La senadora Laura Itzel Castillo Juárez reconoció la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de las personas que padecen autismo y otras neurodivergencias, ante la incidencia de casos en la población mexicana y la falta de leyes o armonización legislativa en varias entidades de la república para asegurar una atención adecuada a los pacientes.
En un encuentro que se llevó a cabo en el Senado, los ponentes destacaron que México cuenta con la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista (LGAPPCEA), que estipula lineamientos para atender a estas personas, pero es “limitada y desigual”, porque no facilita el acceso gratuito y universal a la evaluación y diagnóstico del autismo.
En la inauguración del foro “Por los Derechos a la Salud, Educación, Trabajo y Justicia de las Personas Autistas y con Neurodivergencias”, Castillo Juárez detalló que dicho ordenamiento fue publicado en 2022, pero, a pesar de que en uno de sus transitorios mandata que las legislaturas locales expidan una ley en la materia, no todas las entidades han cumplido con ello.
Agregó que 22 estados cuentan con una ley sobre atención y protección a personas con autismo, dos lo regulan en otras leyes, siete no tienen norma y la ley de la Ciudad de México sobre ese tema fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por no contar con un amplio proceso de consulta.
Por otra parte, la legisladora de Morena explicó que a nivel mundial el uno por ciento de la población enfrenta autismo u otra neurodivergencia, mientras que en México a uno de cada 115 niños se les diagnostica alguna de esas condiciones.
Ante tales estadísticas, Laura Itzel Castillo Juárez reiteró: “en el Senado de la República reconocemos la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de esta población. Por eso, con mucho gusto abrimos las puertas de esta casa del federalismo para su análisis”.
La legisladora dijo que este evento, que durará dos días y tendrá la participación de especialistas y académicos de 10 instituciones de la sociedad civil, de ocho estados de la república, tiene el objetivo de profundizar en el conocimiento de las condiciones del espectro autista y de las neurodivergencias, a través de un análisis exhaustivo de su situación actual y desafíos.
En su participación, Karla Galván Duque Senosiaín, fundadora de la organización OTEA, reconoció que la LGAPPCEA es una norma innovadora, pero su implementación sigue siendo limitada y desigual, ya que no hace accesible, gratis y universal la evaluación y diagnóstico de las personas con autismo para familias con escasos recursos o que viven en zonas apartadas.
Lamentó que, por ejemplo, los costos de este tipo de diagnósticos son muy altos para la mayoría de las personas: hasta 25 mil pesos. “Esta contradicción entre el marco legal y su aplicación práctica no es sólo un problema administrativo, sino una cuestión de justicia social que afecta directamente el desarrollo y bienestar de niños y niñas con autismo y neurodivergencias”, agregó.
La responsable de la red Iluminemos por el Autismo, Mónica Correa, propuso también considerar en las legislaciones los derechos de las familias y cuidadores de personas con estos padecimientos, además de impulsar diagnósticos claros y precisos para despejar todas las dudas de los parientes de una persona con autismo o alguna neurodivergencia.
Sobre este último punto, la ponente acusó que aún hay neuropsiquiatras que tan sólo con 20 minutos de consulta y un par de preguntas a los padres, recetan muchos medicamentos y terapias sin hacer una evaluación completa o descartar otras condiciones médicas, como las genéticas, lo que puede llevar a un diagnóstico inadecuado.
