Luisiana, Estados Unidos y Bolivia. En España, el Opus Dei abre una oficina de “escucha”.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El texto de esta semana aborda diversos casos de abuso sexual en varios países que, aunque relativamente conocidos, aún se entienden como una colección de casos aislados, con poca o ninguna relación entre ellos.
Uno de los propósitos de esta serie es, por la forma en que aborda casos de distintos países, disipar tal noción y probar que es una crisis global, con raíces sistémicas. Estas raíces se originan, primero, en deficiencias en los sistemas de justicia, mal preparados para proteger los derechos de los sobrevivientes y sus familias, y evitar la ocurrencia de estos casos, no sólo en entornos religiosos.
La naturaleza sistémica también se deriva del poder a menudo desenfrenado del clero, más evidente en las variedades más conservadoras y fundamentalistas de dicha denominación, pero también presente en comunidades católicas “liberales”.
La serie tiene como objetivo explicar qué hace posible el abuso, y los obstáculos que evitan soluciones, a pesar de las muchas promesas sobre un enfoque de tolerancia cero, como demostraron algunas de las entregas previas de esta serie.
La de hoy es una especie de muestra no probabilística, ya que no todos los casos reciben la misma cobertura. Algunos apenas se informan, mientras que otros, como en el caso del Opus Dei, reciben amplia cobertura por medios de comunicación en varios idiomas.
Este recuento va de Alemania a Argentina, luego a México, Estados Unidos, Bolivia y termina en Francia.
Los restos del sistema Ratzinger
Los sobrevivientes de abuso en Alemania, por medio de un grupo que les asesora, la llamada Botroffenenbeirat (contenido en alemán) de la conferencia de obispos alemanes, escalaron a principios de mes el tono de sus críticas del cardenal Rainer María Woelki arzobispo de Colonia.
El viernes 18 de julio de 2025, presentaron una queja canónica formal dirigida directamente al papa Leo XIV. En ella acusan al cardenal Woelki de incumplir sus deberes pastorales en el manejo de casos de abuso sexual.
La junta asesora sostiene que Woelki engañó a las víctimas de abuso sobre los procedimientos adecuados, pues abordó de manera negligente los casos. El problema fue la burocratización extrema que lleva a la “re-traumatización” o la revictimización de los sobrevivientes de abuso sexual del clero.
La junta afirma que ha “perdido toda confianza en la capacidad del cardenal Woelki para conducir una investigación”. También exige que los casos de abuso se investiguen “sin preocuparse por los perpetradores”.
Woelki fue uno de los favoritos del papa Benedicto XVI. Él nombró a Woelki como el segundo arzobispo de Berlín. El título fue más un cumplido de Roma después de la reunificación alemana, cuando pasó de la diócesis a arquidiócesis (1994), que un reflejo de la existencia de una vibrante comunidad católica local en la antigua capital prusiana.
Según sus propios datos, menos del siete por ciento de los poco menos de seis millones de habitantes de Berlín se dicen católicos. No es de sorprender que tan pronto como Colonia estuvo disponible, en julio de 2014, Woelki comprara un boleto de regreso a la diócesis donde fue sacerdote y obispo auxiliar bajo Joachim Meisner, aliado de Joseph Ratzinger en el mundo católico de habla alemana.
La queja canónica ocurre después de años de controversia en torno a las acciones de Woelki en Colonia. Se enfrentó a una reacción significativa por censurar un informe que encargó sobre abuso en esa sede, por posibles efectos legales, antes de encargar un nuevo reporte.
Esto alimentó la percepción de que encubría el mal manejo del abuso bajo su mentor Meisner y, en última instancia, el llamado «sistema de Ratzinger» en el mundo católico de habla alemana. Patrones similares de encubrimiento han ocurrido para proteger a eméritos del mundo de habla alemana.
Esa percepción fue confirmada por una investigación posterior del Vaticano que no encontró evidencia de ilegalidad. Esa investigación estimó que hubo mal manejo sistemático de los informes sobre abuso. Señaló que Woelki cometió “errores importantes” al comunicar. Ello contribuyó a una “crisis de confianza” en la Iglesia. No esclarece si eran errores honestos o un intento para viciar el proceso.
Más recientemente, en mayo de 2025, Woelki acordó pagar una multa de €26,000 para resolver una investigación de perjurio relacionada con su testimonio sobre un caso de abuso histórico, en la que los fiscales atribuyeron sus declaraciones falsas a negligencia más que a intención.
La arquidiócesis de Colonia desestimó la queja canónica ante Roma como “infundada”, y descalificó las acusaciones como carentes de sustento.
Argumenta que los casos civiles no abordaron los procedimientos de manejo de abuso, lo que hace que el manejo canónico quede libre de duda. A pesar de la actitud de la arquidiócesis, la presentación de este reporte canónico al papa León XIV destaca la lucha continua por la responsabilidad y la transparencia dentro de la Iglesia Católica alemana, y más en una de sus diócesis más grandes y prósperas.
Además, evidencia una grieta profunda en la Iglesia Católica alemana, entre sus grupos, los líderes laicos y la jerarquía, pues los obispos niegan la existencia de un “sistema Ratzinger” destinado a silenciar a los sobrevivientes de abuso sexual del clero en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein.
¿Vindicación en Argentina?
En Argentina, el llamado caso Sidders fue resucitado por los tribunales de apelaciones que exigen la decisión de un tribunal inferior de seguir un criterio de la Corte Suprema de Justicia y desestimar un caso por la prescripción de la causa.
Raúl Anatoly Sidders era un capellán en un colegio católico que abusó, entre otras personas, de una entonces menor de edad, quien se suicidó en 2024 después de pasar por el calvario común a los sobrevivientes de abuso sexual del clero en América Latina.
La decisión del tribunal de apelaciones obliga a los tribunales inferiores a reconsiderar el caso luego de que, como informó una entrega previa de esta serie, los tribunales argentinos siguieron criterios similares en el caso de Justo José Ilarraz, y que las cortes chilenas siguieron un enfoque del todo similar con el exjesuita pero aún sacerdote, Felipe Berríos del Solar, como da cuenta la sección “¿Damasco vía Chile?” del texto enlazado después de este párrafo.
La reapertura del caso Sidders es un desarrollo bienvenido en Argentina. Ello es así pues hay otros casos en riesgo de ser desestimados por motivos similares, pero uno debe ser consciente de que existen fuerzas poderosas detrás del impulso para desestimar casos por la prescripción de la causa. Como evidencia el caso de Jeffrey Epstein, la politización del abuso es un riesgo en distintos países.
Las posibilidades reales de que el Opus Dei escuche
En un desarrollo muy publicitado, el Opus Dei abrió el 17 de julio de 2025, una “Oficina de Sanación y Escucha” en España. La idea es abordar las quejas de naturaleza institucional y facilitar lo que ven como un “proceso de sanación” para exmiembros o personas que participaron en sus actividades y se ven como perjudicadas.
Su enfoque sobre el problema sigue a una experiencia similar en Argentina, donde se han hecho acusaciones de varios tipos de abuso, que van desde los ámbitos laboral y profesional hasta el de conciencia y sexual.
La experiencia argentina, que se remonta a 2022, no es auspiciosa, ya que la oficina sudamericana parecía ser más un elemento de una campaña de relaciones públicas destinada a desacreditar las críticas de las variedades del abuso, que un intento real de resolver problemas en la rama argentina de esa organización.
Las acusaciones en América del Sur se derivan del proselitismo de miembros del Opus Dei. Iban a parroquias católicas en comunidades de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, para reclutar docenas de mujeres jóvenes. Al final, las reclutas enfrentaron presiones para olvidar sus propios anhelos de tener una carrera civil junto con la vida religiosa disfrazada de vida no religiosa que el Opus Dei ofrece.
La mayoría de las mujeres eran de hogares de bajos ingresos y la expectativa era que tendrían acceso a la educación supuestamente de excelencia que ofrecen los colegios y universidades de Opus Dei.
Es un proceso similar a los que ocurren en el llamado Regnum Christi de la Legión de Cristo en México, y las muchas ramas del ahora suprimido Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, entre otras “órdenes”.
Estas organizaciones relativamente nuevas suelen presentarse a sí mismas como cualquier otra cosa que no sea una orden católica tradicional. Ese recurso era engañoso, ya que los reclutas en realidad perdían los derechos reales que estas organizaciones no estaban dispuestas a reconocer a sus ingenuas reclutas.
El mejor ejemplo de ello lo ofrece el papel del cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, el arzobispo emérito de Lima y un miembro prominente de Opus Dei, el primer cardenal de esa organización, en la crisis del Sodalicio.
Uno no debe olvidar que, además de haber recibido una “acción disciplinaria” bastante débil del papa Francisco por su papel en el abuso sexual de un varón menor de edad, Cipriani también fue una figura clave en la defensa legal y extralegal del Sodalicio.
Esta serie ha dado cuenta antes de lo que sucedió en esa «orden» peruana y cómo, según sobrevivientes peruanos, Cipriani fue “el cardenal del Opus Dei que el Sodalicio necesitaba” para trabar compromisos similares a los de las mafias o grupos criminales entre Cipriani del Opus Dei y el Sodalicio.
Ensoñaciones peruanas
Si uno cree lo que el Opus Dei dice sobre sí mismo, su oficina en España será atendida por un “equipo de profesionales, incluidos psicólogos, guías espirituales y trabajadores sociales”, algunos de los cuales son miembros actuales sin cargos, y lo que es más importante, algunos serán antiguos miembros de Opus Dei.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no existe la garantía de que figuras clave del personal, como los psicólogos, estén libres de afiliaciones previas o actuales al Opus Dei. Esto es especialmente grave, pues a esta organización se le percibe, incluso en el mundo católico, como “iglesia dentro de la iglesia”.
Si uno cree lo que dice el Opus Dei de sí mismo su oficina en España busca ofrecer un “espacio de confianza para que cada caso sea atendido con empatía y respeto”.
La declaración estrambótica del Opus Dei va más lejos al decir que la oficina será independiente de esa organización similar a una orden. Asegura que la oficina recopilará información para “comprender lo que sucedió, evaluar la magnitud del caso y buscar la mejor manera de ofrecer asistencia y curación”.
Basta con recordar que Cipriani se presentó a sí mismo, en enero, como víctima del papa Francisco para comprender qué tan lejos están dispuestos a ir los miembros de Opus Dei cuando operan en modo víctima, como describe el texto vinculado después de este párrafo en la sección “El eje de Madrid-Roma-Lima”.
Esta nueva oficina sigue el establecimiento de iniciativas similares del Opus Dei, como la Oficina de Curación y Resolución abierta en Argentina en 2022, con obstáculos similares. No debería sorprender que el lanzamiento de esta oficina llegue en medio de controversias y llamados a una mayor transparencia con respecto a las prácticas internas de Opus Dei y los presuntos abusos anteriores.
Además, existen acusaciones antiguas, incluidas de exmiembros, de abuso espiritual y prácticas coercitivas, como la mortificación excesiva y el control de la vida personal, dentro de la institución, que llegan a ser de explotación financiera. La Opus Dei Awareness Network, a veces traducida como Red de Concientización sobre el Opus Dei (ODAN por sus siglas en inglés) lo ha documentado.
Aunque el Opus Dei presenta a la oficina como un paso hacia la “escucha y el aprendizaje”, los críticos y algunos sobrevivientes son escépticos, pues casos similares de organizaciones depredadoras suelen carecer de la independencia y la capacidad para deslindar responsabilidades u ofrecer una reparación adecuada.
Los defensores de víctimas exigen investigaciones independientes y seculares y procesos legales sólidos y no iniciativas de “escucha”, pues la Iglesia Católica suele desestimar la severidad del abuso al evaluarse a sí misma.
El mejor ejemplo, el más reciente, lo ofrece el tímido intento de reforma del Sodalicio que, en los primeros años del pontificado del papa Francisco, tuvo una iniciativa similar de “escucha” a sobrevivientes de esa “orden” depredadora.
Lejos de ofrecer una medida de justicia, el comité nombrado por el Sodalicio hizo todo para descartar tantos casos como fuera posible. Fijó estándares rígidos para una compensación e incluso entonces, la ayuda psicológica cuando y, si está disponible, la ofrecía personal pagado por esa organización, lo que llevó a tratar de culpar a las víctimas del abuso.
Patrones similares se observan en la diócesis de Torreón, México, como da cuenta la sección titulada “Carácter de farsa” del texto enlazado después de este párrafo.
De Atlacomulco a Ciudad Juárez, la pesadilla mexicana
Y en México hay patrones similares como demuestran los casos en Atlacomulco (Estado de México) y Ciudad Juárez (Chihuahua) que prueban qué tan difícil es que la Iglesia Católica se haga responsable del abuso sexual de sus clérigos.
En Ciudad Juárez, el sacerdote Eliseo Ramírez, identificado por la autoridad como Eliseo R. S., fue condenado el 21 de julio de 2025 a cuatro años y diez meses de prisión por abuso sexual infantil ocurrido en 2013 durante una confesión sacramental.
El juez del caso, Víctor Iván Rodríguez Trejo, criticó la manera en que Ramírez abusó de su condición de sacerdote y la manipulación de la fe de la víctima. Fue notable que, por primera vez en México, un juez exhortara públicamente a la diócesis de Ciudad Juárez a enmendar su irresponsable comportamiento.
Esta serie ha considerado en varias oportunidades la gravedad del abuso sexual del clero en Ciudad Juárez. Primero con una serie que incluyó, entre otros textos, una comparación con la diócesis de El Paso, Texas, para explicar por qué la misma institución sigue caminos divergentes en cada lado de la frontera.
El juez llama a la diócesis al obispo José Guadalupe Torres Campos a reconsiderar y reformar sus protocolos para la interacción de sacerdotes con menores, prohíba contactos privados, fije criterios para confesar a menores, los obligue a capacitarse para prevenir abusos, y reconozcan su deber de proteger a los menores.
Si bien la diócesis publicó un comunicado genérico que “existen protocolos”, el llamado expreso de un juez subraya las brechas que existen entre lo dispuesto en documentos y la realidad. Ese llamado ocurre en un contexto en el que la diócesis de Ciudad Juárez se burló del llamado del papa Francisco a crear una comisión para prevenir el abuso.
Tristemente, el que éste sea un caso ocurrido en 2013 deja ver qué tan difícil es para los sobrevivientes mexicanos lograr alguna medida de justicia.
Aquí la declaración de la diócesis.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/07/26/comunicado-juarez-con-traduccion-58L5COZWL.pdf&embedded=true
La actitud despectiva de Torres Campos se exacerba si se toma en consideración el papel que uno de sus sacerdotes juega en el llamado CEPROMELAT, el organismo correspondiente en América Latina de Tutela Minorum.
El sacerdote es Daniel Portillo Trevizo, quien aparece en la página “Quiénes somos” del sitio web de CEPROMELAT como “Director Académico”.
Mientras tanto, como se informó la semana pasada, un caso de Atlacomulco, Estado de México, llevó al arresto de un sacerdote identificado por las autoridades sólo como Mario ‘N’ aproximadamente dos años después de que supuestamente cometió abuso sexual contra dos menores.
Esta investigación en curso destaca los límites y contradicciones de los procesos legales en México, así como la persistente necesidad de que la Iglesia Católica en México de adaptarse e imponga medidas preventivas y procesos de rendición de cuentas más estrictos, transparentes y centrados en las víctimas.
Es más difícil desestimar a Atlacomulco, ya que el de la semana pasada no es el único caso de esa diócesis, fundada por un primo del notable súper depredador mexicano Marcial Maciel.
El secreto de confesión de Trump
Al otro lado de la frontera ahora militarizada, y en medio de la debacle por el manejo del caso de Jeffrey Epstein, en el estado de Washington, la administración Trump intervino activamente para desafiar a una nueva ley, el proyecto de ley 5375 del Senado estatal, que buscaba que los sacerdotes católicos informaran a la autoridad si se enteraban de casos de abuso infantil durante la confesión.
La ley, firmada por el gobernador demócrata Bob Ferguson, tenía como objetivo agregar al clero católico a la lista de profesionales obligados a informar de casos de abuso infantil, eliminando explícitamente el privilegio que ahora exime a los sacerdotes católicos de informar de ese tipo de casos. La hipótesis era que los sacerdotes tienen acceso a información clave para evitar que el abuso ocurra.
A pesar de la presión para que cambie su actitud sobre ese tema, la Iglesia Católica rechaza que un sacerdote pueda y menos deba reportar el abuso cometido por un depredador que pudiera llegar a solicitar la confesión, como se sabe que ocurre con muchos sacerdotes implicados en esta práctica.
El viernes 18 de julio de 2025, el juez federal de distrito David G. Estudillo, originalmente designado en 2021 por el entonces presidente Joe Biden, decidió fallar en contra de y bloquear temporalmente esta parte controvertida de la ley.
El juez falló a favor de las diócesis católicas de Washington: la arquidiócesis de Seattle, y las diócesis de Spokane y la de Yakima, al estimar que SB 5375 infringe la Primera Enmienda de la Constitución de ejercer sus creencias religiosas.
Ya durante la actual gestión de Donald Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado una demanda en junio. En ella apoyaba la posición de los obispos al etiquetar la ley estatal como “anticatólica” y como un ataque a la libertad religiosa, al tiempo que permite a Trump presentarse como el campeón del ala más conservadora de la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia argumentó que la ley discrimina al clero católico al negarles una exención para la comunicación privilegiada que se ofrece a otros profesionales, como los abogados.
Los líderes católicos, incluido el arzobispo Paul D. Etienne de Seattle, advirtieron que cualquier sacerdote que violara el secreto de confesión, arriesgaba la excomunión automática.
Esta batalla legal destaca la tensión persistente entre los esfuerzos estatales para proteger a los menores y antiguas prácticas religiosas, como el secreto de confesión que la Iglesia Católica considera inviolable.
Dado que Estudillo fue designado por Biden, le da a Trump una excusa fácil para evitar las críticas habituales sobre favorecer a los depredadores sexuales. Más porque Estudillo es hijo de migrantes mexicanos.
¿Jugada desesperada en Cincinnati?
Al contrario de lo que ocurre en el estado de Washington, en Cincinnati, Ohio, hay una suerte de rebelión que cuenta con el apoyo de Jake McQuaide, un veterano de al menos tres equipos de la NFL.
McQuaide captó la atención de los medios en esa ciudad cuando participó con un grupo de católicos locales en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación para exigir respuestas reales de la arquidiócesis dirigida por Robert Gerald Casey.
El problema era el supuesto uso de una computadora portátil de la parroquia por parte del sacerdote Martin Bachman para jugar juegos que involucran imágenes diabólicas y de brujería, pero antes de que el papa Francisco nombrara apenas en febrero de este año a Casey para Cincinnati, ya había otros problemas allí.
El más notable se remonta a 2019 cuando Rebecca Surendorff, quien dejó de ser católica por el abuso y el encubrimiento, fundó una organización que promueve leyes para proteger a menores del abuso y ofrecer justicia a los sobrevivientes.
El activismo de Surendorff es el producto de un caso que involucra al sacerdote Geoff Drew. Él está acusado de violación de un menor y de tener pornografía infantil en equipos informáticos a su cuidado, por lo que incluso si la acusación contra Bachman podría verse como un exceso, el enojo se entiende al considerar la historia de actitudes despectivas de la Iglesia Católica en general, y en Cincinnati y otras diócesis de Ohio en casos similares.
El predecesor de Casey, el ahora arzobispo emérito Dennis Marrion Schnurr, obtuvo el cargo en Cincinnati después de que Benedicto XVI lo designó como coadjutor en 2008 para resolver los problemas que dejó la gestión de 30 años de Daniel Edward Pilarczyk en esa diócesis.
No está claro cuál sería el efecto a largo plazo de las acciones de McQuaide e incluso si lo volverá a hacer, ya que la policía lo sacó, pero él, Surendorff y un pequeño pero dinámico grupo de católicos y excatólicos plantean el desafío más significativo a la actitud despectiva de los clérigos católicos en Ohio.
Una mirada hacía atrás en el estado de Nueva York
El estado de Nueva York ha sido un importante campo de batalla para lograr que la Iglesia Católica se haga responsable del abuso sexual del clero, en gran parte gracias a la Ley de Víctimas Menores (CVA por sus siglas en inglés). Promulgada en 2019, la CVA permitió que casos ya prescritos en el ámbito penal puedan ser reconsiderados en cortes civiles, sin importar cuándo ocurrió el abuso, lo que llevó a un aumento masivo en reclamos contra la Iglesia Católica y otras instituciones.
En total, se presentaron más de 10,800 reclamos bajo la CVA en todo el estado de Nueva York, con más de la mitad de ellos (más de cinco mil 500) contra organizaciones religiosas, predominantemente la Iglesia Católica, según Child USA y el bufete de Jeff Anderson (contenido en inglés).
Una entrega previa de esta serie, que se ocupa del caso de California, vinculada antes de este párrafo, revisó los detalles de las llamadas “ventanas retroactivas” y cómo facilitaron abordar los principales problemas en California y Nueva York, no sólo en la Iglesia Católica, sino en otras esferas de la vida pública.
En el caso de Nueva York, el juicio civil ganado por E. Jean Carroll contra Donald Trump fue posible precisamente gracias a esta legislación.
En cuanto a la Iglesia Católica en Nueva York, esta ley ha obligado a varias diócesis en todo ese estado a buscar la protección de la bancarrota y a llegar a acuerdos financieros por cifras sustanciales. Tres ejemplos clave son las diócesis de Rochester, Búfalo y Syracuse.
La diócesis de Rochester fue una de los primeras en Nueva York en acogerse a la bancarrota en 2019, poco después de que se abriera la oportunidad de la ventana retroactiva de la CVA. Después de años de negociaciones complejas, recientemente logró un acuerdo.
El 23 de julio de 2025, los abogados de los sobrevivientes anunciaron un nuevo acuerdo de conciliación, el cual elevó la compensación total a $246.35 millones. Este monto incluye una liquidación reciente importante de $120 millones con la Continental Insurance Company (CNA), como la última aseguradora en aceptar, prueba de lo perseverantes que han sido los cerca de 450 sobrevivientes.
Los procedimientos de bancarrota de la diócesis tenían como objetivo proporcionar una compensación equitativa a las víctimas y permitía que las parroquias continuaran sus operaciones.
Quizás ahora que hay un acuerdo, León XIV nombrará un sucesor del obispo Salvatore Ronald Matano, quien, a los 78 años, es el obispo católico de rito latino activo más veterano en Estados Unidos, solo un poco más joven que el actual nuncio en ese país, el cardenal francés Christophe Pierre.
Luego está la diócesis de Búfalo, encabezada por el mucho más joven Michael William Fisher que enfrentó cientos de reclamos, lo que le obligó a buscar la protección de la bancarrota en 2020.
En abril de 2025, la diócesis logró un acuerdo de liquidación por $150 millones para las víctimas de abuso sexual. Sin embargo, ese acuerdo no ha sido fácil.
Noticias de junio y julio indican un rechazo de las parroquias llamadas a entregar sus fondos, pues les exigen del diez al 80 por ciento de sus haberes.
¿Camino a la renovación?
La situación es grave, ya que las parroquias con porcentajes más altos están programadas para desaparecer o fusionarse bajo el Plan de Renovación de la diócesis (contenido en inglés). Algunas parroquias han apelado al Vaticano e iniciaron acciones legales en tribunales de Nueva York, pues estiman que las contribuciones obligatorias las devastan y pueden “destruirlas”, una prueba de la tensión y discordia que causan estos acuerdos.
Además, porque hay una memoria colectiva de qué hay detrás de la crisis: encubrimientos sistemáticos, décadas de mentiras al decir a los fieles que no había problemas o cuando el obispo Richard Joseph Malone aseguraba que efectivamente tenía el control de sus clérigos.
Ello resulta más claro cuando uno considera que Malone fue promovido a obispo por el cardenal Bernard Law, la inspiración detrás de la cinta Spotlight, sobre el encubrimiento de abusos en la arquidiócesis de Boston, Massachusetts, donde Malone fue uno de los últimos tres obispos auxiliares promovidos por Law, en 2000.
Malone dejó la diócesis un año y medio antes de llegar a los 75 años, en 2019, dejando el desastre allí en manos de Fisher, que es un discípulo de Donald William Wuerl, el cardenal y el arzobispo emérito de Washington, D.C., quien también enfrentó repetidas acusaciones de abuso y encubrimiento tanto en la capital de Estados Unidos como en su antigua diócesis de Pittsburgh, Pensilvania, como señala este texto en inglés de PBS.
El registro de abuso en Búfalo se agrava al saberse ahora de la existencia de una lavandería, similar a las que operaba la Iglesia Católica en Irlanda, conocidas allá como “Magdalene Laundries”, a las que eran enviadas, casi como esclavas, jóvenes mujeres calificadas como “rebeldes” por alguna autoridad civil o jerarca religioso, como lo describe, en inglés, el vídeo que aparece después de este párrafo. Si el video no se muestra en su navegador, puede encontrarlo aquí.
Luego, está la diócesis de Syracuse, actualmente bajo la dirección de Douglas John Lucia.
Como Búfalo, Syracuse se acogió a la bancarrota en 2020. En noviembre de 2024, acordó pagar $100 millones a más de 400 sobrevivientes, que incluían víctimas de clérigos y de empleados laicos. El acuerdo implicó $50 millones de la diócesis, $45 millones de las parroquias y el resto de otras entidades.
Finalmente, está la diócesis de Albany. Como Rochester, Albany está actualmente dirigida por un obispo con 77 años. Ello hace de Edward Bernard Scharfenberger el cuarto obispo más veterano en servicio en los Estados Unidos.
A diferencia de otras diócesis del estado de Nueva York, Albany trata de evitar la bancarrota, al proponer un “plan de compensación” supervisado por una corte. El plan de Scharfenberger enfrenta críticas, con esfuerzos de mediación que a menudo coquetean con el fracaso.
Si bien la diócesis ha logrado acuerdos individuales (por ejemplo, uno de $750,000 para un sobreviviente de 47 años), la gran mayoría de las más de 400 demandas generadas gracias a la CVA siguen sin solución, un síntoma de lo difícil que lograr una solución integral fuera del marco de la bancarrota.
Estos pagos masivos subrayan el devastador costo que décadas de abuso sin control y posteriores encubrimientos han tenido para la Iglesia Católica en Nueva York. También revelan las complejas estrategias legales y financieras empleadas por las diócesis para administrar estos pasivos, lo que genera conflictos y dudas acerca de la transparencia de su gestión y la equidad de las compensaciones.
Por extraño que parezca, los datos para la diócesis de Brooklyn y la arquidiócesis de la ciudad de Nueva York son mucho más complejos, ya que han pasado por diferentes enfoques y procesos en las últimas décadas.
Arrupe y sus herederos estadunidenses y bolivianos
La crisis en Nueva York ocurre en momentos en que un juicio en Luisiana evidencia el papel de una figura clave de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe, en la ordenación de Donald Barkeley Dickerson, entonces seminarista de la orden, quien ya tenía antecedentes de abuso sexual (contenido en inglés).
A pesar de los antecedentes y las advertencias de los jesuitas locales, Arrupe avaló al final la ordenación de Dickerson (contenido en inglés).
En un mundo perfecto, los nuevos detalles deberían obligar a la Iglesia Católica a repensar su comprensión del abuso, y la manera en que dice prevenirlo, pero también la noción de santidad pues los jesuitas buscan la beatificación y la canonización de Arrupe, general de la Compañía de Jesús de 1965 a 1983.
Los debates sobre canonizaciones se han visto empañados por referencias a abusos durante los últimos 20 años más o menos. Se sabe que Juan Pablo II era consciente del tipo de abuso que ocurre en la Legión de Cristo y muchas otras organizaciones similares a las “órdenes” durante la segunda mitad del siglo XX y, a pesar de las muchas advertencias, continuó su apoyo a Marcial Maciel y otros líderes de esas organizaciones y ofreció refugio a Bernard Law en Roma.
Las preocupaciones de los jesuitas crecen además porque a principios de julio, procurador de Bolivia dio un nuevo impulso a los juicios de jesuitas depredadores, luego de la presión de los sobrevivientes y, significativamente, el efecto de la crisis de abuso global que ha obligado a una reevaluación de las acusaciones históricas.
El juicio tiene como acusados a dos figuras clave de la orden en ese país: Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquet. Ambos son españoles y tienen más de 70 años, lo que disminuye las posibilidades reales de sentencias sustanciales.
La relativa “novedad” del asunto, al menos en términos de precedentes judiciales en los tribunales bolivianos, hace difícil un juicio cabal pues aunque hubo acusaciones durante años, los procesos judiciales enfrentan obstáculos significativos que reflejan deficiencias de los sistemas de justicia en América Latina para proteger a las víctimas y hacer al agresor responsable de sus actos.
Doble traición
Las dificultades para enjuiciar estos casos y ofrecer justicia se evidenciaron luego de que los procedimientos se suspendieron menos de una semana después de su reinicio el 22 de julio, con una nueva fecha tentativa para el 1 de agosto.
Más allá de la edad avanzada de ambos antiguos superiores de la provincia jesuita en Bolivia, otros temas, incluidos las maniobras legales, así como desafíos relacionados con la obtención de testimonios y la resistencia institucional más amplia, hacen que sea imposible ofrecer algún pronóstico sobre el caso.
Esta lucha continua subraya los desafíos sistémicos inherentes a abordar el abuso de larga data dentro de la iglesia, particularmente en contextos donde los sistemas judiciales todavía se adaptan a la complejidad de estos casos de alto perfil y la conciencia social es relativamente reciente. Una entrega previa de esta serie, vinculada a continuación, revisó algunas de las causas de este juicio.
A este respecto, debe notarse que muchos de los sacerdotes de los españoles implicados en el abuso en Bolivia fueron formados, inspirados en más de un sentido, por la encantadora personalidad del padre Arrupe.
El antiguo superior de los jesuitas, el “Papa negro”, como solían llamarlo los medios de comunicación de los años 70, era una celebridad por derecho propio. En abril de 1973, la revista Time dedicó una de sus portadas semanales al líder jesuita español, como hacían otras revistas civiles y católicas en varios idiomas.
Años después, hay quienes lo llaman “el segundo fundador de los jesuitas” (contenido en inglés) por iniciativas como el Servicio Jesuita a Refugiados o la manera en que mantuvo unida a una orden vasta, plural, en la que coexistían conservadores como Avery Dulles, lo mismo que liberales como Daniel Berrigan.
Al pensar en el juicio de Recolons de Arquer y Busquet en Bolivia en las próximas semanas, uno no puede evitar preguntarse, por el efecto que tuvo en ellos y otros jóvenes varones aspirantes a jesuitas a finales del siglo XX, lo que Arrupe escribió acerca de su experiencia durante el ataque nuclear en Hiroshima.
Uno no puede evitar preguntarse cómo él y la Compañía de Jesús en general usaron esa experiencia. Y cómo algunos de esos jóvenes varones ingresaron en esa orden y cómo, algunos de ellos, se hicieron cómplices, como Recolons de Arquer y Alaix Busquet o depredadores sexuales, como era Alfonso Pedrajas Moreno.
Uno no puede evitar preguntarse el tipo de traición que tuvieron que realizar de su propia formación, leyendo lo que Arrupe decía sobre “convertirse en hombre para los demás”, mientras abusaban de los ingenuos miembros de familias de bajos ingresos, ya de por sí marginadas, en Cochabamba y otras ciudades de Bolivia.
Pero también, uno no puede evitar preguntarse cómo el mismo Arrupe, que había articulado esas ideas luego de sobrevivir a un ataque nuclear en Japón, también pudo traicionar su propia idea de “convertirse en hombres para los demás” cuando descartó las advertencias que sus compañeros jesuitas de Estados Unidos le enviaron vía Télex (ver el PDF a continuación) a fines de los años setenta.
Uno no puede evitar preguntarse si el juicio en Bolivia será contra Arrupe mismo.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/07/26/new-orleans-77-6R3kJAGTE.pdf&embedded=true
Mensaje para Arrupe de 1977. Primero aparece una transcripción en inglés en tipografía moderna del original, luego una traducción no oficial al español. El original en inglés se puede consultar aquí en la versión en inglés de este texto en Los Ángeles Press.
Francia Post-Bétharram
Francia ha vivido un profundo reconocimiento del alcance del abuso sexual, catalizado en gran medida por la Comisión Independiente de Abuso Sexual en la Iglesia, la así llamada CIASE por sus siglas en francés, a menudo conocida como Comisión Sauvé, que publicó su devastador informe en octubre de 2021.
El informe o Reporte Sauvé, disponible completo aquí en inglés, referido frecuentemente en esta serie, conmocionó al mundo católico al estimar que 330,000 menores habían sido víctimas de abuso sexual en Francia en los últimos 70 años. Detrás del abuso, el informe estima un total de tres mil depredadores entre sacerdotes y otras personas vinculadas a la Iglesia Católica.
La Comisión denunció explícitamente la manera sistemática en que la jerarquía católica había encubierto el abuso perpetrado por incluso algunas de las figuras más veneradas de Francia, como Abbé Pierre, quien fue objeto de una entrega de esta serie, vinculada después de este párrafo.
Jean-Marc Sauvé, el principal investigador del informe, no se hizo amigo de los radis franceses, equivalentes de los yunques en el mundo de habla hispana, cuando él y su equipo instaron a los obispos franceses a tomar una “acción robusta y decisiva”, incluidas las compensaciones para las víctimas y las reformas significativas al derecho canónico y sus normas internas.
La escala del abuso, la “indiferencia profunda y cruel de la Iglesia Católica hacia las víctimas”, y las fallas sistémicas que expuso han modificado fundamentalmente la comprensión del público de la crisis en Francia, Europa y en otros lugares.
Incluso después de una investigación nacional tan integral, los nuevos sobrevivientes continúan presentándose, y los casos o congregaciones específicas aún están experimentando sus propios procesos de investigación y revelación. Esto es evidente en nuevos desarrollos como en La Valette, La Var, y particularmente con la congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Bétharram.
Este problema generalizado condujo a la formación de una Comisión Independiente para Investigar la Violencia Sexual y Física en Nuestra Señora de Bétharram.
Esta comisión especializada ahora recolecta testimonios de los sobrevivientes, lo que demuestra que el alcance total del abuso dentro de órdenes o instituciones religiosas continúa surgiendo, incluso en un escenario posterior al Reporte Sauvé.
El testimonio de los nuevos sobrevivientes en Bétharram subraya el impacto a largo plazo de los encubrimientos institucionales y la continua necesidad de procesos independientes centrados en las víctimas para descubrir toda la verdad y proporcionar justicia, años e incluso décadas, después de los crímenes iniciales. Sirve como un recordatorio de que los informes nacionales, aunque cruciales, a menudo representan sólo la punta de una crisis profunda.
La situación en La Var es mucho menos compleja que el registro de abuso sistémico en Bétharram. Es el caso de un pequeño colegio católico parroquial en La Valette, La Var. Son casos de “violencia moral”, incidentes de angustia emocional, como una niña que se orinó en clase por temor a un maestro y manipulación a través de notas de conducta: maestros que amenazan con “taches” o “cruces” si los niños decían a sus padres cómo los castigaban en clase.
Una maestra supuestamente obligó a una niña de primer grado a usar un chupete o chupón alrededor del cuello para avergonzarla como “bebé”. Las familias sacaron a sus hijos de la escuela a mitad de año para “salvarlos del peligro”.
La Valette prueba cómo la crisis del abuso sexual del clero se ha convertido en una crisis de pérdida de confianza en la capacidad de dos instituciones clave, los colegios y la Iglesia Católica, para contribuir a la educación de los hijos e hijas de las familias francesas.
Diócesis como la de Tolón enfrentan ahora las consecuencias de muchos años de descartar repetidos y sistemáticos abusos, lo que hace que ahora los padres estén menos dispuestos a aceptar las que solían ser prácticas comunes en la educación católica francesa.
