Por Alejandro Villegas…
La pretensión de que Estados Unidos informe a las autoridades mexicanas sobre el retiro de la visa a la ciudadana gobernadora de Baja California y el ingreso a su territorio de familiares de El Chapo Guzmán, es pueril, lo que no lo es la acción de elementos estadounidenses en Sinaloa.
En concreto, lo que si debiera informarse con claridad es si fuerzas estadounidenses operaron en territorio nacional, en Sinaloa en coordinación con corporaciones nacionales para desmantelar laboratorios de droga.
En los hechos, trascendió mediante una cuenta de X del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que tres laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas fueron desmantelados en Sinaloa como parte de un operativo binacional encabezado por la unidad certificada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
En esencia, ello implicaría una eventual falta de respeto a la soberanía, cuya defensa tanto se ha cacareado.
La realidad indica que la ciudadana presidenta podrá expresar que existe la obligación de la administración Trump de informar, pero si no lo hicieron en el caso de la entrega del hijo del Chapo y el Mayo Zambada, no lo harán ahora.
Una cosa es que la autoridad mexicana haya extraditado al ciudadano Ovidio Guzmán y otra muy distinta que se trate de condicionar las negociaciones que la justicia estadounidense pueda alcanzar con él o cualquier otro eventual delincuente.
Por donde se vea es más que claro que la información a la que se hace referencia no se ha solicitado por los canales oficiales o al menos no hay evidencia de ello.
De la misma forma, no hay antecedente que haya prevenido o dado cuenta de una operación como la que trascendió se realizó en la zona fronteriza.
Ahora solo falta que como sucedió con los vuelos utilizados para extraditar a connacionales de Estados Unidos, ahora se salga a explicar que no es la primera ocasión.
Esa información, debe estar al alcance de palacio nacional y no se debe solicitar, solo hacerse pública.
Sinaloa
A ocho meses del conflicto armado en Sinaloa, queda claro que las acciones realizadas por el gabinete de seguridad no son suficientes, incluso por que no hay un diagnóstico claro y preciso sobre las dimensiones de los grupos criminales que operan en esa entidad.
