Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
Con dedicatoria especial al hombre que me inculcó el amor por la radio, a seis años de su partida: Adrián Ojeda Román 1932-2019
Esta semana el Congreso de Guanajuato decidió cerrarle, de nuevo, la puerta en la cara a las mujeres. En un acto de desobediencia institucional y ceguera ideológica, 19 diputaciones rechazaron la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, perpetuando así un régimen punitivo contra quienes ejercen su derecho a decidir. Lo hicieron ignorando deliberadamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2021 declaró inconstitucional criminalizar el aborto. Lo hicieron sabiendo que, mientras ellos votaban, 17 mujeres siguen siendo perseguidas penalmente por interrumpir sus embarazos. Lo hicieron, en suma, para blindar con ley el castigo a la autonomía.
Guanajuato no solo se quedó fuera del marco legal nacional; también se colocó en rebeldía abierta frente al orden constitucional y frente a los tratados internacionales firmados por México. La decisión de su Congreso no es simplemente conservadora: es jurídicamente insostenible, institucionalmente regresiva y éticamente alarmante.
Jimena Villicaña, activista feminista y entrevistada por este reportero, lo resumió con crudeza y verdad: “la Corte nos dio la razón, pero en los hechos hay dos Méxicos”. Su diagnóstico no es metafórico. Es preciso, verificable y doloroso: hoy existe un apartheid reproductivo en este país, donde el acceso a derechos depende del código postal, del estatus socioeconómico y de la voluntad política de congresos locales dominados por ideologías que se imponen sobre la laicidad del Estado.
No se trata de una diferencia de opiniones. Se trata de vidas. El aborto inseguro fue la cuarta causa de muerte materna en México durante 2019. La OMS advierte que hasta el 13% de las muertes maternas en el mundo son provocadas por procedimientos clandestinos y peligrosos; y, sin embargo, Guanajuato —al igual que Nuevo León, Querétaro o Tamaulipas— mantiene legislaciones que castigan a quienes interrumpen sus embarazos, incluso en casos de abuso o violencia sexual. En el país, entre 2010 y 2018, más de 90 mil mujeres murieron por abortos practicados en condiciones de riesgo.
Villicaña advirtió también otro elemento fundamental: la legalización no incrementa el número de abortos; simplemente deja de criminalizarlos. Los datos del Instituto Guttmacher confirman que el 54% de los embarazos no planeados en México terminan en aborto, independientemente de su estatus legal. Las mujeres deciden, con o sin permiso del Estado. La diferencia es si lo hacen con seguridad o con miedo. Con acompañamiento médico o en silencio, con culpa y riesgo. Legalizar el aborto no promueve su práctica; promueve la justicia, la salud pública y el respeto a la dignidad.
Y sin embargo, hay diputadas como Luz Itzel Mendo —del Partido Verde— que decidieron cambiar su voto a última hora y rechazar la iniciativa, con el argumento de que “el aborto no debe convertirse en una política pública”. Con esa frase, demuestra no solo su incomprensión de los alcances del Estado laico y de los derechos humanos, sino también su complicidad con una política de exclusión sistemática. Porque no legislar el aborto es, en los hechos, legislar la desigualdad.
Además de criminalizar, el Estado falla también en acompañar. Como lo señala Villicaña, en muchas clínicas públicas se niega el misoprostol —un medicamento avalado por la OMS— incluso a niñas víctimas de violación. A eso se suma la ausencia de educación sexual integral y la nula corresponsabilidad masculina. Mientras la carga reproductiva sigue cayendo sobre las mujeres, productos como el anticonceptivo vasalgel—destinado a varones— siguen sin autorización oficial. ¿Qué mensaje manda el Estado? Que prevenir embarazos no deseados es “cosa de mujeres”, que parir es obligación y que decidir es delito.
El aborto, dicen sus detractores, es una tragedia. No lo es. Lo que sí es trágico es que mujeres jóvenes, indígenas, pobres y rurales mueran por una decisión que debería estar protegida por el Estado. Es trágico que se siga confundiendo la moral religiosa con la política pública. Es trágico que la despenalización avance en solo 20 de 32 entidades, generando un mapa fragmentado donde el acceso a derechos depende del domicilio.
Este no es un debate cerrado. Es una deuda viva. Lo que ocurrió en Guanajuato no debe aceptarse como un final, sino como una alerta. Si el Congreso local se niega a legislar con perspectiva de género, con base científica y con responsabilidad constitucional, entonces serán los tribunales, las colectivas feministas, la ciudadanía organizada y los mecanismos internacionales quienes presionen por el cumplimiento efectivo del derecho a decidir.
La historia no absolverá a quienes votan contra las mujeres. Y aunque hoy el Poder Legislativo de Guanajuato haya decidido mirar hacia atrás, millones de mexicanas siguen avanzando. Porque la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito no es solo una causa feminista. Es una exigencia democrática, una obligación del Estado y una condición para una vida libre de violencia.
Mientras los congresos niegan derechos, las mujeres siguen acompañando. Informan, cuidan, resisten. La despenalización del aborto no se detendrá. Y tarde o temprano, incluso Guanajuato tendrá que reconocer que vivir en libertad también incluye decidir sobre el propio cuerpo.
APUNTES CLAVE:
JUSTICIA: El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena que sean receptivos a las críticas de organismos internacionales como la OEA, en lugar de descalificarlos. Respaldó el informe del organismo sobre la elección judicial del domingo pasado, al considerar que dicho modelo representa un riesgo para la imparcialidad del sistema de justicia en México. Señaló que la elección de jueces por voto popular no debe replicarse en el mundo, y criticó que el gobierno federal esté afectando la autonomía de instituciones clave. También exhortó a la Cancillería a actuar con mayor prudencia en sus pronunciamientos. //LEGITIMIDAD: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó la legitimidad de la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la mayoría de los votos fueron nulos, en blanco o no emitidos. Con una participación ciudadana menor al 13%, consideró que el proceso representa el mayor fracaso político de Morena. Denunció irregularidades, desinformación y falta de condiciones técnicas adecuadas, lo que, según dijo, afectará directamente la calidad de la impartición de justicia en el país. //MEJORAMIENTO: El Congreso de Puebla aprobó reformas a la Ley de Arbolado y Áreas Verdes que permitirán aplicar tratamientos como el encalado de árboles urbanos, con base en criterios técnico-científicos. La medida busca proteger el arbolado de plagas y enfermedades, asignando a los Ayuntamientos la responsabilidad de aplicar estos métodos de forma regulada. El gobierno estatal, respaldado por estudios del IPN y la BUAP, reafirmó su compromiso con la preservación de áreas verdes y el uso de herramientas como la Paleta Vegetal para una gestión ambiental adecuada.
