Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció este domingo la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, una política de carácter integral que busca frenar uno de los delitos de alto impacto más persistentes y perjudiciales para la ciudadanía, especialmente para comerciantes, empresarios y trabajadores del país.
En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la SSPC de la capital del país, García Harfuch detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno de México enfrentará este delito “con toda la fuerza de las instituciones del Estado”, mediante una estrategia coordinada que involucra a instancias federales, estatales y municipales.
“Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de personas trabajadoras, que todos los días levantan negocios, cultivan la tierra o prestan servicios”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Extorsión: foco de atención prioritaria
De acuerdo con cifras presentadas por la SSPC, ocho estados concentran el 66 por ciento de las carpetas de investigación por extorsión en México.
Se trata del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Tan solo en el Estado de México se han abierto 2 mil 49 carpetas de investigación por este delito en lo que va del año, lo que lo convierte en la entidad con mayor incidencia.
Por esta razón, el secretario informó que en estos ocho estados se aplicará atención prioritaria, con equipos de trabajo especializados y enfoque multidisciplinario, lo cual permitirá atacar las redes criminales generadoras de violencia y desarticular estructuras de cobro de piso, amenazas telefónicas, secuestros virtuales y extorsión directa.
Coordinación institucional a nivel nacional
La estrategia será ejecutada a través del Gabinete de Seguridad, en el que participan de forma conjunta:
• Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
• Secretaría de Marina (Semar)
• Fiscalía General de la República (FGR)
• Guardia Nacional
• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
• Autoridades locales y estatales
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, tendrá un papel clave al encargarse del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como receptoras de pagos de extorsión.
Asimismo, se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas telefónicas y equipos celulares utilizados en llamadas extorsivas, muchas de las cuales tienen origen en centros penitenciarios.
En ese sentido, García Harfuch confirmó que se realizarán operativos sorpresa en cárceles del país, con el objetivo de decomisar equipos telefónicos que han permitido continuar con este delito desde el interior de los penales.
Ejes operativos y preventivos de la estrategia
La Estrategia Nacional Contra la Extorsión se sustentará en cinco ejes principales:
1. Investigación e inteligencia: Generar detenciones mediante investigaciones sólidas para desmantelar redes delictivas.
2. Unidades Antiextorsión locales: Fomentar la creación de áreas especializadas en las fiscalías estatales y policías municipales.
3. Atención a víctimas: Aplicación de protocolos para brindar acompañamiento y protección a personas afectadas.
4. Capacitación del 089: Entrenamiento a operadores de la línea nacional para manejo de crisis y orientación.
5. Campaña nacional de prevención: Difusión masiva de información para prevenir y denunciar la extorsión.
Fortalecimiento del 089 y denuncia anónima
Como parte fundamental de la estrategia, se establecerá el 089 como el número exclusivo de atención y denuncia de extorsión en todo el país.
Este canal permitirá a las víctimas comunicarse de forma anónima y segura, y activar la apertura de carpetas de investigación.
El secretario detalló que los operadores del 089 estarán capacitados para identificar el tipo de extorsión, ya sea directa o indirecta.
En casos de extorsión directa, se canalizará a las unidades especializadas para dar acompañamiento a la víctima.
En la extorsión indirecta, el operador brindará recomendaciones y registrará el caso para seguimiento.
Además, se dará especial atención a la protección identitaria de la víctima, para evitar represalias o exposición de datos personales.
Prevención y colaboración con la iniciativa privada
García Harfuch destacó también el componente preventivo de la estrategia, que incluye una alianza con la iniciativa privada para ampliar la difusión de medidas de protección y generar entornos más seguros.
Entre las acciones destacan:
• Capacitación a cajeros de tiendas de conveniencia y bancos para evitar depósitos a extorsionadores.
• Colaboración con recepcionistas de hoteles, a fin de identificar y prevenir casos de secuestro virtual.
• Campañas informativas en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos.
Compromiso del Gobierno Federal
El secretario reiteró que la instrucción de la presidenta Sheinbaum es clara: no permitir que la extorsión siga lesionando la vida económica y emocional de millones de familias mexicanas.
“Se trata de una acción prioritaria que pone al Estado al servicio de las víctimas, y no al revés. Es momento de recuperar espacios de seguridad, confianza y legalidad”, concluyó García Harfuch.
