Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF9 creó un precedente (jurisprudencia) que invalida elementos de prueba -como notas periodísticas- para abrir investigaciones por el presunto financiamiento público de la nueva modalidad de acarreo de votos a través de ‘acordeones o guía del sufragio’, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, insiste en que hay una laxitud de autoridades electorales que demeritaron denuncias acompañadas de documentos contra el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada.
El pasado miércoles, el pleno del TEPJF determinó, por tres votos contra dos, dar la razón a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) para desechar de manera discrecional una queja interpuesta por la asociación Proyecto Justicia Común A. C., en contra de Morena y de diversas personas servidoras públicas, por la presunta elaboración y distribución de “acordeones”.
“La denuncia (de Proyecto Justicia Común A. C.) sí expone condiciones de tiempo, modo y lugar, en un contexto en el que el INE ya había reconocido la existencia de la llamada ‘Operación Acordeón’, respecto de un tipo de ilícito que se sustenta en el ocultamiento de los hechos. Por ese motivo, el deber de la UTCE era, incluso de manera preliminar, optar por las líneas de investigación de los hechos que resultaran más razonables y no limitarla a la más ineficaz, considerando el derecho de los denunciados a no auntoincriminarse”, argumenta el magistrado en sus razones para desestimar la sentencia del Tribunal Electoral, a cargo de Mónica Soto.
Operación ‘espejo’, abuso de estrategia que quedó al descubierto desde mayo
Para revertir los argumentos falaces de la UTCE, incluso de TEPJ, Reyes Rodríguez también fustigó que no se indagaran otros motivos de la queja de Proyecto Justicia que denunció que dentro de ‘Operación Acordeón’ se usó la estrategia ‘beneficiario espejo’ que consistió en usar un nombre distinto de quien iba a recibir un pago mensual de 8 mil pesos para dar votos a los candidatos ya designados en diversos cargos.
“Los cheques del pago de servicios se hicieron a nombre de esa persona”
En la queja de toda la ‘logística’ de operación consistió en que cada brigadista convenciera a una persona simpatizante en su sección electoral; registrara sus datos en el sistema (nombre, dirección, teléfono y sección) y le entregara en medios digitales o impresos un acordeón con el nombre de personas juzgadoras, magistrada y ministras “a votar por parte de Morena.”
